Justicia en México

La declaración del ex director general de Pemex Emilio Lozoya ante un fiscal de México es una de las pocas pruebas nítidas que evidencian la corrupción sistémica que ha asolado en los últimos años a ese país, especialmente durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. La promesa de combatir y acabar con ese sistema aupó al poder a Andrés Manuel López Obrador, que ahora tiene ante sí la oportunidad, pero sobre todo el deber, de cumplir con lo dicho y no solamente usar el caso de Lozoya como arma arrojadiza contra sus rivales.

El exdirector de Pemex fue detenido en España y aceptó la extradición tras llegar a un acuerdo para convertirse en testigo colaborador de la justicia mexicana. Ha admitido haber recibido ocho millones de dólares en sobornos para la campaña presidencial de Peña Nieto y pagado 8,6 millones de dólares a legisladores para aprobar un paquete de reformas, entre ellas la apertura del sector energético. Lozoya involucra a 17 políticos, incluidos tres expresidentes —además de Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari—, candidatos presidenciales, ministros y diputados. A todos, que aparecen en la declaración con nombres, apellidos y todo tipo de detalles, los acusa de aceptar grandes cantidades de dinero.

López Obrador celebra ver a todos sus enemigos políticos involucrados en el mismo escándalo. La aparición la pasada semana de un vídeo de su hermano recibiendo dinero en efectivo para su campaña no ha modificado su discurso sobre la descomposición de los Gobiernos que le precedieron. Pese a todo, el presidente mexicano ha dicho que no desea juzgar a su predecesor ni a ningún otro presidente. El mandatario incluso coquetea con la idea de someter a una consulta popular la posibilidad de sentar en el banquillo a los expresidentes.

Este caso mostrará hasta dónde quiere llevar López Obrador la cruzada anticorrupción, más aún cuando el próximo año se celebrarán elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 15 de los 32 Estados. También, hasta qué punto la Fiscalía es independiente del poder legislativo, algo hasta ahora quimérico en México.

Mientras se prueban todas las acusaciones de Lozoya, las confesiones del exdirector de Pemex apuntalan la narrativa de López Obrador. El presidente cree que es suficiente con estigmatizar a los corruptos para evitar que casos como estos se repitan. Un uso político de la declaración de Lozoya daría al traste con una oportunidad valiosa por única. Nunca antes un arrepentido había dado un paso adelante para poner en jaque a la Administración en la que participó. Esto quebraría el pacto de silencio que cimienta la política mexicana. El país necesita más que la verdad. Es hora de que la justicia pueda hacer su trabajo sin las interferencias del poder político.