Nos falta Santos Juliá

Empieza a ser una tradición de comienzos de otoño que el Gobierno pretenda distraernos de los asuntos que verdaderamente nos preocupan, quizás por su incapacidad para resolverlos. El año pasado fue el traslado de los restos de Franco, este año el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Que Franco esté ahora enterrado en El Pardo ha tranquilizado mucho a los españoles, siempre indignados porque su tumba estuviera en el Valle de los Caídos. Fútbol aparte, en los bares no se hablaba de otra cosa...

Pero el anteproyecto actual tiene más miga. En primer lugar, dejar constancia de que todo él es absurdo e inconveniente, iliberal en muchas de sus partes, intrusivo en derechos fundamentales. Las llamadas políticas de memoria deben limitarse a los nombres de las calles, a los monumentos y poco más. Con prudencia, conocimiento y respeto a las ideas del contrario. Además, creo, intuyo, que el Estado ahora no va sobrado de dinero. Pues bien, este texto crea siete órganos nuevos para lograr su objetivo, todos ellos con sus miembros y asesores, dietas y salarios. Se crearán nuevos puestos de trabajo, de acuerdo, pero no sé si serán los que ahora se necesitan.

Pero esto es casi lo de menos. Lo grave es que intenta rectificar uno de los pilares sobre los que se ha fundamentado la actual democracia constitucional: la reconciliación entre españoles tras la Guerra Civil. La idea de reconciliación —de poner fin a que nos dividamos en amigos y enemigos, no entre adversarios con ideas e intereses distintos— no nace en la Transición sino que viene de lejos, desde la misma Guerra Civil: recuerden el “paz, piedad, perdón” de un Azaña arrepentido. También de democristianos, socialistas, liberales y, muy especialmente, del Partido Comunista a partir de 1956 con la política de “reconciliación nacional” o aquel emocionante manifiesto estudiantil de este mismo año que estaba encabezado por un “nosotros, los hijos de vencedores y vencidos...”. Esta corriente cristalizó en la Constitución.

Pues bien, por lo que se sabe oficialmente de este anteproyecto —publicado la web de la Vicepresidencia Primera del Gobierno— es más que inquietante este parágrafo: “... declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos”. No incluye, por tanto, los “órganos de represión” republicanos durante la Guerra Civil, quizás porque considera que estos no cometieron crimen alguno.

Otra vez una España de buenos y malos, de rojos y nacionales. Una rectificación de la Ley de Amnistía, defendida en el Congreso por Marcelino Camacho. Encuentro a faltar, más que nunca, a Santos Juliá para que imponga cordura entre los suyos.