Chile: un golpe, dos plesbicitos

Imponer a todo un pueblo un modelo de sociedad extremo requiere de la fuerza incontrarrestable que solo una dictadura puede otorgar. Por otra parte, para que las propuestas extremas parezcan cándidas, se necesita un entorno que contextualice esas exageraciones, que en otro momento podrían parecer cuasi delirantes, entroncándolas en la historia misma de la humanidad.

En el Chile de los años setenta coinciden tres componentes: propuesta ideológica, dictadura militar y contexto mundial. Un grupo de profesores de una universidad chilena trae al país un ideario que cobraba sentido dentro de lo que se vislumbraba como un nuevo orden mundial. En una notable relativización de roles, los profesores dan órdenes a los generales que acababan de dar un golpe de Estado y estos las cumplen. Curiosamente, este caso de inusual supremacía de la pluma sobre la espada ha recibido poca atención en la propia academia. Una preclara excepción la constituye el libro de Juan Gabriel Valdés, “Los economistas de Pinochet: La Escuela de Chicago en Chile”, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en Santiago este año.

Para que a partir de unas pocas supuestas verdades se deduzca todo un sistema de preceptos que diseñen y estructuren una sociedad entera, se requiere un grupos de ideólogos convencidos y excluyentes. Los axiomas pueden ser absurdamente simples, como la primacía de lo individual sobre lo colectivo, o la mayor eficacia económica de lo privado respecto de lo público. Para validar estos principios orientadores se puede invocar, idealmente declarándolo en una Constitución, que ellos son inherentes a la naturaleza humana.

Tanto mejor si, para presentar como consustancial a la vida conceptos como que el motor del progreso es la competencia en el mercado, se intenta abducir a un hombre bueno e inteligente, como lo fue Darwin. Estos ideólogos esencialistas aspiraban a conseguir cambios profundos en la psicología de las personas, que el egoísmo pasase a ser una virtud o que el lucro se transformase en un inobjetable fin en sí mismo.

Valga este preludio para hablar del reciente plebiscito del 25 de octubre. A diferencia de aquel otro de 1988, este no preguntaba acerca de si debía continuar gobernando el principal responsable del golpe de Estado que instauró este nuevo modelo de sociedad. Más bien, preguntaba si se quería seguir viviendo bajo la Constitución que cristalizaba ese modelo.

Sin duda, la decisión en 1988 respecto a Pinochet fue muy importante para la vida del país. Sin embargo, parecería que no fue el punto final de una etapa de nuestra historia, sino más bien un punto de inflexión dentro de ella. El proceso de salida de una dictadura no ha de tener un final nítido. Como en una cocina tras una fritanga, debido al curso temporal de la difusión de los odoríferos y recambio de aire, resulta arbitrario señalar un límite preciso donde el olor se normaliza. Peor aún, siempre quedará algo adherido a las paredes.

Si tras el golpe de Estado se produjo esa complementariedad entre economistas y militares, cuando el plebiscito de 1988 restablece la política formal, aparece una nueva complementariedad, esta vez entre los protagonistas de la política y los del ámbito económico. En este contexto se van dejando de lado las nostalgias por el Chile que alguna vez conocimos, y se acepta que al mundo habían llegado nuevas verdades para largas estadías.

Una insuperable ilustración de esta atmósfera post dictadura es la expansión de la matrícula universitaria basada en una permisividad extrema para instalar nuevas universidades privadas. Este fenómeno, vivido en toda América Latina, lo que más bien instaló fue una ampliación del concepto de universidad. Si las universidades tradicionales, públicas y privadas, se definían como un ambiente de preservación, transmisión y génesis del conocimiento, estas otras se centraban en la entrega de títulos. El Estado instaló una gran plataforma crediticia para que los estudiantes pudieran endeudarse y atender estas nuevas universidades. Hace veinte años la matrícula en las universidades públicas superaba tanto a la de las privadas tradicionales como a la de las privadas nuevas. Desde entonces la de las privadas nuevas se quintuplicó. Una transnacional de la Educación Superior por sí sola superó la matrícula total de las universidades públicas.

La institucionalidad política pudo jactarse de la gran ampliación de la cobertura, satisfacción compartida por las empresas detrás de los nuevos proyectos educacionales. Pero pronto comenzarían las protestas de jóvenes a quienes se había inducido a endeudarse para asistir a universidades que, según el dato testimonial de postulación en el sistema único de admisión, y con el perdón de Friedman, no eran las que habían elegido, y acerca de las cuales nadie se había realmente preocupado de publicar sus estadísticas de titulación o empleabilidad. Así, la política pudo lucir un aumento de cobertura sin precedentes, el negocio pudo beneficiarse por la facilidad de crédito estudiantil y, en este despampanante mercado recién descubierto, nadie quiso pensar en proteger al consumidor.

El segundo Gobierno de Michelle Bachelet propuso instaurar educación gratuita en las universidades públicas y privadas tradicionales, para las familias de ingreso inferior al percentil 60. El caso fue impugnado ante al Tribunal Constitucional quien decidió que “resulta inconstitucional que a los estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la Gratuidad, condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades”.

Hoy día, en el proyecto de presupuesto para 2021 en Educación Superior, desagradeciendo el desempeño ejemplar de las universidades tradicionales en la pandemia de la covid-19, se propone transferir una enorme cantidad de recursos desde los fondos basales de las universidades públicas y privadas tradicionales a las privadas nuevas las que, amparadas por el dictamen recién mencionado y motivadas por la crisis económica, han decidido ingresar a la hasta ayer denostada política de gratuidad. La actual Constitución recuerda la escena del matón en el patio del liceo que le toma la mano a un compañero más pequeño y lo obliga a abofetearse su propio rostro con su propia mano, al tiempo que le dice “No te pegues… ¿para qué te pegas?”

El reciente plebiscito que decide cambiar la Constitución denota una voluntad de transformar este modelo de sociedad no solo porque no nos gusta, sino porque no funciona. La nueva constitución será redactada por ciudadanos electos, resguardando paridad de género y presencia de pueblos originarios. Un punto fundamental es recuperar el ámbito de lo público. Muy especialmente, revalorar la educación pública, la instancia por excelencia que fomenta la cohesión social y permite interiorizar un sentido de bien común.

El actual modelo incentiva la segregación social desde la escuela, y su mensaje explícito instiga a que los hijos de quienes pueden pagar un poco más no se junten con quienes no pueden hacerlo. Si hubieran dependido de los ingresos de sus familias para educarse, Lucila Godoy y Neftalí Reyes quizás no hubieran llegado a ser Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y, complementariamente, Chile no tendría ningún Premio Nobel. Precisamente, lo que esperamos de la nueva Constitución es que vuelva a armonizar los derechos reales, efectivos, de cada ciudadano con el bien común de la sociedad entera.

Ennio A. Vivaldi es rector de la Universidad de Chile.