Ceremonia de la confusión

No comparto ni la forma ni el fondo de la iniciativa para modificar la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Me disgusta que los miembros del gobierno de los jueces con el mandato caducado sigan en sus puestos como si tal cosa. Y me avergüenza el cinismo con el que el PP, tras negarse a cumplir con el mandato que exige renovar la composición de los órganos constitucionales, se atreva a trasladar a las instancias europeas, de forma tramposa, dudas acerca de la calidad de nuestra democracia.

Esta iniciativa desleal incorpora unas dosis interesadas de inquietud que germinan entre la ciudadanía con facilidad en un entorno de complejidad como el que representa Europa. También para los iniciados en la materia es fácil acabar atrapados en declaraciones, informes y procedimientos de una multiplicidad de órganos cuya cita atropellada al calor de la polémica facilita una ceremonia perfecta de la confusión entre lo relevante y la mera anécdota. Prescindo ahora por ello de las referencias de mejora que se reclama a los sistemas judiciales nacionales desde múltiples instancias europeas, para detenerme en la irresponsabilidad de una acción encaminada a conectar a España, sin motivo real, con un escenario de preocupación como el que existe en la Unión Europea por la deriva iliberal de los gobiernos de algunos Estados.

El fundamento democrático de la Unión es, efectivamente, un imperativo que las instituciones europeas se han conjurado en garantizar y es en este contexto donde se encuadra el procedimiento que constató la existencia de riesgo de vulneración grave y persistente de deterioro de la democracia en Polonia y Hungría. Un procedimiento condicionado por la unanimidad que hizo imposible articular sanciones a los afectados. Esta circunstancia no impidió, sin embargo, que la Comisión Europea recurriera al Tribunal de Justicia tanto la ley polaca que jubilaba anticipadamente a los jueces del Tribunal Supremo, como la encargada de crear un órgano disciplinario de los jueces cuya composición y funciones podría conculcar el Derecho europeo. En el primer asunto, el Tribunal condenó a Polonia por vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales. El Tribunal tiene pendiente todavía la resolución del segundo recurso, si bien el pasado mes de abril ya adoptó medidas cautelares para dejar en suspenso la actuación del órgano disciplinario en tanto llegue el pronunciamiento definitivo. Pues bien, no hace falta tener demasiados conocimientos jurídicos para advertir la diferencia entre la gravedad de lo que ocurre en Polonia y el enredo que existe en España sobre la renovación del CGPJ.

Volviendo a España, es oportuno recordar que los manuales de negociación enseñan que los acuerdos políticos llegan cuando los problemas están maduros y ambas partes pueden presentar una victoria sobre el otro, además de una ventaja razonable con el acuerdo final. Todo invita a pensar que, tras el cúmulo de errores en torno al (y por el) CGPJ, ese momento ya ha llegado y, en consecuencia, la renovación de conformidad con las reglas vigentes debería ser la mejor opción para todos. También para la democracia.