Las campañas anticipadas de los aspirantes a jueces ponen más presión al INE

Los jueces que aspiran a un nuevo cargo dentro de la judicatura, en los comicios previstos para el próximo 1 de junio, han aprovechado una enorme laguna en la reforma judicial que les ha permitido promover sus candidaturas antes de tiempo y utilizar indebidamente recursos públicos. Desde hace semanas, tres ministras de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, afines al oficialismo, han hecho varias giras a los Estados para participar en eventos organizados por Morena, el partido en el Gobierno, y han aparecido en diversos medios para publicitar sus aspiraciones. Decenas de jueces y magistrados federales han seguido su ejemplo y han dado el mismo impulso anticipado a sus candidaturas. La intensa publicidad de los aspirantes ha puesto más presión al Instituto Nacional Electoral (INE), que debe impedir las precampañas y llevar a buen puerto la compleja elección, con un calendario demasiado ajustado y unos recursos públicos limitados.

Funcionarios del Poder Judicial y abogados de la oposición han presentado quejas ante el INE y le han exigido garantizar el piso parejo para todos los contendientes y, sobre todo, frenar el desvío de dinero público para fines políticos. La mayoría de los aspirantes que han hecho campaña anticipada aún son jueces en funciones y están obligados por la ley a utilizar los recursos a su cargo de manera imparcial, más aún tratándose de impartidores de justicia. Además de eso, la reforma permite a los actuales jueces el pase directo a la boleta electoral en caso de que acepten participar en los comicios judiciales. En ese escenario, no tienen necesidad de hacer precampaña, una figura existente en la legislación mexicana para que los políticos disputen internamente en sus partidos la nominación a un cargo. Es decir, se trata de un recurso necesario cuando no se tiene la candidatura asegurada, lo que no es el caso de los juzgadores actualmente en precampaña.

El INE tiene de por sí enormes retos para organizar la elección judicial. Primero, porque la enmienda —impulsada por Andrés Manuel López Obrador y abrazada por la presidenta Claudia Sheinbaum— estableció un calendario electoral demasiado ajustado. En cuestión de meses, el árbitro electoral debía planificar unos inéditos comicios en los que serán electos alrededor de 900 cargos judiciales de entre miles de candidatos. La organización implicó el diseño de una nueva cartografía electoral —hacer coincidir los circuitos judiciales con los distritos electorales—, el diseño de boletas, la elaboración de urnas y la capacitación de funcionarios del INE en los entresijos de la complicada reforma. Pese a ello, el oficialismo, que domina el Congreso federal, suministrador del presupuesto público, ha regateado al Instituto los dineros para llevar a buen puerto los comicios y le ha ordenado ajustarse el cinturón.

Luego está otra de las funciones del INE: supervisar que los aspirantes a un cargo judicial cumplan con lo que les ordena la ley. El lunes, Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante el Instituto una queja en la que denuncia el cúmulo de giras a los Estados, conferencias, entrevistas en medios y publicaciones en redes sociales hechas por las ministras Esquivel, Ortiz y Batres para promocionar sus aspiraciones fuera de tiempo. Según los lineamientos de la enmienda judicial, la campaña para la elección iniciará el 28 de marzo y durará 60 días. “En ningún caso habrá etapa de precampaña”, zanja la norma. Aunque la prohibición es expresa, la reforma no indicó cuál es la ruta para denunciar las infracciones ni sus penalizaciones. De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que rige cualquier proceso electoral —incluido, en teoría, el de jueces—, el aspirante que viole esa prohibición puede perder el derecho a convertirse en candidato. El INE no se ha pronunciado respecto a las quejas por campañas adelantadas.

La laguna legal vino como anillo al dedo a las ministras Esquivel, Ortiz y Batres, las únicas integrantes del Supremo que han decidido participar en la elección judicial. La denuncia de MC, a la que ha accedido este periódico, relata puntualmente su recorrido proselitista. Por ejemplo, las tres togadas acudieron a la investidura de la morenista Rocío Nahle como gobernadora de Veracruz, y a la de Eduardo Ramírez, también de Morena, como mandatario de Chiapas. La ministra Esquivel, además, acudió a la toma de posesión de Alejandro Armenta, de Morena, como gobernador de Chiapas. Por separado, las tres togadas han participado en foros y conferencias organizadas por legisladores del oficialismo o por sindicatos afines, pese a otra prohibición de la reforma: los partidos no pueden financiar a ningún candidato (tampoco pueden hacerlo los entes privados).

En esos eventos, a los que han asistido cientos de personas, se han desplegado grandes anuncios con el rostro de las ministras, sus nombres y eslóganes de campaña, signos inequívocos de proselitismo. “Justicia de puertas abiertas”, ofrece Esquivel. “Justicia para todos”, vende Ortiz. “La ministra del pueblo”, se denomina Batres. En los actos políticos que les organizan, las ministras se toman fotos con funcionarios y políticos morenistas, que luego publican en sus redes sociales. En su pasarela mediática, Batres tuvo un espacio en un programa del Sistema Público de Radiodifusión, la cadena financiada con recursos públicos, y en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la escuela de cuadros del partido guinda. Esquivel publicó un video con el secretario de Gobierno de Ciudad de México, César Cravioto, en el que este le declara su apoyo. Ortiz dijo en una entrevista para Milenio que “aspira a ser la ministra más votada” y ofreció dar “prioridad” a Veracruz. Son todos códigos de alguien en busca de un cargo de elección.

MC indica en su denuncia que la aparición de las ministras en eventos de Morena “podría no solo constituir un acto anticipado de campaña, sino también un quebrantamiento del principio de imparcialidad y otros que rigen el gasto público, debido al posible uso de viáticos u otros gastos en dicho evento”. El periodista Carlos Loret publicó una investigación en la que señala que al menos la ministra Batres ha cargado a la Corte sus viajes proselitistas por los Estados. Fuentes del Supremo han afirmado a este diario que la mecánica del desvío consiste en agendar giras oficiales fuera de Ciudad de México para, tras despacharlas, atender en esos lugares una agenda política privada.

Un grupo de funcionarios judiciales prepara una denuncia contra otros juzgadores en precampaña. Señalan al menos a 25 jueces y magistrados, miembros de un grupo llamado Faro Judicial y varios de los cuales acudieron en octubre a la Cámara de Diputados a una reunión con Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena, mientras cientos de trabajadores de la judicatura se manifestaban en las calles contra la reforma oficialista. La magistrada Julia Ramírez, de un tribunal colegiado con sede en Yucatán, se ha fotografiado en eventos auspiciados por Morena. Mismo caso de la jueza Ingrid Terán, de un tribunal laboral en Yucatán; el juez Antonio Ordóñez, de un tribunal laboral en Ciudad de México, y la jueza Blanca Ochoa, de un juzgado de distrito en materia administrativa de Ciudad de México.

Las campañas anticipadas han levantado muchas críticas dentro del Poder Judicial. El ministro del Supremo Juan Luis González Alcántara ha afirmado que no solo las precampañas están prohibidas, sino que, a la fecha, ni siquiera hay candidatos, pues los Comités de Evaluación formados para depurar a los aspirantes aún se encuentran revisando las solicitudes. Alcántara señala que es preocupante no solo la fuga de dinero público en actos de campaña, sino también el abandono de las funciones para las que los jueces han sido seleccionados; la afectación a la imparcialidad con la que deben resolver los asuntos, y “la paulatina dilución de los principios electorales que permitieron a este país afianzarse como una democracia, incluso en el sentido mínimo, y permitir la alternancia”. La reforma judicial ya suponía un salto a lo desconocido para los mexicanos. Los costos de la aventura se han puesto de manifiesto.