Ayudas estratégicas

La intención del Gobierno de apoyar la supervivencia de Iberia, aquejada por los problemas de liquidez que están sufriendo muchas empresas, se fundamenta en argumentos quizá discutibles, pero claros. Iberia, integrada en el grupo IAG, es una entidad estratégica, no solo por su carácter de lo que antaño se denominaba “campeón nacional”, sino porque constituye una pieza básica en la recuperación del turismo y del transporte aéreo, que son, con diferencia, las actividades más perjudicadas por la catastrófica irrupción del coronavirus. El mercado turístico necesita grupos de transporte de referencia, capaces de conectar los flujos de viajeros procedentes de Europa con los procedentes del otro lado del Atlántico; y ese es precisamente el papel que está cumpliendo la línea aérea española.

Las dificultades de Iberia no son consecuencia de su gestión, sino de una convulsión imprevisible y, presumiblemente, limitada en el tiempo. Otros países han entendido la conveniencia de sostener sus grupos de transporte aéreo de referencia, como Francia y Holanda con KLM-Air France, Noruega con Norwegian, Alemania con Lufthansa, de la que ha comprado el 25% en un movimiento discutible, o Estados Unidos con sus líneas. No sería sensato dejar que desaparezcan las redes de transporte aéreo por un desastre sobrevenido.

Ahora bien, la racionalidad estratégica tiene que acompañarse en este caso con la regulación normativa. Las ayudas del Estado están perfectamente tipificadas por las normas europeas, y han provocado históricamente numerosos conflictos legales y de intereses entre Estados. Por esa razón sería aconsejable que los apoyos financieros a Iberia se desarrollen no solo de forma coordinada con los países más afectados por la crisis vírica, como Francia, Italia o Alemania, sino, sobre todo, en un nuevo marco legal europeo sobre ayudas de Estado, obligado por la covid-19, que la Comisión parece dispuesta a elaborar. Incluso en periodos de tribulación, es conveniente no dar pasos en falso.