Reglas comunes

Europa tardó 50 años en eliminar sus fronteras internas —desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la entrada en vigor del Tratado de Schengen—, pero ha necesitado apenas unos días para erigirlas de nuevo. Con la emergencia del coronavirus, la restauración de los controles fronterizos en el espacio europeo de libre circulación se impuso casi sin reflexión. Y aunque buena parte de esa movilidad perdida se recuperó el pasado fin de semana, el abanico de matices que la acotan impide atisbar un horizonte de normalización a corto plazo.

En España, la disparidad de mensajes lanzados a cuenta de la reapertura de fronteras revela bien el choque de intereses. Inicialmente el Gobierno apuntó al 1 de julio como fecha para el fin de los controles con los socios comunitarios, lo que situaba al país entre los más rigoristas de la UE. Como guiño al turismo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, fijó más tarde el inicio de la normalización en el 21 de junio. Aunque entonces su mensaje fue corregido, finalmente prevaleció esa fecha. España se ha alineado con la Comisión Europea al reclamar con fuerza un mecanismo de coordinación de la UE que evitara discriminaciones, pero lo cierto es que las decisiones españolas también han evidenciado improvisación. Los proyectos piloto de llegada de turistas —solo con alemanes—, la cuarentena repentina que se impuso a todos los visitantes del exterior y el levantamiento, a última hora, de aquella a los británicos constituyen buenas muestras de esa senda.

Para zanjar la disparidad de criterios entre los países miembros, Bruselas abogó por adelantar el fin de los controles fronterizos al 15 de junio. Pero el mosaico de salvedades reinante permite aventurar que no habrá libre movilidad en la UE al menos hasta el 1 de julio. Con situaciones paradójicas como la de Portugal, que mantiene cerradas las conexiones con España hasta esa fecha, pero ha garantizado —con limitaciones— el tránsito con Brasil, el segundo país con más contagios del mundo.

A las trabas en el tránsito de los europeos se le suma la más que probable reanudación de los movimientos migratorios hacia la UE tras estos meses de llegadas excepcionalmente bajas. Habrá que vigilar que, con la excusa de la pandemia, los Estados no aprovechen para frenar los flujos intracomunitarios con el único propósito de aliviar la llegada de demandantes de asilo, no la expansión del coronavirus. Resulta oportuno, como pretende la Comisión Europea, rescatar el intento de pactar unas reglas migratorias en la UE. Pero el propio proyecto de la Comisión, que trata de hacer menos porosas las fronteras exteriores y acelerar las expulsiones de extranjeros sin derecho al asilo, nace con pocas expectativas de ser acordado antes de un año. Eso deja un enorme margen a la discrecionalidad en gestión de fronteras durante este periodo.

La libre circulación, uno de los pilares de la UE, se ha puesto varias veces a prueba en los últimos años. La amenaza terrorista y los desplazamientos de refugiados por las fronteras europeas que proliferaron en 2015 motivaron ya las primeras excepciones. El riesgo estriba en que esos bloqueos queden como una mera anécdota al lado de las restricciones que aún pueden llegar en el futuro próximo amparadas en la pandemia.