En las aulas

Cuando se inicie el nuevo curso en septiembre la mayoría de los estudiantes llevarán más de seis meses sin haber pisado el aula. Si una cosa ha quedado clara tras este anómalo tercer trimestre es que la enseñanza online no puede sustituir la docencia presencial. Puede ser útil para un corto periodo o como actividad complementaria, pero tiene grandes limitaciones. Educar es mucho más que impartir conocimientos. La escuela es una comunidad de aprendizaje, pero también de acogida y socialización, indispensable para la maduración y el crecimiento personal del alumno. Es además un factor de nivelación social. Dentro del aula, todos los alumnos tienen las mismas oportunidades de aprender. Fuera de ella, sus posibilidades dependen de los recursos materiales y culturales de cada familia.

Es razonable, por tanto, que el objetivo del próximo curso sea garantizar el máximo de docencia presencial posible, algo en lo que están de acuerdo las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia educativa. El problema surge a la hora de compaginar ese objetivo compartido con el no menos importante de garantizar las medidas de seguridad. Los ministerios de Sanidad y Educación han elaborado unos protocolos de seguridad que las autonomías rechazan a pesar de que su última formulación supone una rebaja de las exigencias inicialmente consideradas.

La resistencia no procede tanto de un desacuerdo con los objetivos sanitarios como de la dificultad de hacer frente a los cambios organizativos y los costes que comportan. Inicialmente, se había previsto un número máximo de 10 o 15 alumnos por clase y ahora se contempla que puedan ser hasta 20 en infantil y primaria, es decir, hasta los 10 años. A partir de esa edad, se plantea que la distancia de seguridad entre pupitres sea de 1,5 metros en lugar de los dos previstos anteriormente.

Obviamente, garantizar la seguridad exigirá hacer más grupos, desdoblar algunas clases, habilitar espacios adicionales para la enseñanza y contratar a más docentes. Algunos estudios estiman que cumplir con la recomendación de 15 alumnos por aula exigiría incrementar las plantillas en un 30%, algo que las autonomías no ven factible con los actuales recursos disponibles. El Gobierno ha habilitado una partida de 2.000 millones que debería servir para este cometido; si no fuera suficiente, el debate debería ser cómo conseguir los recursos que faltan, en ningún caso rebajar las exigencias de seguridad.

Si bien los últimos datos indican que un niño tiene la mitad de probabilidades de infectarse que un adulto, y que tampoco son, por razón de la carga viral, grandes contagiadores, lo cierto es que se infectan y pueden transmitir el virus en su entorno. En la pasada oleada, la mayor parte de los contagios fueron intrafamiliares. Por eso las medidas de seguridad propuestas por los ministerios de Sanidad y Educación son muy razonables, y especialmente la relativa a organizar los grupos de forma que sean compartimentos estancos, sin contacto entre ellos, pues en caso de contagio, permitiría un mejor control de los contactos. No hay que olvidar que el virus sigue circulando. La discusión ahora no es si habrá nuevos rebrotes, sino cuándo y cómo evitarlos. Las autoridades educativas deben hacer un esfuerzo para que la escuela pueda cumplir su cometido educativo sin contribuir al riesgo de rebrote.