Una pésima solución

La propuesta hecha el martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de instaurar una cartilla covid-19 como parte de las medidas que su Administración quiere implementar para evitar la rápida expansión de la enfermedad en la región —un aumento de casos del 413% en siete días— ha puesto en evidencia el nivel de descoordinación, ignorancia voluntaria de los criterios científicos e incongruencia con el discurso político a nivel nacional de su propio partido —el Partido Popular— con el que ha presentado a los madrileños la polémica propuesta.

Díaz Ayuso anunció, entre otras medidas, el estudio de la creación de un documento “que simula a la cartilla de vacunación internacional y que estará incorporada en la tarjeta sanitaria virtual de todos los madrileños”. Según la presidenta de Madrid, sus usuarios serían todos aquellos ciudadanos que ya hubieran pasado la enfermedad. “Con esta tarjeta será mucho más fácil acceder a gimnasios, museos y espacios cerrados”, añadió, tratando de tranquilizar al resto señalando que “todos aquellos que no contagien podrán seguir haciendo una vida normal”. No habían pasado ni 24 horas cuando su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, le enmendaba la plana. El documento ya no sería tal, sino un registro al que tendrían acceso los profesionales sanitarios y no implicaría privilegio alguno. El dirigente del partido naranja desmentía así lo anunciado poco antes por la presidenta del Gobierno regional, al que pertenece Aguado.

La tarjeta de Díaz Ayuso no se sustenta en criterios científicos y plantea graves cuestiones legales. Todavía se desconoce si haber padecido la enfermedad garantiza la inmunidad, y si es así, durante cuánto tiempo. De hecho, un documento de este tipo podría convertirse en todo lo contrario de lo que pretende, haciendo que individuos transmisores diseminaran más la enfermedad en la creencia de que son ajenos a ella. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunos países que han sopesado una opción similar, como Alemania o el Reino Unido, la han rechazado tanto por motivos sanitarios como éticos. Presenta incluso interrogantes constitucionales porque establece de facto una discriminación basada en datos de salud y afecta a la libertad de circulación y protección de la intimidad.

Pero, además, resulta particularmente llamativo que mientras el líder del PP, Pablo Casado, exige en el Congreso al Gobierno un mando sanitario único para centralizar la lucha contra la covid-19, la presidenta de Madrid, de su mismo partido, plantee la introducción unilateral de una medida que va mucho más allá, en términos de singularidad territorial, de lo que ha hecho en este asunto cualquier otra Administración autonómica, incluyendo las gobernadas por nacionalistas.