Declaración inaceptable

El Gobierno de Polonia no puede permanecer pasivo ante la inaceptable declaración de casi un centenar de municipios como “zonas libres de ideología LGTBI”. Se trata de un pronunciamiento de carácter discriminatorio que atenta directamente contra los principios fundacionales de la Unión Europea, a la que Polonia pertenece como Estado de pleno derecho, y contra la misma Constitución polaca.

Aunque la declaración de estos municipios no tenga todavía aplicación práctica concreta y se trate más bien de un pronunciamiento de carácter político vinculado a movimientos ultraconservadores que apoyan al Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), utiliza una retórica que fomenta la criminalización social de la comunidad LGTBI. Un discurso apoyado explícitamente por el Ejecutivo de Varsovia.

Acierta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en haber utilizado un lenguaje rotundo para condenar la iniciativa discriminatoria y la tolerancia oficial con ella. Sus advertencias, durante el discurso en Bruselas sobre el estado de la Unión, de que “las zonas libres de LGTBI son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en la UE”, y de que la Unión no permitirá más violaciones en Polonia del Estado de derecho no deberían caer en saco roto en Varsovia, pero tampoco en el resto de Estados miembros.

La ultraderecha polaca ha hecho del señalamiento a la comunidad LGTBI una bandera política a la que se ha aferrado cada vez con mayor intensidad, como ha demostrado la campaña electoral de las elecciones presidenciales del pasado 20 de junio. Desde el partido del Gobierno se ha ejercido un lenguaje liberticida contra el derecho de cada ciudadano a vivir su sexualidad como quiera y se han tolerado iniciativas que suponen un retroceso evidente en el ejercicio de un derecho fundamental. Y todo ello ha ocurrido en un país cuyos actuales gobernantes son impermeables a las repetidas advertencias y procedimientos sancionadores abiertos por la comunidad democrática de Estados a la que Polonia libremente accedió en 2004. Admoniciones justificadas ante la peligrosa deriva autoritaria en la que el Gobierno de PiS y su líder, Jaroslaw Kaczynski, han decidido embarcar al país.

Resulta además desconcertante que sea precisamente en Polonia, un país que sufrió como pocos la tiranía de la ocupación nazi, cuyo germen ideológico era precisamente la discriminación, donde se declaren “zonas libres” que señalan a ciudadanos polacos por su condición sexual y socavan sus derechos. La Unión no puede quedarse en la retórica condenatoria y debe emplear todos los recursos a su alcance para obligar al Gobierno de Varsovia a poner fin a esta ilegalidad. Polonia debe ser una “zona libre”, sí, pero de odio.