La CIA y compañía

“Si la supuesta participación de Madrid [del Gobierno socialista] es confirmada, las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente”. Así termina el informe desclasificado de la CIA conocido estos días que, según algunos medios y fuerzas políticas, “confirman que el presidente socialista, Felipe González, dio su conformidad para crear los GAL en los años ochenta”. Y los diputados de EH Bildu, herederos de ETA, se han tirado a la yugular reclamando la comparecencia de Felipe González. ¿Para qué? Ya sobran explicaciones. Ellos ya han condenado al presidente González. La duda de la CIA no cuenta para quienes han decidido eliminar “el derecho de todos a la presunción de inocencia”.

Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en Guipúzcoa, afirmó: “Si el PSOE tiene algo que ver con eso [los GAL], lo que haya hecho, que lo pague”. El PNV apoya la iniciativa de EH Bildu para crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el terrorismo de los GAL. Los independentistas catalanes apoyan esa petición. Si se creara esa comisión, habría que aclarar qué quería decir el entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, cuando aclaró que “mientras ETA agita el árbol, el PNV recoge las nueces”. ERC aclarará el acuerdo de Josep Lluis Carod Rovira [entonces líder de ese partido y primer consejero del Gobierno de la Generalitat] con ETA, en 2004, en Perpiñán, para que la banda no atentara en Cataluña. Y los diputados de EH Bildu entregarán la información sobre los 379 atentados de los etarras aún sin juzgar. Txapote [condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco] les habrá ilustrado en su entrevista del pasado 17 de junio en la prisión de Huelva.

La CIA dice que “si se confirmara esa participación (…)”. Nadie la ha confirmado. Los tribunales de justicia no encontraron ninguna prueba ni indicio que implicara al presidente González en ese entramado. Sí está confirmado que los etarras mataron a 343 civiles y a 486 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército.

Desde estas líneas rompo una lanza por Felipe González. Quienes le conocemos sabemos que jamás autorizaría el crimen de Estado, cualquiera que fueran las circunstancias. Lo prueba su formación, su moral y su acendrado sentimiento democrático. Y, también, su testimonio de que en 1990 pudo haber autorizado la liquidación de toda la cúpula de ETA que, reunida en el sur de Francia, no podía ser detenida por la policía española, pero que sí podía haber sido dinamitada si él lo hubiera ordenado (como hizo Barack Obama con Osama Bin Laden). Felipe González sabía que su decisión podría haber evitado posteriormente muchos asesinatos de la banda. Pero su conciencia pudo más que la tentación: él sabe que no se puede matar. Por cierto, si hubiera hecho lo contrario, la sociedad hubiera aplaudido como aplaudió la intervención del entonces senador de Alianza Popular (AP) y empresario vasco Luis Olarra, quien en 1980, en el programa de televisión La Clave le dijo al periodista José Luis Balbín, delante de un selecto grupo de políticos: “No coincido con mis compañeros; en el País Vasco nos conocemos todos, donde nos reunimos con nuestra tertulia, donde tomamos el aperitivo o la comida, donde jugamos la partida. Por eso he enviado al presidente de Batasuna-ETA, Jon Idígoras, una lista de posibles víctimas de su partido si ETA atenta contra alguno de mis trabajadores y familiares. También le he enviado copia del depósito bancario de 300 millones de pesetas que garantizan las acciones por profesionales residentes en Marsella”. La advertencia surtió efecto. Era 1980. El PSOE estaba en la oposición.

El documento de la CIA dice que “en esos años seguían atentando los grupos que, durante el franquismo y en la etapa de los gobiernos de UCD, actuaban bajo las siglas ATE (Anti Terrorismo Etarra), Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) o el Batallón Vasco Español”. En ese periodo, esos grupos mataron a 31 personas e hirieron a 34 en varios atentados contra la órbita de ETA. Cuando el PSOE llegó al Gobierno esos grupos se fueron disolviendo y algunos de sus componentes se integraron en los GAL. José Amedo, policía condenado por su participación en ese grupo, escribió que “las actividades del Batallón Vasco Español eran, en la década de los setenta, algo similar a lo que posteriormente realizaron los GAL. De hecho, existe una conexión clara entre ambas organizaciones”.

Para aquellos que desde las filas socialistas están tirando piedras contra la honorabilidad de Felipe González, el socialista que, junto con Alfonso Guerra y Ramón Rubial, más ha hecho por España, la democracia y el PSOE, resulta necesario remarcar que no es lo mismo terrorismo de Estado que la involucración de determinadas instancias o funcionarios del Estado en acciones ilegales. Si quieren llegar a la verdad, en lugar de difamar, consulten con personas que, en aquellos tiempos tan convulsos y en aquellos años de plomo, colaboraron estrechamente con el entonces secretario general del PSE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE entre 1983 y 2007.