Afrodescendientes en América Latina: los retos de la covid-19

Según los datos que compila la Universidad Johns Hopkins, en la tarde del 1 de mayo los países de América Latina tenían cerca de 225.000 contagiados por la covid-19 y registraban casi 12.000 fallecidos por la enfermedad. Hay países en los que el número de casos crece aceleradamente, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los Gobiernos y los sistemas de salud. El virus ha desbordado capacidades hospitalarias y de atención en varios países de Europa y en Estados Unidos.

América Latina enfrenta la pandemia desde una posición más débil. Sus sistemas de salud están marcados por profundas desigualdades en cuanto al acceso y la calidad de los servicios. Las víctimas del virus se concentran, precisamente, en sectores vulnerables, que son también aquellos que tienen menor acceso a la atención médica y a las instituciones hospitalarias. De acuerdo con la CEPAL, más del 30% de la población la región, unos 190 millones de personas, ya vivía en la pobreza hacia fines del 2019. Esto era antes de que llegara la covid-19.

En ese contexto, hay un grupo poblacional que, a pesar de acumular vulnerabilidades históricas específicas, apenas ha recibido atención en los planes de respuesta y atención de los Gobiernos: las personas afrodescendientes. Descendientes de los millones de hombres y mujeres esclavizados que arribaron a las Américas durante el periodo colonial, representan más de 130 millones de personas, entre un 20 y un 25% de la población total. El grupo registra sistemáticamente las peores cifras en indicadores fundamentales de bienestar económico y social. Según el Banco Mundial, mientras en el 2015 los afrodescendientes constituían un 38% de la población de seis países de la región para los que existen datos confiables, incluyendo Brasil, su proporción entre los pobres (47%) y entre las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema (49%) era muy superior. La población afrodescendiente está sobrerrepresentada entre los sectores con menores ingresos, experimenta tasas superiores de mortalidad infantil, vive en peores condiciones y tienen menores niveles de escolaridad. Para decirlo brevemente, en América Latina las diferencias étnicas y raciales ocupan un papel central y determinante en la desigualdad social.

Pero no se trata solamente de que las personas afrodescendientes enfrenten la pandemia desde una situación desventajosa en general. Existen, además, vulnerabilidades específicas, epidemiológicas y sociales, que aumentan los riesgos de este grupo poblacional. La información disponible sobre la covid-19 sugiere que la letalidad del virus aumenta entre pacientes con problemas médicos preexistentes. Muchas de las enfermedades vinculadas a mayores tasas de mortalidad afectan a la población afrodescendiente de forma desproporcional. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Brasil, por ejemplo, descubrió que en el 2012 la tasa de mortalidad por diabetes mellitus era muy superior entre los llamados pretos que entre los blancos y que lo mismo ocurría con la mortalidad asociada a la hipertensión arterial. Al mismo tiempo, las personas afrodescendientes enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de salud, en parte debido a su hacinamiento en las zonas más pobres, donde dichos servicios son deficitarios, pero también debido a la discriminación. Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de Perú en el 2011 reveló que entre pacientes afroperuanos que habían sufrido una enfermedad en los meses anteriores, un 70% decidió no buscarasistencia médica debido a la discriminación racial que se percibe en los centros hospitalarios. Según la CEPAL, en Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica y Uruguay, el número de mujeres embarazadas con acceso regular a servicios prenatales es inferior entre las mujeres afrodescendientes que entre las no afrodescendientes.

A pesar de estas vulnerabilidades y de sus consecuencias potenciales, la información disponible sobre el impacto de la covid-19 entre las personas afrodescendientes de América Latina es prácticamente nula. En una reunión reciente de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendientes (RIAFRO), los representantes gubernamentales de una decena de países destacaron la importancia de mejorar la calidad de información diferenciada por raza y etnicidad para mejorar la capacidad de respuesta de los Gobiernos.

Como destacaron muchos de los representantes, los programas de apoyo alimentario y financiero frecuentemente no alcanzan a las poblaciones afrodescendientes en la proporción justa o necesaria. Muchas personas afrodescendientes trabajan en el sector informal, son independientes y tienen dificultad para acceder a programas institucionales de apoyo a los desempleados. El servicio doméstico, por ejemplo, constituye un sector precario en lo que concierne a protecciones laborales y beneficios fiscales, pero es al mismo tiempo un espacio en el que las mujeres afrodescendientes están sobrerrepresentadas. CEPAL estimaba en el 2017 que más de un 60% de todas las trabajadoras domésticas en la región son afrodescendientes. Estas trabajadoras realizan actividades de altísimo riesgo y lo hacen desde una desprotección casi total. Igualmente desprotegidas se hallan comunidades que carecen de infraestructura hospitalaria y que participan en las economías locales desde la informalidad. En servicios vinculados al turismo y el transporte informal su desprotección es también casi total –como en el caso de las trabajadoras domésticas.

La falta de estadísticas y de atención a las poblaciones afrodescendientes invisibiliza el impacto diferenciado del COVID-19 entre los más vulnerables, aquellos que necesitan más ayuda y que enfrentan la epidemia desde posiciones singularmente desventajosas. En este sentido las cifras procedentes de Estados Unidos son inequívocas y contundentes: las tasas de infección y especialmente de mortalidad son mucho mayores entre los afroamericanos.

Algunos expertos dicen que el virus no discrimina; sin embargo, en las Américas, este virus impacta desproporcionalmente a poblaciones históricamente discriminadas como la afrodescendiente. Es imperativo que los gobiernos atiendan de manera urgente este tema para garantizar que la pandemia no refuerce aún más las brechas étnicas y raciales tradicionales.

Alejandro de la Fuente forma parte del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas, Universidad de Harvard.

Susana Matute es presidenta de la RIAFRO.

Judith Morrison forma parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Roberto Rojas Dávila forma parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG/OEA).