Avisos y deberes

El problema de la vuelta al colegio en España es la covid-19, sin duda alguna, pero se ha rodeado ya de tantos elementos de distorsión que la gestión ineficiente parece haberse convertido en otro enorme factor de riesgo ante un curso ya de sobra complicado por la pandemia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó ayer a los presidentes autonómicos que los cierres de colegios sean consensuados con el Ministerio de Sanidad y las comunidades limítrofes y que todas huyan de la unilateralidad en sus medidas. El aviso es procedente, porque toda medida de cierre para evitar contagios puede trasladar el peligro a otro lugar. Y es también síntoma del pulso que empieza a librarse entre regiones después de que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, acusara a Madrid de ser una “bomba radiactiva vírica” que perjudica a sus vecinas ante el desproporcionado aumento de casos en la capital. Los recelos territoriales se disparan y obligan al Gobierno a reforzar la coordinación, a ejercer un liderazgo que ha estado demasiado ausente y a esforzarse para imponer la serenidad necesaria.

Pero las responsabilidades están repartidas y todas deben ejercerse. Las autoridades de las 17 comunidades tienen la obligación de abrir los colegios en condiciones de seguridad sanitaria, con las contrataciones adecuadas, las ratios limitadas de niños y los espacios suficientemente preparados. La mayoría va con retraso, especialmente en el refuerzo de la plantilla docente, en una dilación que no puede encontrar justificación seis meses después de declararse la pandemia. El Gobierno, por su parte, además de apuntalar el mencionado liderazgo, hará bien en asegurarse de que los padres que deban cuidar a un hijo en cuarentena reciban la ayuda necesaria.

Y hay otra pieza más. Es tal el temor, la confusión, las carencias y la evidente falta de preparación, que la amenaza del absentismo ha ido tomando cuerpo en forma de asociaciones de padres que se proponen no llevar a sus hijos al colegio y practicar algún tipo de enseñanza en casa. Por lo que han expresado, no temen solamente al virus, sino esa ausencia de medidas claras para evitar los contagios. Con razón, la Fiscalía advirtió el jueves de que es deber de los padres escolarizar a sus hijos, y amenazó con acciones penales a quienes no cumplan ese mandato. La responsabilidad, por tanto, es hoy colectiva: las autoridades deben ofrecer las medidas adecuadas de seguridad sanitaria y los padres, garantizar la escolarización de los hijos. La calma y la eficacia deben abrirse paso con urgencia porque, si al daño de la pandemia sumamos el de una mala gestión, esta será responsabilidad de las instituciones. No resulte que, después de desnudar una sanidad pública que se creyó extraordinaria, la pandemia desnude también una educación mal preparada.