Una avalancha de palabras contra el rey emérito

Cuenta el novelista Eric Vuillard en su recreación del 14 de julio de 1789, el día de la toma de la Bastilla, que en aquella época la gente de París no dejaba de hablar y de hablar. Explica que en las tabernas siempre había alguien que se encaramaba sobre una mesa para soltar sus razones. Las palabras fueron un ingrediente fundamental de la revolución, y se produjeron en cascadas inagotables gracias a la furia que las impulsaba. Una terrible hambruna azotaba Francia y en Versalles el rey y la nobleza vivían a lo grande. Vuillard cuenta las cosas desde la mirada de aquellos que no suelen entrar en los libros de historia. Y da sus nombres y señala sus oficios: zapateros, jornaleros, vendedores de ganado, carreteros, toneleros, labradores, panaderos, profesores, cordeleros, caldereros, camareros, etcétera. Ya la gente empezó a hablar en abril, dice. “La boca produce palabras. Muchas palabras. Una avalancha”. Ya saben la que se armó.

Es bastante improbable que en las sociedades actuales del bienestar, el espectáculo y el consumo los ciudadanos se lancen a las calles para armarse, tomar una fortaleza y, como quien dice, liquidar el Antiguo Régimen de un soplido. Los tiempos han cambiado, pero la gente sigue hablando de manera torrencial, y está bastante cabreada con los negocios de Juan Carlos I, el rey emérito.

Fue en 1969 cuando Franco se embarcó en la elección de quien sería su continuador al frente del Estado, atribución que el dictador se había reservado en la Ley de Sucesión de 1947. Se inclinó por el entonces príncipe Juan Carlos y este, un tanto reacio al principio por no ofender a su padre, terminó aceptando. Franco subrayó que aquella decisión iba a contribuir a que “todo quede atado y bien atado para el futuro”. Quería así subrayar que la Monarquía, que llegaría tras su muerte, sería la del Movimiento Nacional, la del 18 de julio, una que fuera estrictamente fiel a las instituciones y valores y principios de su régimen. No ocurrió tal cosa. Y Juan Carlos I tuvo un papel esencial para que los planes del dictador se fueran torciendo y para que se instalara en España una democracia parecida a la de los países de nuestro entorno.

En su libro Transición, Santos Juliá recuerda que en aquellos días un periodista de la BBC le preguntó a Laureano López Rodó, entonces uno de los pesos pesados de la dictadura, si habría democracia en España en unos diez años. “Eso depende de lo que usted entienda por democracia”, le contestó, y añadió que un estudio de la Universidad de Oxford acababa de recoger hasta 300 definiciones de esa forma de organización social. El sucesor de Franco apostó por la que tiene separación de poderes, soberanía popular, multipartidismo y elecciones libres, respeto a las minorías, libertad de expresión, sensibilidad social. Otros tenían, evidentemente, otra democracia en la cabeza.

La Monarquía parlamentaria es la forma política del Estado social y democrático de derecho que salió de la Transición, y en ese marco España ha dado en las últimas décadas pasos de gigante. Cuando se padecen dificultades, los viejos relatos recobran toda su intensidad, y el del pueblo contra el rey es tan potente que no se puede pasar por alto. De ahí la enorme responsabilidad de cuantos defienden el actual orden constitucional. No pueden olvidar que la opacidad fue y sigue siendo un camino poco recomendable en el siglo XXI.