Las familias de los jóvenes del ‘call center’ piden al Gobierno de Jalisco los cuerpos para darles sepultura

Encontraron sus cuerpos hace más de una semana, pero sus familias todavía no han podido darles sepultura. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha justificado este viernes la tardanza del Instituto Forense, que determinó el 6 de junio que la identidad de los cuerpos encontrados en una barranca en Guadalajara, capital del Estado, el pasado 31 de mayo pertenecen a los ocho jóvenes desaparecidos cuando acudieron a trabajar a un supuesto call center. La línea de investigación principal de las autoridades apunta a que el trabajo que hacían no era del todo legal, y que la actividad principal era estafar a turistas estadounidenses para comprar o alquilar propiedades inexistentes en Puerto Vallarta, uno de los enclaves turísticos por excelencia en México.

Los familiares de las víctimas también hacen su batalla en las calles y con las organizaciones de derechos humanos. Varios familiares de las víctimas han presentado una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Quieren acelerar el proceso y que se les entregue cuanto antes a sus seres queridos. Javier Perlasca, de la comisión, informó que las familias habían pedido la devolución de los cuerpos y “que se agilicen las investigaciones a fin de que se esclarezca la verdad y las causas por la cuales fueron desaparecidos los jóvenes”.

El gobernador de Jalisco ha pedido tiempo. “Es un proceso complejo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. La búsqueda y localización de los jóvenes fue rápida en condiciones muy complicadas, y ahora se está procesando a toda velocidad en ciencias forenses”, ha dicho Alfaro. “Nosotros lo que queremos es que la investigación llegué hasta sus últimas consecuencias y que se aclare cuanto antes qué sucedió y por qué”, ha aseverado el mandatario, ante las protestas de organizaciones de derechos humanos y las familias, que denuncian la escasa información que hay hasta el momento sobre los sujetos que secuestraron a los jóvenes y les dejaron muertos en el fondo de una barranca.

La investigación del caso del call center ya involucra a instancias estatales, nacionales e internacionales. El 20 de mayo dieron como desaparecido a Carlos Benjamín Cuevas, de 31 años. Los días siguientes, el goteo de desaparecidos fue constante, hasta llegar a los ocho cuerpos que han sido encontrados: Arturo Robles, 30, Jorge Miguel Moreno, 28, Mayra Karina Velázquez, 29, Jesús Alfredo Salazar, 37, Juan Antonio Estrada, 34, y los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid, de 27 y 23 años. El asunto escaló cuando las autoridades relacionaron el call center con un negocio de estafas telefónicas que presuntamente dirigía el Cartel Jalisco Nueva Generación —aquí empezó a colaborar la Fiscalía de la República— y a través de la cual quitaban sus ahorros a turistas estadounidenses —aquí entró el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro—.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refería también a ese proceso de investigación conjunta. “Vamos a tener toda la cooperación, pero hay que recordar que la cooperación con agencias internacionales tiene que coordinarse con la Federación”, apuntó. “Hemos estado atentos a este caso y estamos trabajando con el gobierno de Jalisco, y también tomando en cuenta algunas recomendaciones con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este asunto”, dijo el presidente.

La principal hipótesis que manejan las autoridades hasta el momento es que los jóvenes intentaron desertar del trabajo, y fueron ajusticiados por el Cartel de Jalisco Nueva Generación para dar una lección al resto de empleados, según informa Milenio a través de una fuente en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La fuente explicó que tienen conocimiento de otras ocasiones en las que los criminales actuaron de manera similar para amedrentar al resto de los trabajadores. Las autoridades nacionales, tanto la Fiscalía de Jalisco como la Fiscalía General, no se han pronunciado al respecto.

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