Cadáver de niña busca
Es difícil pensar en una desproporcionalidad más grande que la de unas menores a cargo del Estado explotadas sexualmente en las calles y una respuesta política tan tibia
En 2014, pasé dos días en Palma de Mallorca con un hombre destruido, Paco Ayala. Tres años antes, Paco salió de su casa para ir a buscar a su hija, de 16 años, y se la encontró tirada en el rellano, muerta por sobredosis. En apenas siete meses, Nora, una niña de clase media que vivía en una urbanización con parque y piscina, se había convertido en una prostituta adicta a la cocaína y la heroína. Un proceso de degradación a plena luz del día, en una pequeña plaza de Palma, del que participaron los dos acusados con las condenas más altas, Edizon Cornelio Flores (17 años de prisión) y Eva María Vera García (15), y clientes habituales de Nora y una amiga suya, esta explotada por un mallorquín: malíes, españoles, dominicanos. 20, 30, 50 o 100 euros, dependiendo de la necesidad de la dosis a la que le había enganchado la trama. La historia se publicó en el diario El Mundo mientras los padres de Nora esperaban que la sentencia recogiese que su hija fue asesinada por una dosis mortal de cocaína y heroína, niveles extraordinarios según el forense; no lo hizo. Lo que sí hizo Paco fue aparecer en bares frecuentados por abusadores de su hija para gritarles a la clientela quiénes eran y qué hicieron, y finalmente, poco después de nuestra entrevista, reformar el dormitorio de la niña para tenerlo como había pedido: tirar tabiques para hacerlo más grande, pintar de verdes las paredes y apagar y encender las luces con un aplauso.
Releo aquel artículo, y telefoneo a Paco Ayala (“es lamentable que no se vaya hasta el final, parece que no pasa nada ni haya responsabilidades políticas, un despropósito”) después de informarme de la decisión de la Fiscalía de Baleares de archivar la investigación sobre la red de explotación sexual de niñas tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (casos revelados por el Diario de Mallorca). “No se ha podido demostrar la existencia de la trama”, dice la Fiscalía. “Hay casos aislados de prostitución de menores tutelados, pero, en cuanto se tiene conocimiento de ello, se procede inmediatamente a investigarlos”. La conclusión es que son delitos “muy difíciles de investigar”, por supuesto; si no estuviesen tutelados o tuviesen padres solo habría que seguir el sonido de sus gritos en los bares dirigidos a avergonzar a la clientela. Pero con eso no contamos para las pesquisas. Tampoco con una obstinación (y ruido, y manos a la cabeza) política a la altura de la gravedad del delito. Sí, sin embargo, con la resignación que se detecta en esta frase: “Muchas veces tenemos el problema de que se sabe quién es el autor, pero lo niega, y la víctima también. Y entonces no hay prueba y, si no hay otras pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia, la investigación está condenada al archivo”. Ahora, por segunda vez, el tripartito que gobierna Mallorca (PSOE, Unidas Podemos y MÈS) ha votado en contra de la propuesta de la oposición para crear una comisión de investigación.
Es difícil pensar en una desproporcionalidad más grande que la de unas niñas a cargo del Estado, por no tener a nadie más, explotadas sexualmente en las calles (¿solas?, ¿con un chulo o dos?, ¿como parte de una organización?) y una respuesta política tan tibia. Niñas que ya no son de sus padres, sino tuyas, cuya voluntad, de existir, ha sido corrompida, y a las que se les dedicará todo el esfuerzo, este sí, cuando al menos una de ellas corra la suerte de Nora Ayala: morirse. Se necesitó entonces un cadáver para que los acusados fuesen condenados por explotación de menores, no de homicidio.
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