Una crisis de seguridad

Este fin de semana, en cuestión de pocas horas, se produjeron tres masacres en Colombia: una en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela. Apenas unos minutos después, el turno fue para el Cauca. Allí, en el municipio de El Tambo, fueron asesinadas seis personas. Al caer la noche del viernes, la noticia llegó desde el municipio de Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño, que limita con Ecuador. El saldo fue de, al menos, seis jóvenes asesinados. Estas noticias llegaron cuando el país se reponía de otras tres masacres ocurridas en días anteriores. Tal vez, la de mayor impacto fue la ocurrida en el municipio de Samaniego, ubicado también en Nariño, donde ocho jóvenes fueron masacrados.

La pregunta que ronda a todo el país es: ¿Qué está pasando? Algunos analistas manifiestan que las masacres regresaron y que la situación de seguridad se ha deteriorado en los últimos días. Para otros, es algo excepcional, donde la intensidad de estas acciones fue un poco más frecuente, pero las masacres nunca desaparecieron en el país. Las autoridades han culpado al narcotráfico como eje explicativo de todo lo que pasa, y manifiestan que no hay deterioro en el gobierno del presidente Iván Duque. Por el contrario, dicen que hay avances en materia seguridad. En todo caso, para la mayoría de los expertos y analistas la situación cada día es más delicada, ya que, además de las masacres, se han visto, en las últimas semanas, ataques a la fuerza pública que han dejado varios militares muertos o heridos, situación que no se presentaban hacia varios años. Igualmente, los enfrentamientos entre organizaciones criminales se han prolongado durante días, algo que no se veía hacía un buen tiempo.

Lo que sucede actualmente en Colombia es más complejo. Por un lado, en los últimos dos años la situación de seguridad no ha hecho más que deteriorarse: las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC pasaron de operar en 56 municipios en 2018 a 101 en 2020. La guerrilla del ELN pasó de 99 municipios a poco más de 140. Los grupos armados organizados operan en la actualidad en, alrededor, de 200 municipalidades. Sin embargo, las marchas que cobijaron a Colombia en 2019 y la pandemia del 2020, ocultaron ese deterioro. Por ejemplo, en pleno inicio de la emergencia del coronavirus, en el mes de marzo, fueron asesinados varios líderes sociales, entre ellos, el veterano dirigente agrario Marcos Rivadeneira. Pero todo era noticia de unos pocos minutos, pues, el miedo al virus se tomaba toda la agenda mediática. Algo que algunos ven como nuevo, venía gestándose de forma subterránea desde hacía varios meses.

Este deterioro de la seguridad tiene una explicación fundamental. Es lo que en Colombia se denomina “empate técnico negativo”, es decir, una situación en la cual hay disputa entre dos o más organizaciones criminales, pero después de un tiempo ninguna de ellas se impone sobre las demás. Entonces, ante la imposibilidad de cooptarse entre ellas, la emprenden contra la población civil, con el objetivo de lograr adhesión e impedir que esa población preste ayuda a otra organización criminal. La extinta guerrilla de las FARC dejó las armas hace tres años, desde ese momento, como muchos esperaban, algunas zonas entraron en confrontación entre organizaciones criminales. Una confrontación concentrada en algunas zonas y que, en teoría, debía tardar máximo 18 meses, o al menos, ese era el promedio de los reacomodos criminales. Esta vez, las zonas se fueron ampliando y el reacomodo nada que termina.

A lo anterior se le suma un ingrediente que hace de la situación de seguridad de Colombia la tormenta perfecta. Un auge simultáneo de varias economías ilegales. La economía del narcotráfico, desde hace varios años, vive una bonanza producto de la revaluación de dólar. Ello ha provocado que al campesino se le pague a mejor precio la pasta base de coca. Por otro lado, con el aumento del precio del oro, la economía de la minería ilegal está viviendo un verdadero boom, eso significa no solo un desastre ambiental para el país, sino mayores recursos económicos para las organizaciones criminales. A todo ello se suma el aumento de la economía de la trata de personas, que viene en auge con el telón de fondo de la migración venezolana.

Pero sumando a todo lo anterior, una serie de analistas y especialistas coincide en que el Gobierno de Colombia parece no entender los nuevos fenómenos criminales, pues aún culpa al Gobierno de Juan Manuel Santos de los problemas de seguridad, una gestión que terminó hace más de dos años. También parecen culpar al proceso de paz y solo ven al narcotráfico como el factor explicativo. Son evidentes los vacíos en sus análisis y la ausencia de estrategias para encontrar una salida a estos fenómenos que afectan la seguridad.