La reforma más ambiciosa de López Obrador

No es secreto que la élite económica mexicana ha influido en la construcción de un entramado legal que los favorece y somete al Estado a una camisa de fuerza que promueve la inercia. Esta camisa de fuerza, tejida en preceptos legales furtivos e interpretaciones a modo, ha limitado la capacidad del Estado para construir obra pública, contratar bienes, otorgar servicios, e incluso diseñar su propio presupuesto.

El resultado es un Gobierno incapacitado para actuar con la agilidad que se requiere para procurar el desarrollo económico.

Con la legislación actual y los litigios estratégicos que esta detona, desarrollar la infraestructura que le dio vida al México contemporáneo hubiera tomado décadas o sido francamente imposible. La construcción de 133 kilómetros de ejes viales en los años setenta o de la Central de Abasto en los ochenta requirió de un Estado capaz de expropiar cientos de propiedades y reubicar a miles de familias en busca del bien común. Ambos proyectos fueron desarrollados en menos de dos años, algo impensable bajo el clima legal actual.

El marco legal incapacitante que hoy tenemos no fue creado de mala fe. Se gestó en la simple y llana desconfianza. En su momento se pensó correcto restringir el actuar de un Estado que, por doctrina, era considerado incompetente y corrupto.

De hecho, muchos todavía creen que la constricción draconiana del Estado mexicano es positiva. Su principal argumento es el temor. Desde las derechas, se teme que el Estado se vuelva demasiado fuerte y pueda incidir en los designios del mercado con obras de gran calado. Desde las izquierdas, se teme que un Estado no acotado sea capturado por los intereses de las élites o tenga carta blanca para afectar al medio ambiente o a los indígenas.

No comparto estas opiniones. No hay duda de que el Estado debe rendir cuentas y tener limitantes. Sin ellas, la democracia se erosiona y la calidad de las decisiones públicas disminuye. Sin embargo, tampoco podemos negar que muchas de las buenas intenciones que se encuentran codificadas en ley han dado vida a un entramado legal complejo e inhabilitante que atrofia al Estado.

Esto no solo ha pasado en México. Como ha mostrado el trabajo de la profesora-investigadora de la Universidad de Harvard, Alisha Holland, Colombia está en la misma situación. Su constitución tiene restricciones tan fuertes a la expropiación que el país ha quedado de facto impedido para construir carreteras. Así, Colombia es uno de los países con peor infraestructura carretera de Latinoamérica. Dos de cada tres proyectos quedan congelados por decisiones de jueces que, en ocasiones, operan coludidos con privados.

Es en este contexto que la iniciativa de López Obrador cobra relevancia. México necesita ampliar el margen de maniobra de su Estado y la propuesta es hacerlo cinco aspectos clave.

Primero, facilitar la construcción de obras que tienen interés social. Actualmente, la totalidad de los dictámenes y permisos de una obra deben tenerse antes de comenzarla. Esto retrasa años el inicio de cualquier proyecto. La iniciativa busca que, en casos de interés social y bajo estricta supervisión de las instancias relacionadas, la obra pueda comenzar mientras se terminan los trámites. Esto no exenta a la obra de obtener permisos.

Segundo, se busca limitar la cantidad de indemnizaciones que se pagan. Para ello, se pide que su valor sea calculado con respecto a la ley de expropiación y no a precio de mercado. Además, se anula el resarcimiento cuando el actuar del Estado esté motivado en el interés social, o cuando quien va a recibir el resarcimiento haya obtenido el bien en cuestión violando la ley.

Tercero, se da certeza a qué actos administrativos pueden declararse nulos. Actualmente, la nulidad ha sido el campo de juego favorito de los despachos legales. Con base en triquiñuelas legales, estos han logrado que actos nulos no sean anulados de origen o que los servidores públicos no queden liberados de cumplir con actos nulos. La propuesta es que lo anterior cambie y que ningún acto contrario a la ley pueda quedar jurídicamente firme.

Cuarto, se quiebran monopolios de compras públicas. Se permitirá que empresas extranjeras puedan participar en licitaciones y que, en casos de urgencias médicas o de seguridad nacional, se puedan pagar anticipos de más del 50% para la adquisición de bienes. Esto abre mercados y favorece que los precios bajen.

Finalmente, se pide que todos los contratos que firme el Estado incluyan una cláusula de terminación anticipada. Hasta ahora, los privados dejan de incluirla a propósito, a fin de dificultar el cambio de proveedores. La nueva obligación replica la legislación existe en Francia, Argentina y Perú.

No hay duda de que la discusión de estas cinco secciones será controversial. No comparto todas las ideas en ellas vertidas. Sin embargo, tampoco comparto la visión de que toda la iniciativa es una herejía antimercado digna de “país bananero” (sic). Por el contrario, esta iniciativa será estudiada en la escuela como una radiografía de todas las formas en las que los despachos legales han logrado interpretar la ley a modo para marginalizar al Estado.

En países desarrollados hablar de estos temas no es herejía. En Estados Unidos, existen docenas de trabajos que ha mostrado cómo la ley dificulta el desarrollo de obra pública. Hay un clamor para cambiarlo y volver a un Estado que pueda construir de nuevo.

En México también es momento de cuestionar nuestros supuestos. De preguntarnos si en verdad necesitamos que el interés privado, disfrazado de ley, imposibilite la consecución del bien común. O si necesitamos una litigiosidad que inmoviliza y congela la acción pública. El presidente se nos ha adelantado en esta discusión y anticipo que no será popular. México no está preparado para una discusión profunda y no ideológica sobre el Estado que queremos.