Guaidó y la corrupción

Un artículo de Moisés Naím y Francisco Toro, publicado en febrero pasado por la revista Foreign Affairs y reproducido por otros medios globales, causó indignación entre lectores venezolanos opositores de Nicolás Maduro. El rechazo se expresó amplia y airadamente en las redes sociales.

La afirmación principal de esa pieza de análisis es que los problemas de Venezuela no derivan todos de la naturaleza sedicentemente “socialista” del régimen sino de algo más insidioso, generalizado, sistémico: la corrupción. Comparto por completo esa visión.

La corrupción, problema secular latinoamericano, alcanzó en Venezuela niveles acordes con el monto descomunal de los ingresos petroleros del país durante el boom de precios más prolongado que registre la historia de la civilización petrolera mundial.

Los expertos afirman que un petroestado es un organismo propenso a crear incentivos y oportunidades para la corrupción, muy especialmente durante los booms de precios.

Con todo, en el caso venezolano, los accidentes del prolongado “experimento bolivariano” –los altos precios del crudo durante más de una década, el control de divisas, el frenesí expropiatorio, la cubanización de todos los órdenes de la vida− condujeron no solo a la corrupción de tipo ordinario del alto funcionariado, en su mayoría militares de rango medio, sino también a que los designios y usos del crimen organizado—hablo del delito financiero de alto vuelo— terminasen colonizando todas las instancias del Estado, notoriamente la hoy desguazada petrolera estatal… y la oposición política.

Que este proceso de descomposición de los cuadros opositores se haya cumplido en Venezuela al tiempo que se desplegaba una atroz persecución contra los partidos democráticos es un fenómeno ya suficientemente descrito por muy probos periodistas de investigación.

Sus efectos deletéreos en la moral de una oposición tenazmente errática hallan ejemplo en la obscena pugna por la titularidad de los enormes activos petroquímicos que posee la nación en ultramar y en la opacidad con que el Gobierno interino de Guaidó ha dispuesto de los dineros de la agencia estadounidense Usaid. Todo ello es, desde luego, subproducto de la sumisión a los volubles designios del halconato de Trump encarnado en Elliott Abrams.

La corrupción masiva de cuadros partidistas de oposición ha hecho posible las truculentas deserciones de parlamentarios que desde comienzos de año nos deparan el espectáculo de una Asamblea Legislativa con dos directivas. El obsecuente Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, haciendo la parte que le corresponde en el anunciado fraude electoral de diciembre, ha intervenido manu militari varios importantes partidos opositores nombrando autoridades peleles y secuestrando sus símbolos.

Aunque los biempensantes explican estas maniobras por la falsía desvergonzada de individualidades que se han prestado a ellas y vaticinan para los traidores derrotas sin cuento, lo cierto es que tales cambiazos tienen la aprobación de numerosos cuadros medios – el proverbial rank and file—de los partidos intervenidos.

Justifican estos las arbitrariedades del Gobierno que supuestamente adversan como medidas al cabo necesarias para la renovación de dirigencias mineralizadas durante décadas por el socarrón continuismo de sus dirigentes históricos. Nos llevaría demasiado lejos enjuiciar el sistema de partidos que nos legó la Venezuela prechavista, pero el episodio habla mucho de las debilidades de nuestras formaciones opositoras.

A sabiendas de ello, y actuando desde el lado de la oferta, Maduro ha hecho añadir 170 curules parlamentarias a las vacantes que se disputarán en las fraudulentas parlamentarias de diciembre.

Todo lo dicho, y mucho más que aquí no cabe, ha hecho crecer en Venezuela un generalizado y vergonzante sentimiento moral cuyo tono mayor es la aquiescencia ante la dictadura, la letalidad de sus prácticas tiránicas y la corrupción política a que ella da origen.

Esa aquiescencia explica no solo la jocunda promiscuidad que reina entre boliburgueses fugitivos y opositores de posibles, desterrados todos, por ejemplo, en una ciudad como Madrid. También anima la desenvoltura con que un activista del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) sustrae, para revenderla en tres dólares, una de las dos latas de atún botulínico que traen las “cajas Saab” de alimentos subsidiados por la revolución.

Hoy muchos venezolanos mueven la cabeza al advertir, desconsolados, que luego de año y medio la coalición Guaidó solo ha demostrado que un Gobierno en el exilio es financieramente viable. Ello aseguraría, vista la resiliencia de Maduro y sus aliados, la prolongación indefinida del actual estado de cosas.

¿Puede sorprender que haya prosperado entre mis compatriotas la noción de que el vaivén entre el llamado a la gran insurrección civil de final de los tiempos y la invitación a ser realistas y participar en elecciones aunque sean fraudulentas es el modus vivendi a que nos condenan la bellaquería madurista y la arrogante incompetencia opositora? Abundan reportajes sobre la manera en que, cotidianamente, los venezolanos se han ido adaptando a esta tenebrosa idea.

Desde luego, me gustaría ver elecciones libres con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos sus generales cleptócratas, sus esbirros y sus barraganas tras las rejas, pero no sé − ¿lo sabrá alguien?− como llegar allí ni cuál será el desenlace de esta tragedia a fuego lento que, desde 1999, ya nos va costando los mismos 300 mil muertos que costó a Colombia su conflicto armado.

Pero si es cierto que la pandemia, el hambre y la bancarrota final del petroestado han parado todos los relojes y suspendido todas las convenciones, va entonces siendo hora de suspender también la carta blanca que los venezolanos dieron, en 2019, a Juan Guaidó, sus harvardianas eminencias y sus inexistentes generales constitucionalistas del 30 de abril de 2019.