Prórroga obligada

El Gobierno se dispone a solicitar este miércoles del Congreso de los Diputados la cuarta prórroga del estado de alarma decretado el pasado marzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A diferencia de las tres ocasiones anteriores, la mayoría de los grupos parlamentarios, comenzando por los aliados del Ejecutivo, rechazaron inicialmente la solicitud, alegando una heterogénea variedad de argumentos políticos que sustituyen a los únicos aceptables, que serían los sanitarios. Haber alcanzado el momento en que es preciso reocupar ordenadamente los espacios sociales, laborales y económicos abandonados de urgencia para evitar los contagios no significa que la crisis esté controlada desde el punto de vista de la salud pública, sino que se ha entrado en una fase de control diferente.

Es un hecho que el Gobierno se ha desentendido hasta el último minuto de la gestión política del estado de alarma en el Congreso, dando por descontado que los principales grupos respaldarían la prórroga por la simple razón de que es obligada. Y esa carencia ha llegado hasta el extremo de plantear la votación en unos términos inaceptables: ni siquiera en tiempos de crisis puede un Gobierno exigir adhesiones amenazando con el caos como alternativa. El motivo de esta arriesgada estrategia de La Moncloa resulta irrelevante en este punto, puesto que todos los grupos parlamentarios son conscientes de que prescindir ahora del marco jurídico que habilita las medidas requeridas para contener la pandemia es, sencillamente, una grave irresponsabilidad. Así lo ha entendido Ciudadanos, consolidando un giro que contribuiría, de consolidarse, a despejar el horizonte político

Sugerir en estos momentos la existencia de otros instrumentos legales para conseguir los mismos objetivos que a través del estado de alarma, como hacen algunos líderes y algunos partidos, es escapar de un inexcusable deber político por la puerta de atrás de un debate jurídico artificial. No solo porque la ley de seguridad ciudadana y la de Salud Pública no permiten suspender con carácter general los derechos ciudadanos que garantiza la Constitución, sino, además, porque resulta sospechosamente contradictorio que los mismos que desde la oposición proponen entrar en un terreno jurídico incierto lo hagan porque, según ellos, es preciso evitar las incertidumbres inherentes al estado de alarma. El rigor que exigen es el mismo que deben aplicarse, en lugar de instalarse en un ventajismo insoportable que resulta tanto más evidente por cuanto está en juego la salud de los ciudadanos, además de su futuro inmediato. No se puede decir un día que el Gobierno adopta medidas que convierten el estado de alarma en un estado de excepción de hecho y al siguiente que esas mismas medidas estarían amparadas por leyes ordinarias.

El estado de alarma tiene que ser prorrogado, entre otras razones porque, de no serlo, la absurda crispación que ha regresado a la política española como un pájaro de mal agüero provocaría en el sistema constitucional un nuevo destrozo que sumar a los muchos que ya tiene en su haber. En este caso, sería el mismo Congreso de los Diputados elegido por los ciudadanos el que, desentendiéndose de sus responsabilidades, haría escarnio del colosal esfuerzo que estos han realizado durante las largas y angustiosas jornadas de confinamiento.