Única alternativa

La declaración del estado de alarma en una sola comunidad autónoma es un hecho sin precedentes en la democracia española, que apenas ha conocido el que decretó el Gobierno en 2010 con motivo de la crisis de los controladores y el que estuvo en vigor desde marzo hasta junio en toda España para luchar contra la pandemia. La excepcionalidad de recurrir a este procedimiento muestra la gravedad del momento y constituye un fracaso de la política española, que podría haber buscado consensos para afrontar esta situación. En la segunda ola del coronavirus que azota Madrid en estas semanas hay múltiples responsabilidades. El Ejecutivo central no está exento de ellas, desde la ineficaz previsión de ciertos escenarios o el tardío esbozo de criterios comunes nacionales hasta el retraso en emprender acciones decididas sobre la base de cálculos poco comprensibles. Pero la responsabilidad primaria del fracaso que representa hoy la activación del estado de alarma recae sin duda sobre los hombros de la Comunidad de Madrid, por sus negligencias administrativas y por su injustificado e inaceptable pulso partidista contra el Gobierno de la nación poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos madrileños y de las demás comunidades de España.

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, apuesta personal de Pablo Casado, no solo ha fallado estrepitosamente en la gestión de la desescalada al no dedicar los recursos necesarios para el rastreo y la atención primaria, sino que ha permitido un ascenso sostenido de casos hasta situarse en el vergonzoso podio de ser líder de contagios en Europa. Sus propuestas de este viernes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara el confinamiento perimetral aprobado por orden ministerial tras el Consejo Interterritorial de Salud son la última broma de una aproximación absolutamente insuficiente a la pandemia: una restricción de movimientos en áreas de salud con más de 750 casos por 100.000 habitantes, entre otras cuestiones, mientras los parámetros internacionales son mucho menores (50 en Alemania en siete días, por ejemplo). El Gobierno había fijado en 500 ese umbral, entre otros criterios. Las medidas aprobadas por orden ministerial están lejos de ser perfectas. Hay aspectos mejorables y contradicciones. Pero son el resultado de una negociación y son claramente mejores que las planteadas por Madrid.

El revés judicial sufrido el jueves exigía una reacción política urgente. El Tribunal Superior dejó en el aire el confinamiento de la capital y otros nueve grandes municipios madrileños al considerar que restringía derechos y libertades apoyando esas medidas en una ley de 2003 que, según los jueces, no las avala. El mismo tribunal había autorizado las medidas de la Comunidad de Madrid en 45 áreas de salud al estar basadas en otra ley. Este mismo viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León ha respaldado las mismas medidas de confinamiento que el de Madrid derribó y que el Gobierno de esa región había fundamentado en su propia legislación. Prueba de que el debate jurídico está abierto y admite matices que un eventual recurso al Supremo podría desencallar.

Pero la urgencia sanitaria no puede aguardar el ritmo de los recursos. La coincidencia de un puente vacacional, con la posibilidad de salida de Madrid de un gran número de ciudadanos y el consiguiente riesgo de propagación del virus desde un área muy afectada hacia el resto de España, redoblaba la exigencia de rapidez. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, apeló el jueves a una reunión que no se produjo. El presidente Sánchez propuso a la Comunidad reactivar las medidas anuladas por la justicia apoyándolas en la ley orgánica que sí las amparaba según los jueces o solicitar la activación del estado de alarma. La presidenta Ayuso y el alcalde Martínez-Almeida solicitaron más tiempo y diálogo. Difícil aclarar el nivel de sinceridad de la disposición negociadora de cada parte. Pero obstruccionismo y medidas insuficientes han sido especialmente evidentes en el lado madrileño de la mesa de debate.

El marco legal otorga al Gobierno la potestad de declarar esa alarma por un periodo de 15 días, después de las cuales deberá solicitar al Congreso una mayoría para prorrogarlo. La solución adoptada no es ideal —el consenso lo habría sido— y augura además nuevas dificultades ante un Partido Popular que bajo el liderazgo de Casado está actuando de forma demagógica, irresponsable y partidista, y ante un partido de ultraderecha, Vox, que ya está convocando movilizaciones contra el estado de alarma.

Pero la salud es la prioridad y el deber de todos los Gobiernos, protegerla. El Ejecutivo ha tomado una medida drástica en la forma, aunque en la sustancia es un marco legal que ampara las mismas medidas que estaban en vigor hasta el jueves y que pueden aplicarse sin estado de alarma en otros territorios. En ausencia de consenso, prima la defensa de los ciudadanos.