Estafas telefónicas, el Cartel de Jalisco y turistas estadounidenses: las incógnitas detrás del crimen del ‘call center’

Desde que desapareció hace más de una semana el primer trabajador del call center en Zapopan, Jalisco, el caso de los ocho jóvenes no ha dejado más que preguntas, y alguna respuesta. La Fiscalía de Jalisco no ayuda. Las familias se enteran de los escasos avances por los medios y la información que reciben está troceada, tiene huecos por todas partes. “El fiscal dice que se nos está informando. No, en absoluto”, decía el jueves a este periódico Beatriz Robles, hermana de uno de los desaparecidos.

Ese mismo día, uno de los dispositivos de búsqueda que organizaron las autoridades encontró restos de cuerpos en el fondo de la Barranca de Huentitán, al oeste de Guadalajara, cerca de donde desaparecieron los jóvenes. El viernes revelaron que pertenecían a “algunos” de los desaparecidos, pero no precisaron a quiénes ni cuántos. Las pistas sobre los perpetradores apuntan al Cartel Jalisco Nueva Generación, y su entrada reciente en el negocio de las estafas telefónicas. Estas son las incógnitas sobre las que gira el crimen del call center:

Los ocho desaparecidos

El sábado 20 de mayo declaran como desaparecido a Carlos Benjamín, un hombre de 31 años con una cicatriz en la frente y el pelo ondulado y corto. Trabajaba en un call center en Zapopan, pero este detalle no parecía importante la primera vez que su familia acudió a la Fiscalía. Su hijo vivía solo y la última vez que se comunicaron, el joven se iba a lavar la ropa a la lavandería, contó al Heraldo de México su madre, que intentó contactar con su amiga, Itzel Abigail, de 27 años. Ella tampoco contestaba, así que aviso a la madre de Itzel. Dos días después, declaraban como desaparecidos a ella y a su hermano, Carlos David, de 23 años. Itzel tenía varios tatuajes, unas flores en el brazo derecho y un colibrí en el antebrazo izquierdo.

Aquel día también salieron las fichas de búsqueda de Jesús Alfredo Salazar y Arturo Robles, de 37 y 30 años, y Mayra Karina Velázquez, de 29 años. Ya son seis. Sandra Anali Ramírez, de 33 años, tenía muchos lunares, según su ficha de búsqueda, uno en la nariz, otro en el pecho y otro en la espalda. Una cicatriz en el abdomen y una quemadura en la mano izquierda. Desapareció el 29 de mayo. También trabajaba en el call center al que pertenecían el resto de las personas. Los padres, preguntados sobre las actividades presuntamente ilegales que sus hijos realizaban en aquel establecimiento, han asegurado no saber nada. Sus hijos les contaban que vendían paquetes vacacionales a extranjeros.

Cuando las autoridades entraron en los locales en los que trabajaban los jóvenes, se encontraron marihuana, sangre, planes con objetivos de ganancias, nombres con personas extranjeras y cables cortados. Los primeros días dejaron caer algún comentario con respecto a las actividades que realizaban allí. No eran precisamente legales. El gobernador Enrique Alfaro reveló que habían elevado el asunto a la Secretaría de Seguridad Pública nacional, dirigida por Rosa Icela Rodríguez, por tratarse de un asunto que involucraba a la “delincuencia organizada”, aunque no nombró a ningún cartel en concreto. También dijo que estaban hablando con Estados Unidos, pero no dijo por qué.

Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia mañanera del presidente, dijo que “no se trata de, digamos, jóvenes que estuvieran en una casa en donde tuvieran incluso permiso para trabajar aquí”. Los primeros indicios indicaban que allí se estaba realizando “algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas”. Poco después, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, declaró que una de las líneas de investigación apunta a que el call center se ofrecían tiempos compartidos a extranjeros, es decir, vendían estancias en casas de la costa de Jalisco para vivir durante los meses de verano.

Ante el paso del tiempo y el silencio de las autoridades, los medios mexicanos sacaron a la luz un informe que había pasado sin pena ni gloria cuando se publicó, a finales de abril, en la web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El 27 de abril, el Departamento del Tesoro publica un informe en el que expone una red de empresas conectadas con el CJNG, pero que se dedicaban a un negocio más prosaico que el del narcotráfico: las estafas por teléfono. Una célula del grupo criminal radicada en Puerto Vallarta se había especializado en un tipo muy particular de fraude telefónico: robarse los ahorros de estadounidenses retirados, haciéndoles creer que estaban adquiriendo o alquilando una residencia vacacional en las codiciadas playas de México.

Brian Nelson, el subsecretario de Inteligencia Financiera en el Departamento del Tesoro, ha destacado la importancia de esta actividad para la financiación del cartel en Puerto Vallarta: “El fraude del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico en la zona de Puerto Vallarta y en otros lugares, es una importante fuente de ingresos que sustenta la actividad delictiva general del grupo”. Eduardo Pardo Espino, mexicano de 45 años, está identificado como el jefe de esta trama, y ha sido sancionado junto con los otros seis individuos que presuntamente estaban bajo su mando. El objetivo de estas sanciones es bloquear los bienes y participaciones que tengan las personas designadas en Estados Unidos.

Los jóvenes, presuntamente, trabajaban estafando a turistas extranjeros, les vendían lo mismo que la trama destapada por el informe: alquileres en departamentos en la costa. La Fiscalía informó de que, personas que estaban en la zona cuando se los llevaron, pudieron constatar un fuerte operativo “propio del crimen organizado”, con grandes vehículos y gente armada. Con todo esto sobre la mesa, nadie ha dicho todavía que estuvieran, de facto, trabajando para el cartel. Se han dado los nombres de sus empleadores, de los propietarios de los locales donde trabajaban, pero la Fiscalía no ha establecido ningún vínculo formal con el grupo criminal.

Cuerpos desmembrados en una barranca

Un poco de información, y mil preguntas más. El miércoles, la Fiscalía encontró los cuerpos de seres humanos en el fondo de la Barranca de Huentitán, al oeste de Guadalajara, cerca de donde desaparecieron los jóvenes. Es una zona sin apenas vegetación, de tierra seca y muchas pendientes. Los cuerpos desmembrados están a cuarenta metros de profundidad, en una zona de difícil acceso. El diario Milenio ha contado que la gente del pueblo cercano vio llegar unos vehículos hasta allí en la noche del martes, que los perros empezaron a ladrar. Al amanecer, desde el fondo de la barranca llegaba un olor fétido muy fuerte.

Una llamada anónima avisó a la Fiscalía y sus equipos se acercaron hasta allí. Descubrieron los cuerpos desmembrados, que fueron metiendo en bolsas negras hasta llegar a unas 50, que fueron sacando de la barranca gracias a un helicóptero. Ante el despliegue de medios, la única pista que dieron que pudiera relacionar esos cuerpos con los ocho desaparecidos, fue que los encontraron en medio de un operativo de búsqueda. Nada más. Al día siguiente, este viernes, emitieron un comunicado que decía que “algunos” de los restos tenían características que permitían identificarlos con algunos de los trabajadores desaparecidos. Hasta ahí. Ahora están esperando el análisis forense para confirmar las identidades.

Beatriz Robles, que ya no habla con la prensa después de la última reunión con la Fiscalía, tuvo que acudir allí varias veces para darse cuenta de la magnitud del problema, en un Estado que acumula más desaparecidos que ningún otro desde que hay registros. “Llegas allí y ves que las paredes están llenas de fichas de personas desaparecidas”, contaba. En un país con cifras de impunidad, violencia y desapariciones que rayan en lo catastrófico, Jalisco cuenta más desaparecidos que ningún otro Estado: casi 15.000 desde que hay registros. Al siguiente que la Fiscalía les llamó para darles información, otra experiencia que la enfrentó con la realidad más cruda, con la de aquellos que, a diferencia de su hermano, no reciben la atención mediática y de las autoridades. “Se nos citó otra vez, y estando allí conozco a un padre que tenía a su hija de 16 años desaparecida desde el sábado. Nadie hace nada por ella”.

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