La UE en Caracas

Venezuela se hunde a pasos agigantados en una dramática crisis económica, política y de derechos humanos. Millones de personas han tenido que huir del país en los últimos años por la inepta, corrupta y opresora gestión del régimen chavista, recientemente acusado por una misión de investigación de la ONU de gravísimas violaciones de derechos humanos. Ante semejante escenario, la comunidad internacional no puede permanecer indiferente y debe tratar de facilitar una salida abriendo el camino a soluciones políticas con los medios disponibles: por un lado, una acción diplomática que ayude a los demócratas venezolanos a avanzar en el reestablecimiento de condiciones, precisamente, democráticas; por otro, la perspectiva de sanciones que golpeen al régimen sin afectar a la ciudadanía. No hay que ser ingenuos: dado el historial del régimen chavista, es sumamente difícil lograr avances significativos. Pero no hay duda de que nada ocurrirá sin una involucración eficaz de actores exteriores. Por eso, la iniciativa de la UE, liderada por el vicepresidente de la Comisión y alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, para facilitar una salida pacifica y democrática en el país está más que justificada.

La liberación de un centenar de presos políticos y la invitación a la observación internacional de Naciones Unidas y la UE en las próximas elecciones legislativas por parte del régimen de Nicolás Maduro, aunque insuficientes, eran medidas que representaban una base para intentar negociar. Desgraciadamente, como cabía temer, Maduro no ha liberado a más presos políticos y, a pesar de las recomendaciones realizadas por la ONU y las peticiones de la UE, se ha empeñado en mantener la fecha del 6 de diciembre cuando no se dan las garantías para permitir unos comicios transparentes y con la exigible igualdad de condiciones entre los candidatos. Además, la Asamblea Nacional Constituyente —un Parlamento paralelo exclusivamente conformado por el chavismo— aprobó el jueves una ley que otorga a Maduro poderes ilimitados para firmar contratos con empresas petroleras nacionales y extranjeras. Es decir, pone sin posibilidad de control alguno en manos del mandatario un sector esencial para la maltrecha economía venezolana.

En esta tesitura caben básicamente dos opciones. La primera es dar por estéril cualquier intento dialogado de reconducir la situación, resignándose así a que Maduro celebre unas elecciones sin las debidas condiciones democráticas. Esta votación, sí, quedará completamente deslegitimada, pero añadirá tensión social y mayor caos institucional en un país que necesita urgentemente entrar en una senda de entendimiento. La segunda es agotar las vías posibles que, sin comprometer los principios de respeto a los derechos y libertades de los venezolanos, persuadan al régimen de la necesidad de aplazar los comicios y tratar de conseguir condiciones adecuadas para los mismos. Y esa es la senda elegida por Josep Borrell.

La estrategia está justificada. La UE puede y debe tener un papel protagonista buscando, a través de la diplomacia, fórmulas para acabar de una vez con el drama de Venezuela. El enrocamiento de Maduro no va a terminar si no es mediante una acción de la comunidad internacional que procure medidas efectivas y creíbles para reconducir la situación. Y Europa debe asumir este reto, máxime en estos momentos en que EE UU no juega este papel.