Crisis en el Tribunal Electoral: la caída en cámara lenta del magistrado Reyes Rodríguez

El Tribunal Electoral Federal (TEPJF) atravesó hace unas semanas su peor crisis institucional. Un grupo de tres magistrados —de un pleno integrado por cinco— presionó a su presidente, Reyes Rodríguez, para que dimitiera anticipadamente del cargo, 10 meses antes del término formal. En su lugar, el bloque mayoritario nombró a Mónica Soto. En el horizonte de esta maniobra está la elección del próximo 2 de junio, en la que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador se juega su continuidad en el poder. El TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral y está encargado de decidir si una elección fue limpia y los resultados son válidos; en caso contrario, el Tribunal puede anular un triunfo. El control de la institución significa mucho en términos políticos. La lucha interna comenzó por diferencias entre los propios magistrados, particularmente entre Rodríguez y Felipe de la Mata, cabeza del grupo opositor. Sin embargo, al paso del tiempo, a la pugna se fueron sumando actores políticos externos, que aceleraron la caída de Rodríguez de la presidencia.

A través de una decena de fuentes, EL PAÍS ha reconstruido una crisis que se fue gestando desde mediados del año pasado y estalló en diciembre. Se habló con las cinco magistraturas, por separado, durante la primera y segunda semanas de enero. Excepto por Soto, la nueva presidenta, que llamó a dar vuelta a la página y mirar hacia adelante, los protagonistas contaron su versión del conflicto, a condición de no ser grabados ni citados. Todos fueron conscientes de que se recolectarían las voces de sus contrapartes para esta crónica coral. También se consultó a colaboradores de todas las confianzas de los magistrados, así como a testigos de reuniones. Las conversaciones permitieron corroborar y contrastar fechas, encuentros y temas de discusión, y ayudaron a recrear las negociaciones, las traiciones, a veces los gritos.

En las conversaciones salieron a relucir nombres de cabilderos electorales, jueces y dirigentes de partidos que intervinieron en uno u otro sentido en el conflicto, ya para tumbar a Rodríguez, ya para evitar su caída. Salvador Nava, abogado de Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial del oficialismo, ha sido referido como uno de los actores que ejercieron presión desde fuera. Santiago Creel, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, la aspirante de la oposición, también intervino en las negociaciones. Fue citado también Roberto Gil, exsenador y un poderoso abogado del PAN. La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y cabeza del Poder Judicial, intentó mediar durante la rebelión contra Rodríguez, pero el movimiento quedó en un mero conato y la jueza terminó por hacerse a un lado.

La inestabilidad ha marcado la historia del TEPJF. La institución, que presume de independencia y solidez, ha demostrado ser muy frágil ante las influencias políticas externas. Desde que fueron nombrados por el Senado los actuales magistrados, en 2016, el Tribunal ha tenido cinco presidentes; ninguno de ellos ha podido concluir la tarea de conducción, que dura cuatro años. Los expertos sostienen que es grave la injerencia de actores ajenos, más en un año electoral clave, cuando se renuevan la presidencia de México, las dos Cámaras del Congreso, nueve gubernaturas y miles de puestos estatales. A esa porosidad se suma el hecho de que el pleno del Tribunal está incompleto (deberían ser siete magistraturas, no cinco), pues el Senado, dominado por Morena, no ha elegido a los reemplazos de los jueces que salieron en octubre.

El exconsejero electoral Alfredo Figueroa considera que esta es la peor crisis que ha padecido la institución. “El papel que tendrá el Tribunal para los próximos meses en la vida y la estabilidad del país es absolutamente importante, y no deberíamos jugar con la idea de que esa institución terminase siendo un elemento decorativo de la vida pública. Por eso su crisis es tan grave y tan importante. El Tribunal tiene una vinculación con la legitimidad, pero también con la gobernabilidad del país. Llama mucho la atención, porque sí creo que proviene desde fuentes de poder, cuál es el propósito de intervenir, a este grado de destrucción, instituciones como el INE y el Tribunal, porque se le pega directamente al corazón de una elección legal y legítima”, dice en entrevista.

La soledad del presidente

Rodríguez era un presidente que se fue quedando solo dentro y fuera de la institución que dirigía (su única aliada interna ha sido la magistrada Janine Otálora, con quien conforma, ahora, el grupo minoritario). Internamente, Rodríguez impuso una política de austeridad en el gasto que molestó a sus contrapartes, según las versiones recogidas. Los magistrados Felipe De la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto —el bloque mayoritario— consideraban, además, que conducía el Tribunal de manera unipersonal, sin tomarlos en cuenta en las decisiones.

El magistrado se enteró desde agosto de que tres de sus compañeros habían comenzado a hablar de la posibilidad de removerlo de la presidencia. Lo supo por voz de uno de ellos, que por entonces le aseguraba que no participaría de esa revuelta. Al paso de las semanas, el rumor se fue aderezando con dos elementos adicionales, que para Rodríguez resultaban preocupantes: uno, que desde Palacio Nacional estaba decidido, supuestamente, que no sería él quien entregase la constancia de presidenta a Sheinbaum (dando por descontado su triunfo en las urnas); y dos, que ni Morena —el partido en el Gobierno— ni la candidata confiaban en él, y que, al contrario, creían que él tenía la intención de obstruirles el camino al poder. Las versiones tenían verosimilitud para el magistrado, pues el propio presidente López Obrador había expresado varias veces su desconfianza hacia Rodríguez, al que identifica con el grupo del PAN de Felipe Calderón, uno de los peores enemigos del mandatario.

Rodríguez acudió a dos funcionarios de peso en la Suprema Corte de Justicia. El 21 de agosto, informó a la ministra Piña por primera vez de que en el TEPJF se estaba cocinando una rebelión para tumbarlo de la presidencia. El magistrado también buscó en el ministro Arturo Zaldívar a un aliado. En 2021, siendo presidente de la Corte, Zaldívar tuvo que lidiar con otra crisis institucional en el Tribunal, cuando una mayoría de magistrados depuso a su entonces presidente, José Luis Vargas. En ese momento, Zaldívar facilitó la transición del poder hacia Rodríguez.

Esta vez, Zaldívar, antes de renunciar al Supremo para integrarse a la campaña de Sheinbaum, se reunió con De la Mata, Fuentes y Soto. En el encuentro —confirmado por uno de los participantes—, el grupo le hizo saber los motivos del disenso con Rodríguez, mayormente relacionados con la administración interna del TEPJF. El ministro les aconsejó no continuar por el camino de removerlo de la presidencia, dada la proximidad de las elecciones; a la vez, le sugirió a Rodríguez ceder a las demandas del bloque mayoritario para calmar las aguas. Zaldívar no volvió a aparecer en el escenario. La presidenta Piña intervino en el conflicto hasta diciembre.

La crisis siguió y se agravó. A través de una intermediaria de toda su confianza, Rodríguez preguntó a Sheinbaum si eran ciertas las versiones de que no confiaba en él, y le propuso sentarse a hablar para despejar los nubarrones de duda. La intermediaria hizo el trabajo y le respondió el mismo día que la aspirante no tenía ningún problema con él. El magistrado también hizo consultas —nuevamente, con intermediarios— a la Secretaría de Gobernación y a Palacio Nacional. Altos funcionarios de ambas instancias le respondieron de igual manera: la maniobra no venía del Gobierno.

Este periódico ha consultado a dos integrantes del círculo rojo de Sheinbaum sobre cuál fue el rol de la candidata en el conflicto, y han asegurado que la exjefa de Gobierno de Ciudad de México no tuvo injerencia, y que las personas que usaron su nombre para justificar la remoción de Rodríguez de la presidencia lo hicieron sin su conocimiento ni autorización.

Rodríguez afirma —esto lo dice a la grabadora— que uno de los personajes que sustentó el rumor desde el grupo de Sheinbaum fue Salvador Nava, exmagistrado del TEPJF y hoy abogado electoral de la morenista. Rodríguez lo confrontó el 3 de octubre. “Me dijeron que, en el equipo de Claudia, él estaba diciendo que conmigo no se podían arreglar y que yo los quería ‘joder’. Él lo negó, y me dijo que quien hablaba mal de mí eran Mario Delgado [dirigente de Morena] y el encargado jurídico del partido, Eurípides Flores. Me dijo que se quejaban de que yo tenía reuniones con empresarios, con medios de comunicación y algunos periodistas como Leo Zuckerman [un crítico del Gobierno]”, sostiene el magistrado.

Nava ha rechazado el señalamiento de Rodríguez. “Yo le dije que era falso, que no tengo ningún interés en perjudicarlo, que nunca le he dicho a nadie del equipo que él tiene algo en contra de la doctora [Sheinbaum] o de Morena, y que, de hecho, en las reuniones de trabajo nunca se habla de temas jurisdiccionales, que no hay nada político ahí”, afirma el abogado, que también niega haber mencionado a los dirigentes del partido.

Salvador Nava ha tenido un importante protagonismo en el Tribunal como litigante de asuntos electorales tras su salida de la institución, en 2016. En su doble calidad de exmagistrado y abogado electoral —además de ser amigo de De la Mata—, a Nava se le han abierto las puertas del TEPJF de par en par. Por ejemplo, la segunda semana de octubre, los magistrados De la Mata y Fuentes viajaron a La Habana a impartir conferencias sobre democracia. Nava asistió al viaje, invitado por la Escuela Judicial del Tribunal, un órgano dirigido por De la Mata. Y luego, después de la revuelta interna, Nava estuvo presente en la primera sesión de Soto como nueva presidenta del Tribunal, el 1 de enero.

Rodríguez estaba distanciado de las dirigencias de todos los partidos. Representantes de Morena, del PRI y del PAN intentaban acercarse a él para pedirle votar de cierta manera en asuntos que les interesaban, de acuerdo con colaboradores del magistrado. Juez ortodoxo sin oficio político, Rodríguez no accedió a escuchar los ofrecimientos de dirigentes y funcionarios del Gobierno. Esa actitud le cerró las puertas de los actores políticos. Cuando buscó auxilio para frenar su remoción de la presidencia, los dirigentes de los partidos lo dejaron caer. Incluso, Mario Delgado celebró públicamente su renuncia, por ser “anti 4T”.

Solo Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano (MC), abogó a su favor. La primera semana de diciembre, el dirigente partidista llamó a uno de los magistrados del bloque rebelde y le dijo que no era un buen momento para cambiar al titular del Tribunal, a cinco meses de la elección. Este diario intentó hablar con Delgado sobre su papel en el conflicto, pero el político no respondió la petición. Dos magistraturas del grupo mayoritario han confirmado la llamada del dirigente de MC.

El 8 de diciembre, el coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Creel, buscó a Rodríguez, no para ayudarlo a permanecer en el cargo, sino para plantearle un camino terso hacia su renuncia, según afirma el magistrado. Rodríguez cuenta, a la grabadora, que el político del PAN le habló de un plan pactado entre Marko Cortés, dirigente del partido, y el magistrado De la Mata. El planteamiento fue que Rodríguez dejara la presidencia; que en su lugar quedara temporalmente Janine Otálora, en su calidad de magistrada decana, y que luego se eligiera a un nuevo presidente de entre Soto, De la Mata y Fuentes. Creel ofreció, según el magistrado, que los acuerdos se firmaran y que hubiese un testigo de honor que sirviera de garante. A Rodríguez le pareció una propuesta viable, pero esta no prosperó porque —afirma— De la Mata no la conversó con su grupo, y Soto la rechazó con firmeza.

Creel acepta haber hablado con De la Mata y Rodríguez para pedirles que llegaran a un acuerdo, nunca a favor o en contra de alguno. Asegura haberlo hecho a título personal, como constructor y defensor de las instituciones. “Les dije que preservaran al Tribunal, que privilegiaran los intereses institucionales sobre los intereses de grupo o personales”, ha referido en entrevista. “Les pedí que, antes de que esta situación debilitara aún más al Tribunal, llegaran a un acuerdo consensuado, que lo hicieran prevalecer, que no siguieran descabezando a la institución, que mantuvieran la unidad para afrontar la elección más importante de este siglo. Les dije que para mí lo que está en juego son las instituciones y que un conflicto interno daba pauta para que actores externos, con intereses de carácter político, pudieran intervenir a su favor, porque ven una institución débil”.

Este diario ha preguntado a Xóchitl Gálvez, a través de su portavoz, si estaba enterada de las intervenciones en la vida interna del Tribunal conducidas por su coordinador de campaña. La candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD ha dicho tajantemente que no tuvo conocimiento.

La cena con Roberto Gil

El 8 de agosto hubo una cena entre el magistrado De la Mata y el exsenador panista Roberto Gil en el despacho de abogados de este último. El encuentro, donde también estuvieron colaboradores de ambas partes, fue confirmado por dos participantes. La figura de Gil en la historia es relevante por varias razones. Fue presidente de la comisión de Justicia del Congreso que tramitó la designación de los actuales magistrados del TEPJF, en 2016. Fue presidente del Senado y negoció con los partidos la polémica extensión en el cargo de varios de los jueces electorales. Fue secretario particular del expresidente Felipe Calderón, con quien tiene una relación muy cercana, y sigue ejerciendo influencia en el partido a través de algunos senadores. Reyes Rodríguez trabajó con Gil en el Senado, antes de ser designado magistrado regional en 2013, de donde saltó al TEPJF tres años después. Para De la Mata, Gil es el padrino y protector de Rodríguez.

Existen dos versiones distintas sobre lo que sucedió en esa cena. Una proviene del entorno del magistrado. Ese relato señala que Gil le propuso a De la Mata que en el TEPJF se formara un bloque mayoritario entre él, Rodríguez y Otálora ante la próxima salida del Tribunal, en octubre, de dos jueces que concluían su encargo. Quedaría un pleno de cinco magistrados y había que configurar una nueva mayoría que gobernara la institución, sin Fuentes ni Soto. El entorno de De la Mata sostiene que el bloque anhelado por Gil era para negociar sentencias con los candidatos que van a la elección de este año. No se aportaron pruebas de esta acusación.

De la Mata no respondió en la cena si aceptaba la supuesta proposición del exsenador. Le dijo que iba a pensarlo. Poco después, el magistrado advirtió que Gil y Rodríguez comenzaron a presionarlo para que integrase el bloque. Para ello, según la misma versión, recurrieron a una abogada, excolaboradora de De la Mata, con la que el magistrado tiene un conflicto. Primero, Gil se reunió con la abogada, que estaba participando en el concurso del Senado para convertirse en magistrada regional. Después, Rodríguez la contrató en su ponencia, para que, según este último, la abogada no se quedase sin trabajo. Para De la Mata era claro que acceder a la proposición de Gil sería por las buenas o por las malas. Estas señales distanciaron a De la Mata de Rodríguez y Otálora y lo acercaron con Fuentes y Soto.

Gil rechaza esta versión. El exsenador asegura, a la grabadora, que en la reunión, solicitada por De la Mata a través de un intermediario, el magistrado hizo alarde de su capacidad de interlocución con actores políticos y ministros de la Suprema Corte, un manejo que le había permitido colocar a gente cercana en las ternas de candidatos a magistrados regionales, que en ese momento analizaba el Senado. “Venía muy orgulloso de esa capacidad de operación. Y así me lo expresó: que él estaba encabezando un trabajo de política que nadie más en el Tribunal estaba haciendo con tanto éxito, incluido el propio Reyes Rodríguez. Yo sí le dije que había que encontrar soluciones internas para que el Tribunal entrara fuerte y legitimado al proceso electoral. Yo no mencioné ninguna estrategia de crear grupos, mayorías, y mucho menos de aislamientos”, afirma.

El político panista sostiene que De la Mata le pidió ayuda para vetar de las ternas a algunos aspirantes, entre ellos a la excolaboradora que lo confrontaba. “Ese fue el motivo por el cual me pidió la reunión. Quería ayuda para impulsar algunos perfiles, y explícitamente me pidió ayuda para vetar a otros, incluyendo a esa abogada”. El exsenador afirma que no accedió a esta petición de cabildeo.

Gil agrega que De la Mata también le pidió convencer a Rodríguez de renunciar a la presidencia del TEPJF. “Me sugirió pedirle la renuncia para que De la Mata asumiera la presidencia, porque el único que podía dar estabilidad e interlocución era él, por su buena relación en la Corte, diálogo con todos los actores políticos, y que la prueba de su éxito estaba en las ternas para magistrados. Contesté que yo no sabía que la reunión tenía como propósito crear golpes de Estado, que no admitía ni la sugerencia, que yo no iba a ser, de ninguna manera, portavoz de ese tipo de cosas”, relata.

El panista reconoce que sí recibió a la excolaboradora de De la Mata, igual que a otros aspirantes a magistrados que lo buscaron para, dice, pedirle consejo. Con la abogada, afirma, no habló sobre De la Mata. Gil sostiene que desde el Senado le confirmaron que la dirigencia del PAN sí instruyó el veto a la abogada, tal como supuestamente solicitó el magistrado. Esta aseveración no pudo ser confirmada. Lo que es un hecho es que la terna donde la abogada participaba terminó siendo desechada, porque ninguna candidata reunió los votos necesarios. Se consultó al magistrado De la Mata, a través de su portavoz, si quería responder a la grabadora a las acusaciones de Gil. Dijo que no.

La docena trágica

El momento culminante de la crisis sucedió las primeras dos semanas de diciembre. El lunes 4, De la Mata, Fuentes y Soto se ausentaban deliberadamente del informe anual de Rodríguez como presidente del TEPJF. El viernes 15 se consumaba el ascenso de Soto. Fueron los peores 12 días del juez ante una rebelión que pedía su cabeza.

El miércoles 6 de diciembre, por la madrugada, el magistrado Felipe Fuentes recibió por WhatsApp mensajes de la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Piña, a quien conoce de años atrás porque coincidieron en un tribunal de circuito de Ciudad de México. Una magistratura del bloque mayoritario afirma que la jueza escribió que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo Fuentes, De la Mata y Soto, y les pidió detenerse. La ministra usó un fraseo que el grupo consideró amenazante, según la misma fuente. Lejos de ceder, los magistrados acusaron una presión y una injerencia indebida en la autonomía del TEPJF por parte de Piña. Los jueces vislumbraban un escenario de choque institucional de altos vuelos entre los dos tribunales constitucionales.

El magistrado Fuentes no mostró los mensajes a Rodríguez ni a Otálora, pero les dijo que los tenía. El magistrado tampoco los quiso enseñar a este periódico. Un portavoz de Piña ha confirmado a este diario que los mensajes de la ministra existen, pero asegura que no son amenazantes. Para sanar las diferencias, Piña invitó a cenar a Fuentes, De la Mata y Soto dos días después. Con esa cena concluyó la mediación de la ministra en el conflicto.

El miércoles 6 hubo un encuentro de tres horas entre las cinco magistraturas en el Tribunal. Ese día estaba programada una sesión pública, que se pospuso al día siguiente. El grupo mayoritario le dijo a Rodríguez que era impostergable su renuncia a la presidencia por “pérdida de confianza”. Le reclamaron que afuera del Tribunal Rodríguez los tachara de corruptos, mientras que Roberto Gil, “su jefe”, traficaba influencias y hacía negocios aprovechando la posición del magistrado. El bloque de tres también le reprochó por haber buscado a actores ajenos al TEPJF para que intercedieran por él. Rodríguez sacó a colación la reunión de De la Mata con Gil y ventiló que el magistrado había pedido que lo pusieran a él en la presidencia, no a Soto. De la Mata negó allí que haya hecho esa petición.

Llegaron a los gritos. El aún presidente pidió a sus compañeros tiempo para tomar una decisión. Incluso sugirió que podría no solo renunciar a la presidencia, sino a su investidura como magistrado electoral. Otálora dijo que ella sopesaba la misma ruta. La salida de los dos jueces habría conducido a una parálisis fulminante al TEPJF. Este escenario finalmente no avanzó.

Se marcharon de la reunión sin llegar a un acuerdo. Esa noche de miércoles, la magistrada Soto tuvo una cena con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el principal operador de Morena en materia electoral. Una foto del encuentro se filtró a los medios y generó sospechas sobre los intereses detrás de la crisis. Al día siguiente, el jueves 7, se reanudó la sesión pospuesta. Allí, ante el público, Fuentes pidió incluir en el orden del día la renuncia de Rodríguez a la presidencia. De la Mata mencionó que hubo “una extraña intervención de despachos de abogados en la vida del Tribunal”, en referencia a Gil. Rodríguez ofreció darles una respuesta el lunes.

El sábado 9, Rodríguez se reunió con Creel, que le hizo la oferta de transición pactada entre el dirigente del PAN, Cortés, y el magistrado De la Mata. El lunes 11, en el encuentro decisivo con sus colegas, Rodríguez dijo que había meditado esa propuesta y que estaba de acuerdo con la ruta. Soto se sorprendió. Según una de las magistraturas, Soto ya había acordado con su bloque que ella ostentaría la presidencia, y la propuesta de De la Mata y el PAN implicaba una elección entre los tres que no le aseguraba el cargo. Fue claro que ese plan no fue consensuado entre el grupo mayoritario, y que De la Mata tenía una agenda paralela. Soto expresó rechazó y exigió que se acelerara la transición.

El 15 de diciembre, por fin, Soto fue elegida presidenta del Tribunal Electoral en una sesión privada. La votaron sus colegas De la Mata y Fuentes. En contra, Rodríguez y Otálora. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Soto tendría que estar en el cargo el tiempo que le faltaba a Rodríguez para concluir, esto es, hasta octubre de este año. Pero la magistrada se ha blindado. En el acuerdo publicado en el Diario Oficial se estableció que sería presidenta hasta que ella termine su periodo de jueza en el TEPJF, en octubre de 2025. La desconfianza, incluso entre los aliados, sigue rondando los pasillos del Tribunal.

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