Tribuna
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Juan Carlos I como chivo exculpatorio

Atendiendo a la gravedad de los hechos que se le están atribuyendo al rey emérito, además de cumplir con sus obligaciones fiscales si las tuviera, deberá asumir otro tipo de sanciones de carácter simbólico

RAQUEL MARÍN

De entre las muchas formas que existen para abordar el análisis y valoración de los aspectos de la conducta del rey emérito que han sido sometidos a escrutinio crítico a lo largo de los últimos meses, probablemente quepa resaltar dos. Una sería a través del concepto de responsabilidad. Cuando se asume este enfoque por supuesto que en primer plano hay que poner la que corresponde al protagonista de unos comportamientos inequívocamente reprobables desde diversos puntos de vista. Pero sin duda también parece obligado señalar a sectores y personas que, por acción o por omisión, han contribuido, y de manera significativa, al desenlace conocido.

Otra forma es haciendo referencia a la ejemplaridad debida a quien desempeña las más altas funciones, en este caso la jefatura del Estado, al cual parece obligado exigirle unas pautas de conducta determinadas. A diferencia de la responsabilidad, que tiene una dimensión inequívocamente material (el compromiso de responder por el daño que se hizo, haciéndose cargo en lo posible de su reparación), en la ejemplaridad no se da ese requisito, pudiendo considerarse como suficiente reparación que aquel que dio mal ejemplo asuma su error y se comprometa a no seguir dándolo, como ocurrió con el anterior Rey cuando, a la salida de la habitación de la clínica donde había sido operado tras el incidente de Botsuana, se declaró apesadumbrado por lo sucedido y prometió no reincidir.

Como es obvio, la ejemplaridad no se comparte, es estrictamente individual y por tanto intransferible, lo cual en el caso que nos ocupa tiene consecuencias de importancia. Una de las más destacadas tal vez sea la posibilidad de que la figura del rey emérito, habiéndose quedado sola en el incumplimiento de dicha obligación, terminara convirtiéndose en el perfecto chivo expiatorio que cumple la función de concentrar de manera casi exclusiva en él unos vicios que, por desgracia para nuestra sociedad, son muchos los que comparten. Porque si echamos la vista atrás y examinamos las últimas décadas de nuestro país con la sensibilidad a flor de piel por lo que ahora tanto se comenta, comprobaremos que la corrupción ha sido un mal que, aunque desigualmente repartido (eso parece obligado puntualizarlo), no ha dejado sin afectar prácticamente a ningún sector ni color político o social.

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En gran medida este efecto masivamente exculpatorio vendría derivado del propio enfoque ejemplarizante. Porque lo que se estaría poniendo en primer plano ahora afectaría más al protagonista de las conductas que a las conductas mismas, que no resultarían ser, a fin de cuentas, lo más grave de los episodios. Quienes puedan haber hecho, a su escala correspondiente, cosas parecidas no solo no se sentirían concernidos por el reproche sino que, como sin esfuerzo se puede constatar, se estarían uniendo al coro de los indignados ante la revelación de los episodios, ciertamente poco edificantes, de los que se va teniendo noticia pública. Actuando así, tales personas se estarían comportando —ustedes sabrán perdonar lo abrupto de la comparación— como esos delincuentes aún no identificados por la policía que para no despertar sospechas se colocan en primera fila de la manifestación popular de protesta por el delito.

Pero tal vez la segunda consecuencia de este (des)enfoque, concentrado mucho más en el quién que en el qué, es que, perdiendo interés por la materialidad de los actos, termina por carecer de criterio para determinar la mejor manera de hacer frente a este tipo de situaciones. Y es que, mientras no costaría especificar criterios que permitieran precisar en qué formas el responsable de una acción que ha provocado daños puede reparar el mal causado, no se alcanza a ver cuál podría ser el contenido de la reclamación a que tendría derecho el decepcionado por la falta de ejemplaridad de un cargo público.

Probablemente porque sin el referente firme de los hechos resulta en extremo difícil objetivar el grado de decepción de cada cual. Entre nosotros se está dando la particular y curiosa circunstancia de que los que más decepcionados se muestran son los que de manera reiterada menos expectativas habían declarado tener con el anterior jefe del Estado, contaminado simultáneamente por el doble pecado original —de imposible lavado— de haber sido propuesto como sucesor por un dictador y de representar una institución según ellos absolutamente anacrónica y disfuncional como es la Monarquía.

Dado que no les resulta fácil actualizar por entero el reproche para poder aplicárselo a su hijo, algunos de estos presuntos decepcionados han procedido a retorcer el argumento. Así, a quienes les preocupa mucho que el poder se transmita por vía de fecundación les ha dado por afirmar que estas cosas familiares se heredan y, por tanto, salpican también al actual jefe del Estado. A este grupo de críticos pertenecerían todos los que en los últimos tiempos se han referido en general a los Borbones como si por el mero hecho de serlo se pudiera predicar de todos sin excepción, cual si de una carga genética se tratara, la propensión a determinados desórdenes de conducta. No sé, quizá tengan razón y en efecto dicha propensión se herede. Pero que cualquiera se tome la molestia de llevar a cabo el experimento mental de generalizar esta hipótesis y de inmediato comprobará las disparatadas conclusiones en que terminará desembocando.

Pero, en cambio, si planteamos el asunto en términos de responsabilidad, habrá que decir que, parezca suficiente o no, el rey emérito asumió al abdicar la que le correspondía por el escandaloso episodio de la cacería africana. Ahora sin duda le corresponda más que eso, precisamente atendiendo a la gravedad de los hechos que se le están atribuyendo. Deberá, por supuesto, cumplir con sus deberes fiscales como ciudadano si los tuviera pendientes y responder ante la justicia si fuera el caso, pero también deberá asumir otro tipo de sanciones de carácter simbólico, alguna de las cuales en ningún caso creo que se pueda considerar menor.

Por lo pronto, no lo ha sido en absoluto verse obligado a abandonar el país a quien ha sido su rey. Pero, sobre todo, tener que hacerlo por haber pasado a constituir un auténtico peligro para la supervivencia de la propia institución de la Corona, que él venía obligado a defender con uñas y dientes. Si una de las medidas del castigo es el sufrimiento que produce, no resulta difícil hacerse una idea del que le debe haber producido a Juan Carlos I, no solo la expatriación, sino también el trato que ha recibido en el espacio público en los últimos tiempos, tan alejado del que recibió cuando ostentaba la jefatura del Estado. Es altamente probable que haya vivido ambas cosas como un humillante deshonor.

Se impone introducir en el análisis este elemento, por más en desuso que esté, no fuera a resultar que el reproche de incumplimiento de la ejemplaridad debida terminara convirtiéndose en un agravio de imposible reparación. De la misma manera que en la propuesta de solución habría que introducir otro término en desuso, el de piedad, si no queremos terminar abocados a un cainismo sin fin, que ya se dibuja en el horizonte. Y para ese mientras tanto que siempre es el presente, ¿qué tal si probáramos a ejercer la responsabilidad que a cada cual nos corresponde? Al menos el rato que dejáramos de escrutar la ejemplaridad ajena.

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona y senador por el PSC-PSOE. Acaba de publicar Transeúnte de la política (Taurus).

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