Parálisis laboral

Tal como se esperaba, la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre ha reflejado con crudeza los daños causados por el confinamiento sobre el empleo y la actividad económica. La pandemia ha destruido durante el trimestre más de un millón de puestos de trabajo (concretamente, 1,074 millones) y ha elevado la tasa de paro hasta el 15,33%. El periodo agudo del confinamiento, registrado entre marzo y abril, ha destruido empleo sobre todo en el sector servicios, aunque los de la industria y la construcción también han sido castigados. Seis de cada diez empleos perdidos corresponden a contratos temporales; se reafirma la tendencia de que el coste de la crisis, como en 2008, lo paguen jóvenes, contratados precarios y mujeres (la tasa de ocupación femenina ha descendido a un ritmo mayor que la masculina).

Hay más parámetros preocupantes. Uno de ellos es el crecimiento brusco del número de hogares con todos sus miembros en paro. Hay 1,1 millones de hogares en esta circunstancia dramática, 55.000 más que en el trimestre anterior. Este crecimiento advierte sobre la posibilidad de que en los próximos trimestres aumente la tasa de pobreza en España y confirma que hasta finales de año al menos no solo hay que mantener el gasto social, sobre todo las innovaciones aprobadas en forma de renta mínima, sino aumentarlo de manera selectiva, atendiendo a las necesidades específicas de cada momento.

Este colapso del empleo debería servir más como estímulo que como proclamación catastrófica, esperada, por otra parte, desde que se congeló la actividad económica a mediados de marzo. Es probable que el segundo trimestre marque el punto más bajo de la recesión vírica y de la destrucción de empleo. A partir de este momento, hay que atribuir una probabilidad significativa de mejora en las tasas de crecimiento y de ocupación. El problema está en que esa mejora será más lenta de lo esperado. La crisis del turismo, uno de los principales factores de crecimiento económico, va a ser más profunda y duradera de lo que estimaban las previsiones del Gobierno y de las empresas, a la vista de los rebrotes y de las cuarentenas impuestas a los viajeros procedentes de España. Por lo tanto, el Gobierno y los agentes sociales deberían actuar en dos direcciones complementarias. La primera es sostener con los recursos necesarios las políticas de contención de la crisis, sean líneas de crédito, avales, fondos de reconstrucción o, en el caso laboral, los ERTE. Pocas dudas caben ya de que su vigencia tiene que prolongarse hasta finales de año y considerar, según sea el balance de 2020, algún tipo de ampliación parcial en 2021.

La segunda vía de acción imprescindible debería consistir en aprobar nuevas políticas activas de empleo coordinadas con planes de inversión en infraestructuras, mercados energéticos o tecnológicos. Durante decenios se ha construido el lugar común de que hay que acabar con la dualidad del mercado laboral, pero hasta ahora ha sido un discurso vacío. Los fondos europeos deberían ser un punto de partida firme para aumentar la inversión al tiempo que se examinan con detenimiento las modalidades de contratación, se elaboran estímulos para crear puestos de trabajo y se activan las medidas de inspección contra la precariedad. Crear nuevos empleos, más estables y con más productividad, debería ser la prioridad de las políticas de reconstrucción.