105 felones y la vergüenza de un país

En Perú se ha abierto recientemente la caja de los truenos con la irresponsable utilización de una figura contemplada en el artículo 113 de la Constitución, que es la “vacancia” del presidente por incapacidad moral permanente, sin que exista un consenso claro del alcance y límites de tal figura jurídica, concebida en el siglo XIX. Ni siquiera hay jurisprudencia constitucional, lo que convierte dicho mecanismo en una suerte de cóctel molotov contra la estabilidad de un Gobierno. Este es también un aviso a navegantes, pues la disposición está en otras Constituciones del continente y lo que en principio parece razonable —apartar de sus funciones al presidente de flagrante incapacidad para ejercer como tal— en manos irresponsables se convierte en una abyecta y retorcida manera que sirve a propósitos nada lícitos.

Esto es precisamente lo ocurrido el lunes 9 con el presidente Martín Vizcarra, que accedió al cargo cuando Pedro Pablo Kuczynski fue obligado a renunciar por varios delitos que lo mantienen en régimen de arresto domiciliario. La vacancia tuvo como motivo —más bien como excusa— presuntos sobornos recibidos por Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, región al sur de Perú. Concretamente, el haber recibido casi medio millón de euros a cambio de contratos de obras públicas. Si esto se prueba, no hay duda de que el presidente debe pagar por ello.

El problema, lo que hace “legal” pero no legítima su vacancia, es que ni siquiera ha sido procesado. Esto es, a Vizcarra se le aplica la vacancia por incapacidad moral permanente aunque el Congreso no ha esperado a que actúe la justicia, sino que se ampara solo en indicios. Observe el lector un detalle: entre estos congresistas hay casi 70 que están siendo ahora mismo investigados por el ministerio público a causa de diversos delitos. Setenta.

En realidad, la vacancia solo es la desesperada puesta en marcha de aquel mecanismo decimonónico para destituir a un presidente que, sin partido propio, hizo de la lucha contra la corrupción la bandera de su programa de regeneración política. Por ello cerró el Congreso y convocó en 2018 un referéndum con el fin de limitar el poder de los representantes y evitar su reelección. Los hechos demuestran que la regeneración ha resultado un espejismo.

Y es que el escenario político de los últimos años no solo es de extrema volatilidad, sino que pone de manifiesto la progresiva pauperización ética de unos representantes que han perdido, de cara a la ciudadanía, toda legitimidad. Así, el presidente del Congreso por el partido conservador Acción Popular, Manuel Merino, un oscuro político que ganó su escaño por 5.000 votos, se convirtió el lunes 9 en el flamante presidente de Perú. 105 votos consumaron con irresponsabilidad e ignominia, con calculado sentido del oportunismo, este nuevo acto que ensombrece aún más el ya de por sí incierto panorama político nacional.

Que la clase política peruana vive cada vez más distanciada de la realidad y que los partidos que dicen representar a sus electores operan como lobbies o abiertamente como organizaciones delictivas con representación parlamentaria (como es el caso del fujimorismo) es un hecho en el que probablemente haya un notable y airado consenso nacional. Un país harto de su clase política y sus constantes atropellos a la democracia es un polvorín, asunto que los felones que han votado a favor de la espuria vacancia no han sabido calcular, probablemente adormecidos por su propia indolencia y venalidad. No previeron que su impunidad se había agotado, en estos tiempos en que las redes sociales sirven como canales de transmisión también del descontento popular, como ha ocurrido en otros tantos países y en diversas circunstancias.

De ahí que la gente haya salido a las calles para protestar, no por defender a Martín Vizcarra, puesto que el común acuerdo es que sea juzgado por sus posibles ilicitudes, pero una vez acabado su mandato en julio de 2020. La ciudadanía ha salido para defender la democracia que considera está siendo usurpada por sus representantes, ejerciendo, sabiéndolo o no, el derecho de insurgencia, también contemplado en la Constitución.

Los peruanos parecen haber entendido que sus congresistas, sobre todo esos 105 que votaron por la vacancia de Martín Vizcarra, representan nuestra mayor vulnerabilidad y que, en lugar de ser quienes defiendan los valores democráticos y nuestro orden constitucional, se han aprovechado de ello para medrar cada vez más abiertamente. Sin un liderazgo claro contra esa clase corrupta que hoy los gobierna, no parece que el panorama sea muy alentador de cara a los fastos del bicentenario de la independencia, el próximo año. Pero quizá, si hemos de arrojar unas migajas de optimismo a tal futuro, con sus masivas protestas callejeras y en las redes hayan encontrado un motivo razonable y decente para sentirse orgullosos de tal celebración: que la democracia es algo que nos ganamos día a día. Y quien amenaza contra ella se encontrará una sociedad civil dispuesta a defenderla. De momento, las protestas han conseguido la renuncia de Merino. El cuarto presidente de Perú en cuatro años y solo con cinco días en el cargo.

Jorge Eduardo Benavides es escritor.