Sesenta días de cacería de votos: los candidatos a jueces, magistrados y ministros arrancan sus campañas

Los plazos se han cumplido. Los 3.422 candidatos a jueces, magistrados y ministros inician este domingo un maratón de 60 días de campaña para conquistar a los votantes que elegirán entre una baraja de propuestas para ocupar los 881 cargos del Poder Judicial, que se disputarán en las urnas el 1 de junio. Del 30 de marzo al 28 de mayo, los aspirantes a alguno de los cargos de impartición de justicia deberán poner sus propuestas a la vista para darse a conocer con las limitaciones que les ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE). El mayor desafío, a partir de hoy, refieren los consejeros electorales, está en la participación ciudadana, la promoción de los comicios, y hacer lo suficientemente atractivo el proceso para despertar el interés de los votantes. Con todo eso, los pronósticos no son los mejores. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha calculado una participación de entre el 8% y el 15% del padrón electoral.

Los lineamientos que ha ordenado el INE ponen a los aspirantes frenos y candados con los que deberán buscar el favor de los votantes. Tan inusual como los mismos comicios, será la promoción que los postulantes hagan para hacerse visibles frente a los ciudadanos. Las campañas judiciales estarán muy lejos de los actos masivos o los grandes mítines que acostumbra la clase política en las contiendas electorales. Para los aspirantes a juzgadores, este tipo de actos están prohibidos, tienen como única herramienta propagandística el uso de las redes sociales y repartir propaganda impresa en papel durante la campaña.

Uno de los principales retos de las primeras elecciones judiciales será conseguir la mayor participación de la ciudadanía. “En procesos ordinarios, se puede recurrir al histórico, al comportamiento en otras elecciones. Aquí no tenemos un antecedente, no es comparable con los comicios federales, a la consulta o a la revocación de mandato”, refiere la consejera electoral Norma de la Cruz. Con todo eso, la autoridad electoral está obligada “a preparar una elección donde el 100% de las personas de la lista nominal puedan ejercer su voto”, sostiene. La presidenta del INE ha hecho en los últimos días un pronóstico poco alentador que sugiere una participación entre el 8% y el 15 % de los cerca de 99 millones de mexicanos en condiciones de votar. “Esperamos que se incremente y que recibamos una agradable sorpresa de participación masiva el primero de junio”, zanjó en una entrevista con Grupo Fórmula. La referencia más cercana que tiene el INE es la consulta de revocación de mandato, celebrada en 2022, fue hecho inédito que sacó a las urnas a cerca del 18% de la población en condiciones de votar.

En otra de las aristas de la elección, la falta de financiamiento público ha puesto contra las cuerdas a los postulantes. Las normativas de esta elección prohíben la contratación de espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse. Tampoco pueden comprar publicidad en medios de comunicación, redes sociales o espacios físicos para promover a ningún candidato. Queda excluida la participación de partidos políticos, y tampoco se puede pagar o difundir encuestas. El reto es mayúsculo para los candidatos que deben ajustarse para darse a conocer con esas limitaciones y para los ciudadanos que busquen información sobre las propuestas de los cientos de candidatos entre los que tendrán que elegir a sus próximos impartidores de justicia.

Las campañas judiciales arrancarán lejos de los actos masivos o los grandes mítines que acostumbra la clase política. Para los aspirantes a juzgadores, este tipo de actos han quedado prohibidos por la autoridad electoral. A diferencia de las campañas a cargos en el gobierno, diputados y senadores, la de los aspirantes a juzgadores será una sin financiamiento público y con topes de gasto diferidos que les ata las manos en el desembolso de recursos. Los candidatos deberán reportar sus gastos puntualmente al INE, con ello, el organismo se suma una carga más: la vigilancia en la fiscalización para detectar gastos indebidos, que le podría costar la pérdida del registro a los postulantes a jueces, magistrados y ministros.

A las campañas federales se le sumarán en los próximos días las de cerca de 2.000 candidatos a puestos de impartición de justicia a nivel local. Se trata de 19 estados que tendrán elecciones concurrentes. Esto representa un trabajo mayor para la autoridad electoral y para los votantes, que sumarán más cartas a la baraja de propuestas entre las que deberán elegir a los que consideren los mejores perfiles. Entidades como Tamaulipas, se perfilan a ocupar seis boletas para los procesos locales que se suman a las seis a nivel federal. En resumen, los tamaulipecos tendrán una docena de papeletas para elegir a los nuevos jueces.

Las cosas se complicarán todavía más para dos Estados: Veracruz y Durango. Allí, los ciudadanos elegirán además presidencias municipales, regidurías, y sindicaturas. Los veracruzanos tendrán una baraja de 13 papeletas: seis para la elección federal, cuatro más para el proceso local y tres más para los cargos de gobierno. Todo ello con un formato nunca visto, menos casillas de votación, y tiempo récord para organizar las inéditas elecciones judiciales.

El camino para llegar a este punto de la elección ha sido terreno minado. La asfixia presupuestal a la que fue sometido el Instituto Nacional Electoral por el Congreso mexicano, con un recorte de 13.476 millones de pesos, lo pone en apuros para llegar con los números al último día del proceso. Los recursos limitados han repercutido en el número de casillas, que hasta el momento se prevé sean cerca de 84.000. Menos centros de votación, distancias más largas para los ciudadanos, una urna única y tiempos de hasta 20 minutos para que cada ciudadano ejerza su voto, suponen un reto nada menor para la autoridad electoral y los ciudadanos. El arranque de las campañas activa la cuenta atrás para los comicios del 1 de junio, que se celebrarán pese a las vicisitudes por las que atravesó la polémica reforma judicial.