El caso de los ‘call centers’ de Jalisco: nadie merece desaparecer

Es un día normal en la vida de siete familias en Jalisco. Un día en el que siete personas jóvenes salieron a trabajar a dos call centers en las colonias Jardines Vallarta y La Estancia, en el municipio de Zapopan, el más pujante de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Es lunes 22 de mayo. Un día en el que se despidieron de sus familias, sin saber aún que cambiaría la forma de estas de entender el mundo. Fue el último día en el que les vieron con vida.

Ese día Arturo Robles Corona, Jorge Miguel Moreno Morales, Mayra Karina Velázquez Durán, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Juan Antonio Estrada, Carlos David e Itzel Abigail Valladolid Hernández salieron a sus trabajos como usualmente lo hacían. Luego se sabría que una persona más, Carlos Benjamín García Cuevas, había desaparecido antes, el sábado 20 de mayo.

Los siguientes días fueron un calvario para las familias, que vivieron lo que decenas de miles de personas en México: incertidumbre, preocupación, impotencia, miedo, desconfianza, inseguridad.

Ante la desesperación y falta de información sobre el paradero de sus familiares, salieron a las calles a manifestarse y también lo hicieron afuera de la residencia oficial del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, situación cada vez más habitual en este Estado. Acudieron a los medios de comunicación y suplicaron el apoyo de la ciudadanía.

En más de una ocasión, voceras de familiares de las personas desaparecidas dijeron tener obstáculos para acceder a la carpeta de investigación del caso y relataron que, aunque eran convocadas por las autoridades a reuniones, había otra información relevante que sólo conocían por los datos que las autoridades daban a los medios de comunicación.

Fue así cómo esas familias dolidas, confundidas, desesperadas y toda la sociedad nos enteramos, el 30 de mayo, que los supuestos call centers eran en realidad una fachada de centros de fraudes y extorsiones. Eso dijo la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tras haber intercambiado información con el gobernador del estado.

Esta revelación, tan fuerte y sensible para las familias, la conocieron al mismo tiempo que cualquier otra persona que haya escuchado las declaraciones de la funcionaria federal.

Finalmente, el miércoles 31 de mayo se informó del hallazgo, en una zona de muy difícil acceso en la barranca de Huentitán, de decenas de bolsas que contenían restos humanos. Cincuenta bolsas, nos enteramos después de varios días. De forma preliminar, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinó que algunos de los restos eran de quienes unos días antes trabajaban en los call centers. La información se confirmó esta semana.

Lamentablemente, este caso, que ha estremecido a la opinión pública local y nacional, no es el único en la entidad. Desde hace varios años Jalisco ocupa el primer lugar de las desapariciones en México y se ha mantenido en ese deshonroso sitio: de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 7 de junio de este año se tenían 14.985 personas oficialmente registradas como desaparecidas. Oficialmente, porque el subregistro o cifra negra en México sobrepasa el 90%, como reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (ENVIPE) del Inegi. Según esta, durante 2021 no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación de 93,2% de los delitos cometidos.

Jalisco también se encuentra a la cabeza de las fosas clandestinas. La más grande que se ha encontrado en México está en la ZMG, en el municipio de Tlajomulco y, según el Índice de Paz México 2023, “Durante el periodo de 15 años, […] el estado que registró el mayor número de cuerpos exhumados [de fosas] fue Jalisco, con 1.107″.

Otros datos adicionales son los que reporta el registro de personas desaparecidas en Jalisco, conocido como Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID). Esa plataforma documenta un alto número de desapariciones que no se denuncia ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y cuyas familias sólo acuden a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco. Del 1 de enero al 30 de abril de 2023 se han presentado 573 denuncias de casos de hombres desaparecidos, mientras que existen otros 134 que no se denunciaron. En cuanto a casos de mujeres, se han presentado 81 denuncias y otros 71 casos no la tienen (SISOVID, 2023). La falta de denuncia inhibe a las autoridades a identificar a los responsables.

La crisis de desapariciones e impunidad en México ha puesto al país en la lupa del escrutinio internacional por años. No hay organismo de derechos humanos que no se haya pronunciado sobre esta problemática, que está ligada a una diversidad de aspectos multifactoriales y estructurales que siguen arraigados en el país.

Lo lamentable, reprobable e inexplicable es que, aun cuando México ya superó las 110.000 personas desaparecidas —a la fecha existen 110.878, según el RNPDNO—, el Estado mexicano no puede poner fin a este problema que está rodeado por una altísima tasa de impunidad; una crisis forense que no ha podido ser resuelta aun con los encomiables esfuerzos del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF); la falta de atención pronta e integral a las familias, y, sobre todo, porque no existe una política pública de prevención y erradicación de las desapariciones, como recomendó el informe de visita del Comité contra la Desaparición Forzada de 2022.

El caso de los call centers muestra una serie de elementos que se repiten constantemente y que es importante atender: la ausencia de mecanismos eficaces para dar información completa y actualizada a las familias, y para dar acceso a las investigaciones en desapariciones colectivas; la restricción para hablar de la vida privada y los antecedentes de las personas desaparecidas, y la importancia de no dar carpetazo a los casos una vez que se ha encontrado a las personas.

Esto último es fundamental: nos acercaría a las garantías de no repetición —la justicia tiene un efecto inhibidor de conductas delictivas o ilegales— y permitiría avanzar en temas estructurales, como el análisis de contexto que logre identificar los factores de riesgo (entre ellos, el género, la edad y la condición social), víctimas potenciales, perpetradores, lugares donde se cometen más desapariciones, entre otros, para adoptar políticas públicas eficaces en las que historias como las vividas por ocho familias tengan esa profundidad de respuesta.

Finalmente, un tema no menor es el de la criminalización y estigmatización de las víctimas. El Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO, universidad jesuita de Guadalajara, elaboró el diagnóstico titulado Nadie merece desaparecer, en el que insistimos en que ninguna persona, sin importar las actividades que realiza, su comportamiento o condición, debe ser víctima de este flagelo. Ninguna familia tendría que pasar por esto que, en los hechos, crea categorías de personas respecto de las cuales la sociedad sí debería indignarse y las autoridades destinar recursos para su búsqueda e identificación y sancionar a los responsables.

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