Una zanahoria de 140.000 millones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar su propuesta de incrementar el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero de la UE de un 40% a, por lo menos, un 55% para 2030, 15 puntos más. El anuncio evidencia el deseo de vincular la recuperación económica con la transición ecológica, como se recoge en el programa Next Generation. Si en la crisis de 2008 Europa se convirtió en una parte del problema, agravando la Gran Recesión, ahora puede ser un vector en sentido contrario acelerando la Gran Transición.

Aunque la enmienda debe ser discutida por los Estados, ya cuenta con un respaldo notable. A las movilizaciones protagonizadas por jóvenes se han unido declaraciones de sindicatos, una carta firmada por ocho ministros, el apoyo del Parlamento Europeo y una misiva de 150 líderes empresariales pidiendo reducir las emisiones un 55%. Inversores globales, y hasta 21 países, han expresado su apoyo a dicho objetivo. Todo ello mientras el nuevo CEO de la petrolera BP advierte de que se ha podido llegar al pico de demanda de crudo. La transición ecológica está en marcha, sin duda. Ahora se trata de concretar cómo se hace y a qué ritmo.

En España esto coincide con dos hitos trascendentales para la Gran Transición: La tramitación y aprobación de la Ley de Cambio Climático y el diseño de los proyectos que deben financiarse con cargo a esos 140.000 millones de euros que la UE destinará a la modernización económica en su faceta verde y digital. Las posibilidades de que el resultado sea exitoso son muchas; entre otras cosas porque numerosas empresas, entidades financieras y fondos de inversión entienden que el viejo modelo de economía marrón ha terminado.

Las amenazas son muchas también. En términos políticos, la ausencia de acuerdos suficientes entre los partidos dificulta las inversiones necesarias. Se puede pensar que los intereses de las principales empresas, que ya consideran esta transición como una oportunidad, evitarán el obstruccionismo conservador; pero la política no siempre funciona con estos criterios de racionalidad. Los Presupuestos Generales serán el primer indicador.

Otro factor de riesgo radica en la coherencia entre las distintas administraciones públicas. Si mientras los fondos europeos han de financiar proyectos de transición ecológica algún ministerio actúa en sentido contrario, algunas comunidades autónomas rebajan estándares ambientales con la excusa de “dinamizar la economía” —como han intentado hacer algunas durante la pandemia— o hay Ayuntamientos que se niegan a aplicar políticas de sostenibilidad, se habrá perdido una enorme oportunidad.

Los 140.000 millones de euros que llegarán de Europa son una sabrosa zanahoria para el sector público y para el privado. Tanto, que bien podrían usarse para negociar, por ejemplo, el uso de los remanentes de los Ayuntamientos cuya utilización aún impide la Ley Montoro.

En suma, las políticas de recuperación deben ser entendidas como la oportunidad para abordar la Gran Transición. No sólo por la recuperación económica sino también por la salud del planeta, que es la nuestra.