En el país de los encargos, sin cargos

La respuesta del responsable de cuidar la integridad de los casi 40 migrantes que fallecieron en el incendio del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez fue sencilla: no era mi encargo.

Con esa respuesta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desconoció el artículo 90 constitucional y argumentó, con base en su sentir, que el verdadero encargado del INM no era él, sino el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues era a este último a quien López Obrador le había dado “el encargo” de la agenda migratoria.

Muchos interpretaron la cínica respuesta de Adán como una estrategia de campaña, una intentona por descarrilar las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard y salir indemne ante la opinión pública.

La verdad es más desoladora. La realidad es que dentro del Gobierno de López Obrador los más altos mandos están convencidos de que sus cargos no son los descritos en la ley, sino las responsabilidades que en privado el presidente les ha encomendado.

Así, con López Obrador la Secretaría de Economía no es la encargada de fomentar la industria, sino la oficina de negociación con empresarios extranjeros; el Fonatur no es la institución encargada de la consolidación de la industria turística, sino del presupuesto del Tren Maya; y el IMSS no es la oficina donde se vela por los afiliados, sino donde se diseña la seguridad social universal. Con López Obrador el encargo es rey.

A esta forma de gobierno, los cercanos a López Obrador le llaman “gobierno de guerrilla”. Una forma de concebir a la función pública que no valora la profesionalización, ni la pulcritud, ni la mesura de una burocracia, sino la permisividad, la acción y la capacidad de resolver al margen de las restricciones existentes. La meta, se dicen, es lograr el objetivo, como sea en cuanto sea posible, aun si ello requiere pasar por encima de preceptos legales, marcos de acción o mandatos específicos.

Habrá quien piense que esto siempre ha sido así, que los secretarios de Estado siempre han velado por agendas particulares asignadas a ellos por el presidente en turno. Pero no, lo que actualmente ocurre es diferente. Los encargos de López Obrador no describen agendas prioritarias dentro de los cargos de cada institución, como ha sucedido siempre. Por el contrario, los encargos sustituyen y cambian los cargos. Así, en este Gobierno el cargo se ha vuelto opcional, una suerte de título insubstancial que no refleja el trabajo que día a día se realiza con el encargo.

Algunos conciben a la afrenta contra los cargos y el cobijo de los encargos como una lucha loable contra la burguesía burocrática, su típica inflexibilidad e ineficiencia. Los cargos son rígidos e intransigentes, dicen, mientras que los encargos son innovadores y funcionales.

Lamentablemente, no es así. Como ha mostrado el incendio del Inami en Ciudad Juárez, en la cotidianidad, el encargo es una forma peligrosa de diluir responsabilidades, simular la rendición de cuentas y operar con violaciones a la regulación. El encargo, en un Gobierno como el nuestro, no es flexibilidad, es con frecuencia una simple violación administrativa.

El Gobierno por encargo dejará muchos afectados. Será peligroso, no solo para la ciudadanía que ya no sabe a quién se debe pedir cuentas, sino para los mandos medios y bajos de la burocracia que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas sobre sus cargos. Serán ellos quienes eventualmente sean responsabilizados por encargarse de aspectos que estaban descritos en su cargo, o peor aún, por los errores cometidos por los encargados de su cargo. Vendrá un momento, como en toda democracia, en que Morena ya no gobierne y cuando eso suceda el sistema judicial no juzgará a los mandos por su encargo, sino por su cargo. Muchos caerán.

Solo entonces se volverá evidente que el único que se ha beneficiado del Gobierno por encargo, y no por cargo, ha sido López Obrador. Gracias a ello ha logrado concentrar poder y cambiar el funcionamiento de la burocracia sin tener que cambiar la ley. No alcanzamos a comprender el daño que el presidente ha hecho a la función pública con esta forma de operar. El tiempo evidenciará a los damnificados.

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