Pagan los niños

El coronavirus no entiende de calendarios, pero el comienzo del curso y la gestión política deberían. Más de dos meses después del fin del estado de alarma, un tiempo suficiente para haber planificado los recursos para afrontar el curso con menos alumnos por aula y, por tanto, con mayores espacios disponibles y más personal, algunas comunidades llegan a septiembre sin la preparación adecuada. No hay pistas que indiquen que la contratación de más de 10.600 profesores por parte de la Comunidad de Madrid anunciada por la presidenta Ayuso, por ejemplo, vaya a materializarse cuando no se materializó la de los médicos o rastreadores comprometidos. Son varias las regiones que llegan con anuncios elocuentes de contrataciones que aún no se han hecho realidad y que, en la gran mayoría y en el mejor de los casos, apenas están en las mesas de negociación. Madrid, además, ha retrasado el inicio de algunos cursos.

El Gobierno anunció meses atrás una dotación de 2.000 millones para afrontar el nuevo curso en las mejores condiciones de seguridad posibles —400 de ellos para la universidad—, un desembolso que se producirá a partir de septiembre sin que conste aún el detalle de los planes necesarios.

El inicio del curso se ha convertido, así, en materia de incertidumbre para las familias, que necesitan conocer a tiempo si los centros están preparados, organizar soluciones en caso de que los chicos tengan que pasar días lectivos en casa, prepararse material y laboralmente para ello y hacerlo con una serenidad que sería deseable transmitir también a los niños. Pero la comunidad educativa llega a las puertas de este desafío sin certezas suficientes debido a ese déficit de gestión de algunas comunidades y, también, a una falta de liderazgo, de discurso claro y de coordinación exigibles al Gobierno. No porque la competencia educativa esté transferida a las autonomías se encuentra el Ejecutivo exento de responsabilidad.

Desde marzo, la enseñanza se ha visto sostenida por profesores y padres abnegados que han luchado por la continuidad del curso por medios telemáticos. Pero ni todas las familias poseen los medios adecuados ni muchas tienen el tiempo o el conocimiento necesarios para sostener ese esfuerzo a distancia y en espacios reducidos. Estos meses deberían haberse aprovechado para afrontar el grave riesgo de descuelgue de los menores con menos oportunidades. Hasta un tercio de los estudiantes no siguió en igual medida las clases en los últimos meses, indicio clamoroso de una brecha digital que acelera la desigualdad económica y social. Sus consecuencias pueden llegar a ser muy serias.

España debería estar en condiciones de garantizar el inicio del curso presencial, llamado a cumplir con el derecho constitucional a la educación y con la socialización de las nuevas generaciones. La conciliación de los padres también debe estar garantizada. Los consejeros se reunirán hoy con los ministros de Educación, Sanidad y Política Territorial para intentar consensuar posiciones. En la batalla soterrada que libran los partidos y las instituciones para encajar responsabilidades solo hay un axioma que deben recordar: pagan los niños. Olvidarlo como parecen haber hecho hasta ahora es incumplir sus mandatos.