Interés europeo, interés nacional

El triple paquete que las instituciones europeas han diseñado para combatir la recesión es de un tamaño y una ambición extraordinarios. Por eso es lógico que cada uno de sus pilares vaya a experimentar un escrutinio y un debate público profundos. Sucedió con el más de medio billón de euros arbitrado por el Eurogrupo (programa Sure, acceso al Mede, créditos del BEI). Ocurrió en el seno del BCE antes de alumbrar la expansión cuantitativa de 1,35 billones por la pandemia. Y sucede con el plan de recuperación por 750.000 millones —que de forma novedosa se financiará mediante eurobonos—, lanzado por la Comisión y que este mes debería ser aprobado por el Consejo Europeo en formato de cumbre presencial. También constituye una ocasión excepcional para España.

Todo lo anterior ha supuesto, de una forma u otra, importantes saltos adelante en la construcción europea. La historia muestra que estos nunca se han logrado sin enormes resistencias. Esta vez, sin embargo, hay elementos diferenciales. Por una parte, la rápida luz verde que ha logrado el plan de recuperación para ser tramitado muestra que los socios de la Unión han entendido la urgencia de un acuerdo. Todos saben que la grave recesión no va a esperar a que se pongan de acuerdo, aunque haya que discutir los detalles. Su objetivo es estimular el crecimiento y paliar el terrible colapso de la economía, del tejido productivo y empresarial: una cuestión existencial para Europa. Es por ello que se sitúa en el podio de los grandes momentos de la historia comunitaria: su propia fundación, el nacimiento del euro y la lucha contra esta crisis, la peor desde la Segunda Guerra Mundial.

Las grandes oportunidades de España vienen siendo aquellas en las que el interés nacional se ha fundido, ha formado parte o se ha expresado a través del interés general europeo: desde el ingreso en las Comunidades en 1986, pasando por el acceso al euro a principios de este siglo, y ahora en este pulso por la supervivencia de la economía y del bienestar social colectivo. Así que ningún interés trascendental de este país tiene un cauce que no se imbrique en la Unión Europea. La gira por capitales europeas del presidente del Gobierno para convencer a los reacios sobre la conveniencia y efectos benéficos del plan resulta muy significativa.

El grueso del proyecto, que se incluirá en el presupuesto para mejor control, se destinará a fomentar la inversión privada. Ese apoyo se ha estimado para el caso de España en 140.000 millones de euros, una cifra colosal, sin parangón histórico. Las ayudas deben multiplicar los proyectos de digitalización, de economía verde, de cohesión y de reparación a los sectores más dañados. España ha demostrado en el pasado una gran capacidad de ejecución presupuestaria en los fondos estructurales y de cohesión que recibe de la UE, notablemente para infraestructuras. Pero también muestra déficits e ineficiencias notables.

La experiencia en el impulso de la automoción eléctrica o la digitalización de pymes y Administraciones, por poner ejemplos evidentes, es relativa y requerirá de esfuerzos supletorios. Estos trabajos solo podrán desplegarse de forma óptima si dirigentes y directivos, empresarios y Administraciones, partidos y agentes sociales y económicos se comprometen a fondo en su ejecución, y en sacar el máximo provecho útil del mismo. De hecho, debería ya acelerarse la elaboración de un plan-marco nacional en el que insertar los proyectos concretos en sintonía con las orientaciones europeas.

Pero eso mismo requiere algo previo, el estado de conciencia de que, al tiempo que necesario, el desafío resulta más difícil que en otras ocasiones. No basta con que nadie lo obstaculice —y quien incurra en ello recogerá una mala cosecha— sino que es preciso que todos lo hagan suyo como un auténtico proyecto nacional. Porque su fracaso perjudicará a todos. Y su éxito debería beneficiar a todos.