Sin hacer daño

La actitud desafiante de negar la pandemia ha prendido en entornos reducidos, alimentada por teorías conspiratorias y sostenida por la desconfianza en los Gobiernos y por el cuestionamiento de la ciencia. La envergadura y potencia que ha adquirido este negacionismo en grandes países como Estados Unidos y Brasil, cuyos propios presidentes han cuestionado las mascarillas, han defendido terapias no avaladas por la comunidad médica y se han alineado con quienes se desentienden de la pandemia, no es ajeno a su crecimiento. Y, más allá de reclamar un esfuerzo didáctico mayor y la explicación de las políticas con base científica, nada puede hacerse frente a las creencias de cada cual, que obvia decir que son libres, y menos aún contra la libertad de manifestación y de expresión, consagradas en la Constitución y dignas de defensa en todos los casos y causas. Pero esta posición no es extensible a lo que concierne a la seguridad y la salud de los ciudadanos.

Los manifestantes que el domingo se congregaron en Madrid para protestar contra el uso generalizado de las mascarillas y las medidas del Gobierno de Sánchez frente a la “falsa pandemia” tienen todo el derecho a hacerlo. A lo que no tienen derecho es a poner en riesgo la salud ajena al no respetar las distancias de seguridad y no utilizar las mascarillas. Especial responsabilidad tienen las personas influyentes que promueven esa corriente, ajenas a la gravedad de una enfermedad que se ha cobrado ya cientos de miles de muertos en todo el mundo (más de 46.000 en España, según un recuento de este diario a partir de datos de instituciones científicas y registros) y que mantiene a todos los países en vilo a la espera de que alguna de las vacunas en curso pueda empezar a inmunizar masivamente a la población. La necesidad de respetar las normas no responde a los intereses de un partido u otro, no depende del color del Ejecutivo; es acuciante porque hay muchas vidas en juego.

La Delegación del Gobierno en Madrid no puede sino permitir la movilización, pero debió hacer más para obligar al cumplimiento de esas medidas de seguridad y hará bien en analizar los fallos y prevenir nuevas situaciones arriesgadas con las que esta pandemia nos está desafiando. La protección de la salud no es capricho ni materia de fe, sino un derecho recogido en el artículo 43 de la Constitución que compete a los poderes públicos organizar y tutelar y que implica derechos y deberes para todos. Nadie obliga a pensar diferente. Pero sí estamos obligados, también los negacionistas, a no hacer daño.