Columna
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Esclavos de la ley

En España no hemos cambiado todavía de mentalidad. El interés primordial del empleado público no es hacer algo bueno, sino evitar hacer algo malo

Una funcionaria atiende a dos personas en una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid.
Una funcionaria atiende a dos personas en una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid.EP

Un Estado moderno está fundado en dos principios: el derecho y la gestión. Por un lado, debe cumplir la ley con imparcialidad y equidad. Por el otro, tiene que prestar los servicios públicos con eficacia y eficiencia. Garantizar la legalidad y perseguir el mayor beneficio social de cada acción pública son objetivos complementarios de todas las Administraciones democráticas del mundo. Pero, en la práctica, surgen conflictos: el proceloso seguimiento de la ley es incongruente con una respuesta administrativa veloz. El directivo público puede pasar las horas rellenando papeles o solucionando problemas de los ciudadanos.

Tradicionalmente, la mayoría de democracias del mundo, influidas por el Rechtsstaat alemán o el Código Civil napoleónico, priorizaban el principio del derecho. Pero, de Corea a Francia, muchas Administraciones sobrecargadas de reglas burocráticas llevan años soltando lastre. Se han dado cuenta de que, para hacer frente a las crecientes vulnerabilidades sociales, reconversiones industriales, pandemias o ciberataques, las Administraciones necesitan reaccionar de forma flexible y eso requiere transformar la filosofía de trabajo en el sector público.

En España no hemos cambiado todavía de mentalidad. El interés primordial del empleado público no es hacer algo bueno, sino evitar hacer algo malo. Si un funcionario inventara un algoritmo para tramitar en tiempo récord el ingreso mínimo vital o conocer las necesidades de un colectivo durante la covid, tendría más probabilidades de ser amonestado por saltarse los procedimientos establecidos que de ser ascendido por su creatividad.

Con lo que nadie se atreve a cambiar las cosas. Ya puede llegar el mayor tsunami de la historia que si la norma dice que no se puede adquirir un software extranjero, pobre del que se atreva a utilizarlo, aunque supusiera un ahorro tremendo de recursos. Como dijo el profesor Alejandro Nieto, la perversa asimetría de nuestro Estado es que la ineficacia más ostensible no produce responsabilidad personal del funcionario, pero ignorar la norma más trivial, sí.

Esto limita la capacidad para innovar en España a quienes cambian las leyes: los políticos. Los cientos de miles de personas trabajando con ellos en nuestras Administraciones son tan o más innovadoras que sus colegas holandeses, pero tienen miedo. Liberémoslos de su esclavitud. @VictorLapuente

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