Por qué es insuficiente la política migratoria de Joe Biden

Parte de lo que está en juego en la elección del martes en Estados Unidos es el rumbo de la política migratoria y sus implicaciones para la región. Si Donald Trump gana es claro que continuará la expansión de las políticas de control en la frontera y al interior del país, las detenciones y deportaciones, y las restricciones al ingreso de refugiados y solicitantes de asilo, enmarcados en un discurso nacionalista y contra los migrantes. Ahora estaría apoyado por una mayoría conservadora en la Suprema Corte y un contexto de covid-19 que hasta ahora le ha funcionado para justificar el cierre de las fronteras.

Joe Biden promete revertir las acciones ejecutivas y las políticas que se han puesto en marcha desde 2017, incluyendo las restricciones de viaje para ciertos países considerados de alto riesgo para la seguridad, la construcción del muro fronterizo, la suspensión de los programas de protección temporal (TPS), la renovación y ampliación del programa de acción diferida (DACA), la separación de familias en la frontera y el programa Quédate en México, entre otras medidas.

La agenda migratoria de Biden es amplia y sumamente ambiciosa. Responde a muchas demandas históricas de grupos defensores de los derechos de las personas migrantes, incluyendo programas de regularización para personas indocumentadas y trabajadores temporales y más recursos para atender el rezago en la atención de casos de asilo y refugio en las cortes. Retoma una agenda de largo plazo que incluye inversión en programas de apoyo comunitario e inclusión para personas migrantes y proyectos de desarrollo regional con México y los países centroamericanos. Se queda corta ante la agenda progresista de suspender deportaciones o abolir centros de detención y la agencia de control migratorio (ICE).

Frente a estas propuestas, es fundamental la pregunta que la moderadora Kristen Welker hizo en el último debate presidencial: si la Administración Obama-Biden hizo promesas similares que no se cumplieron en ocho años, ¿Por qué habría que confiar que esta vez puede lograrlo?

Hay que considerar, por un lado, cómo ha cambiado el contexto desde la llegada de Trump al poder, con un discurso contra los migrantes envalentonado y una brecha más amplia entre los grupos a favor y en contra de la migración; una situación económica delicada como resultado de la pandemia con altas tasas de desempleo; y nuevos flujos migratorios desde Centroamérica y otros países, incluyendo caravanas, que han creado nuevas presiones en la frontera. Todo esto dificulta aún más la búsqueda de consensos en un tema que históricamente ha sido polémico y que requeriría una mayoría demócrata en el Congreso para lograr cambios legislativos.

Por otro lado, está el antecedente de la política migratoria de la Administración Obama-Biden. En su afán por “apegarse a la ley” y complacer a sus contrapartes republicanas para lograr avanzar en sus propuestas de reforma migratoria, se convirtió en el Gobierno que más personas ha deportado. La infraestructura de centros de detención y deportaciones creció significativamente en este periodo y, como lo señaló el propio Trump, fue la base sobre la cual su Gobierno amplió estas políticas de control: “ustedes construyeron las jaulas”, acusó. Antes de Obama, fue también el Gobierno demócrata de Bill Clinton el que inició la construcción del muro en la frontera en 1993 y el que aprobó las leyes migratorias de 1996 que restringieron el acceso a servicios públicos a los migrantes. Ambos sistemas ampliados por el Gobierno de Trump.

La Administración Obama-Biden colaboró con el Gobierno de México para poner en práctica la estrategia del Programa Frontera Sur en 2014, que resultó en mayores riesgos en el cruce para los migrantes en tránsitos. Este programa ha sido la base para ampliar las políticas de control en la frontera sur bajo el principio de “prevención por medio de la disuasión” que ideó el periodo de Clinton en los años noventa. Con esta misma lógica, México ha aceptado el programa Quédate en México y la realidad de que ahora existan campos de refugiados en ambas fronteras.

Si Biden gana la presidencia sin duda sería un alivio que en sus primeros cien días revirtiera algunas de las políticas actuales. Su discurso pondría en el centro los derechos humanos y la justicia en lugar de la criminalización, la migración y la xenofobia. No obstante, la agenda de Biden mantiene la lógica de poner en el centro la seguridad como eje de la política migratoria. Esta es la misma base sobre la cual tanto demócratas como republicanos han construido este sistema migratorio en los últimos 25 años y que ha sido llevado al extremo por Trump. Que Biden diga que va a construir un sistema de control en el que no se separen familias ni se violen derechos es insuficiente, considerando las promesas incumplidas durante su Administración y la realidad de cómo han operado históricamente la Patrulla Fronteriza, los agentes de ICE y las cortes, con lógicas propias que responden tanto a inercias burocráticas como a intereses económicos y políticos de empleadores de mano de obra migrante y gobiernos locales. La promesa de dar entrenamiento a la Patrulla Fronteriza o a los agentes de ICE para que no abusen de su poder y rindan cuentas es insuficiente e ingenua ante la realidad de cómo han operado siempre estas instituciones, incluso durante Gobiernos demócratas.

La esperanza de una transformación del sistema migratorio hacia una política humana y acorde con las realidades en la región requiere mucho más que un cambio de partido en el Gobierno. ¿Cómo evitar que Biden simplemente regrese a un statu quo que implicaría la continuación de un régimen de control en la frontera en el que cada año se separan millones de familias y se pierden cientos de vidas? Una de las consecuencias de las políticas migratorias de Trump es que han obligado a construir nuevas estrategias de resistencia, nuevas coaliciones y alianzas entre instituciones, organizaciones, grupos e individuos enfocados en los derechos de las personas migrantes, tanto en Estados Unidos como en la región.

Un cambio de Gobierno abriría espacio para que estos esfuerzos y recursos se redireccionen: de lo urgente y lo reactivo hacia el trabajo transformativo que muchos de estos grupos llevaban años desarrollando a favor de políticas migratorias que pongan en el centro la justicia, la igualdad oportunidades y el acceso a derechos, la abolición de los centros de detención, la desinversión en el aparato de control de la frontera y al interior del país, y la necesidad de atender las causas estructurales de la migración forzada en la región.

Alexándra Délano Alonso es profesora asociada de Estudios Globales en The New School.