Tribuna
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La lealtad política

En una estrategia de crispación, el discurso parlamentario busca menos el intercambio de opiniones y propuestas que su eco mediático. Además, crea una atmósfera irrespirable para los ciudadanos

Nicolás Aznárez

Hace poco menos de tres lustros que un grupo de científicos sociales publicó un texto sobre la denominada “estrategia de la crispación” como procedimiento para debilitar políticamente entonces a los socialistas en el Gobierno. Aquella estrategia, cuya teoría llegaba de las sentinas de los neocons americanos, instalados sobre todo en los intersticios de la Administración de Bush II, afectó al funcionamiento de la democracia española, aún tan joven, puesto que logró influir directamente en las relaciones entre el Gobierno y la oposición, en la vida cotidiana de algunas instituciones centrales para el sistema y en la convivencia entre los ciudadanos, generando una situación divisiva entre ellos.

De allí arranca todo. El asunto es que si se relee aquel informe (www.fundacionalternativas.org) con los ojos de hoy se llega a la conclusión de que la situación ha empeorado. Retrocedemos. La existencia de una estrategia de la crispación era hasta hace poco un fenómeno anómalo en las democracias maduras. La tendencia al conflicto forma parte del ADN del sistema, pues existen grupos de poder que persiguen objetivos diversos, pero para obtener este poder no vale todo, diga lo que diga Karl Rove (principal asesor de Bush en estos asuntos ideológicos), y, sobre todo, no vale la deslegitimación permanente y sistemática del adversario. Si la oposición contradice como norma al Gobierno, más allá de las medidas que este tome, además de desinformar al ciudadano, deja de ser leal. Y si el Gobierno prescinde de la existencia de la oposición tampoco practica la lealtad como virtud política.

La estrategia de la crispación es el desacuerdo permanente y sistemático sobre toda iniciativa, propuesta, gesto, decisión o actuación del otro, presentados desde la parte adversaria como un signo de cambio espurio de las reglas del juego, incompetencia, electoralismo, carencia de proyecto, corrupción, revanchismo, oportunismo…, y en última instancia como una amenaza a la convivencia, al imperio de la ley, la Constitución, los valores establecidos o el consenso democrático. En este tipo de estrategia deliberada predomina la negación del adversario y de su legitimidad para actuar en la forma en la que lo hace y se contrapone a otro esquema de relación más fluida en el que coexisten momentos de tirantez y de relajación, y en el que predomina la negociación y el intercambio por grandes que sean las diferencias. Mientras en esta última situación la crispación ocupa un lugar coyuntural, lábil, expresión de graves divergencias respecto a algún punto concreto, en el caso de la estrategia de la crispación la tensión se instala de forma sistemática, incluso sobre cuestiones de mínima significación.

La crispación es un estado pasajero, pero la estrategia de la crispación es permanente. Se vincula tanto a la aspereza de las formas utilizadas como a la concentración de la agenda política en torno a unos temas sobre los que, habitualmente, debería existir algún tipo de consenso, explícito o implícito, para dejar al margen del debate político o de la competición electoral (por ejemplo, el terrorismo). Estamos viendo cómo crea una atmósfera irrespirable entre la ciudadanía. Forma parte de esa estrategia responsabilizar de la situación a quien la padece y no a quien la provoca: ejercer de bombero pirómano. De hecho, ese es uno de los objetivos de la estrategia de la crispación: generarla para a continuación responsabilizar de ella a los demás.

¿Por qué hay actores políticos, a veces en la oposición, a veces en los Gobiernos, que ponen en marcha deliberadamente una estrategia de la crispación? ¿Qué ganan con ello? Hay analistas que la identifican directamente con la cercanía de hipotéticos procesos electorales, pero también hay otros elementos estrechamente vinculados entre sí: los ideológicos y los instrumentales. El elemento ideológico se refiere al grado de legitimidad que la oposición reconoce al Gobierno, y viceversa. El funcionamiento normal de la democracia requiere la aceptación y el respeto por parte de los actores de algunas reglas no escritas: 1) el que pierde reconoce su derrota; 2) el que gana respeta al derrotado y no lo persigue; 3) para ganar no todo vale.

El elemento instrumental para propiciar la estrategia de la crispación constituye la otra cara del ideológico. Si uno de los grandes partidos que compiten por el Gobierno subordina cualquier consideración a ese objetivo y entiende que una atmósfera de crispación lo favorece en mayor medida que a su adversario, es muy probable que la promueva. La explicación, que casi siempre es la misma, se puede resumir así: 1) las elecciones no se ganan sino que se pierden y, por consiguiente, es inútil competir desde la oposición con el Gobierno; 2) es más difícil atraer a los sectores identificados con el Gobierno que desmovilizar a una parte de ellos (la anomia social); 3) en consecuencia, la estrategia para ganar consiste en movilizar a los nuestros, extremando las posiciones para asegurarnos su lealtad, y en atribuir la radicalización al adversario para desmovilizarlo en lo que se pueda.

Así, si la formación que lidera la estrategia de la crispación está en la oposición, a) renunciará a discutir las políticas del Gobierno tratando de deslegitimarlas por todos los medios; b) rechazará de forma sistemática las iniciativas del Gobierno, evitando competir con él mediante la contraposición de las suyas propias; c) se negará a aceptar cualquier oferta de acuerdo por parte del Gobierno, inclinándose a invertir los papeles y a exigirle a aquel acuerdos y compromisos basados en sus contrapropuestas, como si le correspondiera a la oposición la dirección de la política nacional, o d) introducirá en la agenda política asuntos de Estado, vedados por la tradición para la discusión interpartidista.

En esta estrategia hay rasgos que se repiten de modo sistemático y que generan ese clima pastoso en el que se desenvuelve la vida pública los últimos tiempos: 1) la deslocalización de la crítica al Gobierno trasladándola en parte de la arena parlamentaria a los medios de comunicación, de modo que el discurso parlamentario busca menos el intercambio de opiniones y propuestas que su eco mediático; 2) la desmesura en la crítica al adversario sin consideración ni respeto a las reglas que exigen la cortesía parlamentaria y la competición entre adversarios: desaparece la crítica para dejar paso a la descalificación sistemática y al insulto; 3) la magnificación de los errores de los demás, así como de las más mínimas discrepancias con ellos; 4) la distorsión de los hechos, negando haber realizado lo que consta en todas las hemerotecas y desautorizando las iniciativas del Gobierno no en función de sus resultados, sino de las “perversas” intenciones que se le atribuyen.

Aquel informe concluía con una reflexión que parece escrita hoy: una exigencia para consolidar y profundizar un régimen democrático es su capacidad para limitar la difusión de una oposición o de un Gobierno que actúan con deslealtad. Hay asuntos cuya gravedad debe ser reconocida por todos, o al menos por los principales partidos, lo que en consecuencia exige una actitud de autocontención por parte de todos, entre otras razones porque su solución favorece a la ciudadanía en su conjunto, a los actores políticos y a la lealtad al sistema democrático.

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