Buen promedio en Derecho, recomendados por sus vecinos y un examen anual: los requisitos de la reforma judicial para los jueces

El bloque oficialista formado por Morena, el PT y PVEM en la Cámara de Diputados del Congreso tiene listo el proyecto de reforma judicial que se aprobará en septiembre. El texto recoge ajustes a la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo aterriza y detalla criterios y etapas para la elección de jueces federales en México, el nudo de la polémica reforma. El dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que la primera elección se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025 y será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). En esos comicios se elegirá a ministros de la Suprema Corte, a magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, a los integrantes del nuevo Órgano de Administración, a la mitad de los cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito (entre 800 y 900 cargos) y las vacantes. La otra mitad se elegirá en las urnas en 2027, de manera concurrente con los comicios de diputados federales. La reforma judicial establece un periodo de nueve años en el cargo a jueces y magistrados y permite la reelección consecutiva.

Los Poderes Judiciales de los 32 Estados del país se renovarán de la misma manera, escalonadamente. El documento establece que las personas que aspiren a alguno de los cargos judiciales deben tener licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve en las materias afines al cargo; tener experiencia de cinco años en la práctica jurídica; deberán elaborar ensayos y entregar cinco cartas de referencias recogidas entre sus vecinos o colegas. En el caso de jueces, ministros y magistrados en funciones tendrán la posibilidad de participar en la elección sin requisitos adicionales ni evaluación, para darles oportunidad de repetir en el cargo o para aspirar a uno mayor. El Consejo de la Judicatura informará al Senado cuáles son los cargos que estén vacantes y propondrá al menos la mitad para ser renovados.

Además, quienes sean electos como jueces y magistrados federales serán sometidos por el Tribunal de Disciplina a una evaluación el primer año de su cargo. Si reprueban tendrán oportunidad de tomar cursos de capacitación para repetir la evaluación. Si no aprueban podrán ser suspendidos o inhabilitados. La Comisión de Puntos Constitucionales votará el dictamen el 26 de agosto. El objetivo es heredar el documento a la nueva Legislatura que toma posesión el 1 de septiembre y aprobarlo en el pleno con la mayoría calificada del bloque oficialista, necesaria para hacer enmiendas a la Constitución, sin el aval de la oposición.

Por lo que respecta a los magistrados del Tribunal Electoral Federal (TEPJF). Los cinco magistrados que actualmente están en funciones continuarán en el cargo hasta 2027. En 2025 serán elegidas en las urnas las dos magistraturas que el Senado no ha nombrado desde hace meses. Así quedará completamente integrado el pleno del tribunal, con siete integrantes. Una fuente con conocimiento del proyecto de reforma ha señalado a este diario que se decidió prorrogar la permanencia de los cinco magistrados actuales porque serán los encargados de resolver las impugnaciones y calificar la elección de todos los cargos judiciales que se someterán a comicios el próximo año.

Los cambios a la propuesta original de López Obrador suman un centenar, según afirmó este viernes el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. El líder parlamentario sostiene que al menos 60 modificaciones fueron tomadas de los foros que se realizaron del 27 de junio al 9 de agosto en todo el país. Sin embargo, las bancadas de oposición del PAN, PRI y MC refieren que no se han tomado los resultados del parlamento abierto.

En cuanto al periodo que permanecerán en el cargo los ministros que resulten electos en los comicios extraordinarios del próximo año, durarán ocho, 11 y 14 años. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, es decir, tendrán un periodo mayor quienes obtengan una mayor votación.

Para el proceso de selección se ha planteado la intervención de tres órganos de evaluación, uno en cada Poder de la Unión, integrado por cinco personas, cada uno se encargará de la preselección sustentada en los expedientes y antecedentes de los aspirantes. En el articulado se lee que se establecerán “mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos”. Además deberán presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y entregar cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo. En los casos de ministros de la Suprema Corte, de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de los magistrados y jueces de Distrito serán seleccionados los seis mejor evaluados. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, tomando en cuenta la paridad de género. Finalmente los comités los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. La cámara alta depurará los listados que remitirá al INE a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda.

Los magistrados de Circuito, así como los jueces y ministros durarán en su encargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser adscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial, y podrán ser cesados en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La organización de los comicios estará a cargo del INE. El proyecto establece que los aspirantes a cargos judiciales podrán realizar campañas pero tienen prohibido el financiamiento público o privado, así como la contratación propaganda o de espacios en radio y televisión para promocionar a un candidato. Tampoco podrán ser respaldados por los partidos políticos. “La duración de las campañas será de 60 días y en ningún caso habrá etapa de precampaña”. La ley secundaria, que deberán legislar en el Congreso, establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a los candidatos y a los servidores públicos que violen las reglas.

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