Resistencia en los tribunales, choques políticos y críticas al presupuesto: la hoja de ruta para la elección judicial

La cuenta regresiva para la histórica elección judicial ya está en marcha. El primero de junio más de 800 cargos de impartición de justicia serán sometidos a voto popular. El tiempo apremia y la elección de jueces, magistrados y ministros, el punto más controvertido de la reforma al Poder Judicial, no logra apartarse de la tensión generada entre el Poder Judicial y el Gobierno de Claudia Sheinbaum. El primero, por su intento por frenar el proceso; y el segundo, por una defensa férrea. Detrás hay un puñado de recursos legales y reformas constitucionales por parte de ambos bandos en un intento tanto de suspender su implementación, como de blindarla. El resultado está siendo un farragoso camino hasta llegar a las urnas.

A las vicisitudes legales les sigue la falta de recursos reclamada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha alzado la voz para criticar que el presupuesto para realizar el proceso es insuficiente tras el recorte de 13.476 millones de pesos del Congreso. El instituto no ha quitado el dedo del renglón, y la primera quincena de enero oficializó una solicitud de ampliación presupuestal.

El acontecimiento supone un cambio a fondo que altera la carrera judicial, un sistema instaurado hace tres décadas en el que los jueces ascendían en el escalafón por exámenes y cursos. Los críticos defienden que también pone a debate la independencia judicial, ahora que los jueces deberán hacer campaña y salir a conseguir los votos para quedarse con el cargo, como los políticos. Para Morena, los impulsores de la reforma heredada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es una medida democrática para limpiar el sector de corruptelas y privilegios en un país con un índice de impunidad de más del 90%. Estás son las claves de la primera elección judicial.

Los comités de evaluación

Cada uno de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, formaron su propio comité de modo proporcional para la inscripción de los aspirantes y revisar sus postulaciones de cara a elegir a los más idóneos. La primera fase del proceso consistió en revisar los documentos según los requisitos: licenciatura en Derecho, buen promedio académico, cinco cartas de recomendación de vecinos. La segunda etapa, la de idoneidad, se ha centrado en entrevistas a los precandidatos, la base de la segunda selección.

En una tercera fase, a más tardar el 31 de enero, los comités determinarán la idoneidad de los candidatos. De ahí saldrán las listas de cada uno de los poderes que deberán estar formadas con el plazo límite del 4 de febrero. Cada comité, en caso de rebasar el número de candidatos, realizará una insaculación pública (tómbola) para obtener las listas finales. Los listados definitivos serán enviados al Senado a más tardar el 8 de febrero. El INE los recibirá como máximo el 12 de febrero de cara a imprimir las boletas de la elección.

El último choque entre el Poder Judicial y Sheinbaum

La tensión en el camino parece no tener fin. La primera semana del 2025 el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció la suspensión de sus actividades acogiéndose a una resolución de un juez de distrito en Michoacán, que le ordenó suspender el proceso. De los tres comités fue el único que acató la resolución. Los llamados de la presidenta para que reanudara los trabajos no fueron escuchados. La semana pasada, el Tribunal Electoral ordenó al comité reanudar inmediatamente el proceso. En respuesta, el comité del Poder Judicial se negó y presentó una controversia ante la Suprema Corte. El Máximo Tribunal le concedió una medida cautelar que los protegía al no reiniciar el proceso.

El Tribunal Electoral volvió a entrar a escena. La presidenta, Mónica Soto, presentó un proyecto que fue aprobado por el que se ordenaba al Senado suplir en sus responsabilidades al comité evaluador del Poder Judicial. Con ello, el organismo legislativo se saltará la etapa de idoneidad y mediante un sorteo el 31 de enero seleccionará la primera lista de aspirantes. Tras la resolución del tribunal, la noche de este lunes los cinco integrantes del comité presentaron su renuncia.

Las reglas del juego

Las últimas semanas se ha allanado el camino y se han tapado algunos vacíos de la atropellada elección. El INE aprobó las reglas del juego. Los candidatos habían aprovechado las lagunas en la reglamentación para promover sus candidaturas antes de tiempo y utilizar recursos públicos, lo que encendió las alertas y metió presión al INE.

El organismo electoral ha aprobado el catálogo de infracciones y reglas que regirán el camino. Los aspirantes no podrán contratar espacios en radio y televisión, ni difundir propaganda electoral en lonas, playeras o gorras, ni realizar actos de campaña antes del periodo previsto. Tampoco podrán utilizar recursos públicos, en efectivo o en especie, para sus campañas. Los postulantes deberán autofinanciarse.

La organización de foros por parte de dependencias responsables de la entrega de un apoyo social también están prohibidos. Podrán participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o por el sector público, privado o social de manera gratuita y en condiciones de equidad. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo. Esta restricción incluye la contratación y difusión de encuestas o sondeos de opinión. Los lineamientos aplican también para los ciudadanos.

La batalla por el presupuesto

El INE ha repetido que arrastra un problema mayúsculo, la insuficiencia presupuestal para llevar a buen puerto los comicios. Subrayan que el recorte de 13.476 millones de pesos que le propinó el Congreso le deja en una posición terminal. El INE organiza los comicios con 7.000 millones de pesos, la mitad de los recursos proyectados inicialmente, lo que lo ha llevado a solicitar una ampliación presupuestal por 1.500 millones de pesos. Sheinbaum ha aceptado darles unos 800 millones provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial, pero nada más. La falta de recursos ha repercutido en la reducción de casillas, que pasaron de 172.000 a 73.000 mesas directivas de votación, menos capacitadores y la ausencia de conteo rápido. Con el aumento se proyecta la instalación de 13.000 mesas de votación más, la implementación de resultados preliminares, por lo menos en la elección de ministros, y la contratación de un mayor número de personal de campo.

Las boletas que marcarán los ciudadanos

La elección judicial solo a nivel federal requerirá 600 millones de boletas. El INE ya ha concluido con el diseño de las papeletas. Serán seis por ciudadano, solo a nivel federal, cada una con un color distinto, según el cargo. La complejidad del diseño y de las instrucciones para ejercer el voto es mayor. Los ciudadanos deberán identificar y seleccionar entre un montón de nombres a los impartidores de justicia. Se usarán dos tamaños: carta y media carta para la elección. Contendrán nombre del proceso electoral, cargo, entidad, circuito, distrito, distrito electoral y especialidad por materia. Además recogerán las instrucciones sobre del número de candidaturas y los nombres en dos listados divididos por género, el Poder que postula a cada candidatura y las firmas de los funcionarios electorales.