Europa y el islam

La ofensiva legal contra el extremismo islamista lanzada en Francia por el presidente Emmanuel Macron es una iniciativa importante, con objetivos loables, pero no exenta de riesgos. Se trata, por un lado, de reclamar e imponer el funcionamiento del Estado de derecho en todo el territorio nacional y ofrecer a todos los ciudadanos el amparo de sus valores y medios, pero, a la vez, debe evitarse que su formulación cause estigmatización o abone el terreno para actitudes islamófobas. Aunque con matices diferentes, la cuestión de la integración de las comunidades musulmanas concierne a muchas sociedades europeas, y por tanto la iniciativa francesa tiene un interés que supera sus fronteras.

La nueva disposición, que se presentará en diciembre, permitirá estrechar la vigilancia sobre quienes trabajan en el adoctrinamiento de jóvenes y en la financiación de grupos e individuos extremistas. Para ello, entre otras cosas, el Gobierno reforzará la vigilancia económica e ideológica sobre las asociaciones que bajo la apariencia de otras actividades —deportivas, culturales, etcétera— se dedican en realidad al adoctrinamiento radical.

Pero la gran novedad de la propuesta de Macron es conceptual. El presidente ha utilizado el término “separatismo islamista” para referirse a aquellas comunidades que viven al margen de las leyes comunes que obligan y protegen a los ciudadanos de la República y a los extranjeros que residen en ella. El mandatario se propone reintegrar a estos grupos no solo por una cuestión de igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos o de tutela de los menores, sino además para evitar que estos focos alimenten el principal azote que ha sufrido la sociedad francesa en los últimos años: el terrorismo yihadista.

Es comprensible, por tanto, que el Estado se empeñe en que los niños deben ser escolarizados y no recluidos en casa para recibir una enseñanza que los aliena de su entorno. O que se disponga a perseguir prácticas vejatorias como los llamados “certificados de virginidad” o de discriminación sexual. En suma, que la ley sea verdaderamente igual para todos.

Pero esta iniciativa no está exenta de riesgos. Fundamentalmente, de dos. Por una parte, ciudadanos y entidades perfectamente cumplidores se pueden sentir paradójicamente señalados y discriminados por medidas que pretenden imponer la igualdad. Propuestas como la de obligar a firmar a asociaciones una “carta de laicidad” cuyo incumplimiento lleve a la pérdida de subvenciones pueden parecer muy pertinentes, pero el legislador debe recordar siempre que la ley es igual para todos y que las disposiciones ad hoc corren un grave riesgo de incurrir en usos discriminatorios, lo cual produciría mayor rechazo y autoexclusión. El otro importante peligro es que esta ofensiva legal sea utilizada por partidos y movimientos de extrema derecha que promueven la islamofobia, para la que en Europa existe una mayor tolerancia social que la que se tiene respecto al odio a otras minorías.

El Gobierno francés debe realizar por tanto un enorme esfuerzo no solo para impedir que se viole la ley e integrar en la República a los que ahora viven al margen de ella, sino también para que aquellos que ya están dentro no sufran estigmatización. Es un buen punto de partida que Macron, junto con el ataque al “separatismo islamista”, admitiera los fallos del Estado en la integración de la comunidad musulmana.