Mancha en el plan

El borrador de decreto de medidas urgentes para modernizar las administraciones y absorber con eficacia las ayudas del plan de recuperación europeo exhibe cualidades: busca una loable combinación del papel del sector público y el privado con interesantes fórmulas para sustanciarlo (los PERTE); abre el paso a agencias independientes de gestión; y lanza reformas legislativas para agilizar los trámites y procurar así que España logre ejecutar en un calendario útil las subvenciones y créditos de la UE contra la crisis pandémica. Algo esencial, dado su habitual retraso en aprovechar los fondos estructurales europeos —solo solventado con las prórrogas oficiales— y la extraordinaria cuantía y urgencia en el uso de las ayudas que se recibirán.

Estos elementos apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, una densa mancha política ensombrece el alumbramiento de la gobernanza española de los fondos europeos: el pulso de poder en el seno de la coalición gubernamental. El borrador de decreto, ya en su estadio final, preveía la constitución de una comisión gubernamental para la “aprobación, dirección y coordinación” del Plan de Recuperación nacional, compuesta por el presidente y 11 ministros responsables de áreas concretas involucradas. En ese marco, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, era la única representante de la coalición de Gobierno adscrita al sector de Unidas Podemos. A tenor del borrador, esa se había considerado en los trabajos previos la configuración más eficaz. Pero el descontento del líder de UP, Pablo Iglesias, al verse excluido y el vendaval mediático suscitado forzaron un cambio de parecer abrupto a comienzos de esta semana que otorgó la gobernanza al Consejo de Ministros en su conjunto.

El episodio es inquietante, porque los fondos europeos constituyen la máxima oportunidad de modernización de España en décadas. A diferencia de los presupuestos ordinarios —en gran medida atados a gastos fijos no innovadores como pensiones o salarios de funcionarios—, los ingentes fondos europeos estarán enteramente disponibles para una reorientación de la economía española posiblemente sin parangón desde la feliz entrada en el proyecto europeo común. Esta oportunidad debe ser aprovechada con máxima eficacia en el interés colectivo, con una mínima interferencia de cálculos de poder. Pueden entenderse los argumentos a favor de directorios reducidos para asegurar agilidad; en otra dirección, puede argumentarse que, ante semejante proyecto transformador, es mejor que esté representado en el puente de mando el liderazgo político de un partido que representa una parte relevante de la coalición gubernamental. Pero lo que no pueden entenderse son las piruetas políticas abruptas que huelen a improvisación.

En mayor o menor medida, todos los Gobiernos vecinos están enhebrando esquemas similares en los que ellos —responsables jurídicos de cada Estado ante la UE— ostentan un papel determinante o dirimente, pero comparten muchas funciones con sus regiones, los agentes sociales empresariales y sindicales y todos los actores privados. Este engarce es fundamental; también lo será que la agilización burocrática no derive en debilidad de evaluación previa y control posterior. España se juega su futuro en este proyecto. Puede lograr una extraordinaria modernización como lo hizo tras su ingreso en el proyecto común. No se admiten improvisaciones.