Justicia electoral bajo la lupa ciudadana

El panorama de la democracia en el mundo es cada vez más complejo. La intensificación de la competencia en los procesos electorales, la pluralidad de los actores en el escenario político y la polarización ideológica están ejerciendo una presión inédita sobre las instituciones electorales. Especialmente, la dificultad para llegar a acuerdos en las distintas arenas de la vida pública ha llevado a una judicialización de la política sin precedentes. En consecuencia, el reflector hoy parece estar sobre el papel que juegan los tribunales electorales y su capacidad para ejercer sus funciones de manera independiente, con el fin de brindar estabilidad y certeza al sistema político.

Como hemos presenciado recientemente, las cortes —como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— desempeñan una labor de contrapeso en el sistema democrático. Su papel es limitar y aplicar la ley en casos específicos con el fin de delinear los límites claros que conlleva la competencia por el poder político. Así es posible definir los parámetros de la convivencia pacífica que caracteriza a toda democracia.

En este sentido, la confianza de la ciudadanía en las instituciones de impartición de justicia se consolida, en gran medida, en función de la consistencia, transparencia y equidad de sus decisiones. Cada fallo judicial se convierte en un pilar sobre el que se edifica la percepción de la justicia y de la legalidad de los procesos electorales. En consecuencia, los tribunales tienen el reto de tomar decisiones que no sólo sean acertadas desde una perspectiva legal, sino también que sean percibidas como tal por la sociedad.

En los últimos años, el Tribunal Electoral ha dado importantes pasos para fortalecer su misión constitucional, avanzando para consolidarse como una institución independiente e imparcial al servicio de las personas. Su actuar se ha enfocado en construir un entorno electoral incluyente, justo y transparente. Con un enfoque proactivo, se ha impulsado un proceso de transformación institucional sobre cinco ejes estratégicos que han fortalecido su independencia y le han permitido enfrentar los desafíos inminentes de la elección más grande y compleja de la historia de México.

1. Política integral de justicia abierta

Durante mucho tiempo se favoreció la idea de que la justicia debía mantenerse alejada de la sociedad para garantizar su objetividad e imparcialidad. Esa noción está superada. Hoy se sabe que la confianza proviene de más apertura y transparencia, en donde las cortes sean el espacio para que las personas se apropien de sus derechos y confíen en las decisiones de estas instituciones.

Por ello, el primer eje estratégico para la transformación del Tribunal se concentró en el diseño e implementación de una política integral de justicia abierta que prioriza la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre la institución y la sociedad civil. Su importancia radica en mejorar la accesibilidad de los servicios judiciales, promover la inclusión de todas las personas y sus voces en los procesos de administrativos para hacer la toma de decisiones lo más transparente creíble y aumentar la claridad de las resoluciones judiciales. Todo ello con el fin de darle más visibilidad a la labor de los tribunales en su quehacer cotidiano y propiciar la confianza ciudadana en la impartición de justicia electoral.

Esto ha implicado reorientar las funciones institucionales, tanto administrativas como jurisdiccionales, con el propósito de hacerlas transparentes para la ciudadanía e involucrarla activamente. Muestra de ello son la plataforma de “Justicia Electoral digital” y el rediseño del “Juicio en Línea”. La primera ha concentrado toda la información relativa a un expediente y demanda a lo largo de su proceso administrativo jurisdiccional. La segunda es una herramienta que permite presentar demandas de forma virtual, brindando una justicia electoral más expedita y cercana a la ciudadanía. Con los esfuerzos emprendidos, en 2023 se recibieron y atendieron 40% más asuntos presentados por esta vía que todos los que se habían recibido de 2020 (año de su creación) a 2022.

Conocer las necesidades de la ciudadanía ha abierto a la institución e incluso la ha forzado a ir más allá generando espacios de dialogo y vinculación para elevar la calidad de la democracia y garantizar la integridad de los procesos electorales.

2. Política de imparcialidad e independencia judicial

El principio de imparcialidad destaca como un pilar fundamental de la justicia electoral, pues para que las disputas entre los diversos actores políticos realmente sean zanjadas por la justicia, el proceso debe llevarse a cabo sin ningún sesgo. Con este propósito, se puso en práctica el sistema digital de “turno aleatorio”, a partir del cual se distribuyen los casos entre las magistraturas del Tribunal Electoral por medio de un algoritmo aleatorio. Esto representa un cambio fundamental respecto al método anterior basado en el orden alfabético. Con esta herramienta digital se reducen de forma importante las posibles distorsiones o intervenciones humanas en la asignación de casos y se abona a un proceso judicial más objetivo, equitativo e imparcial.

Adicionalmente, se han dado pasos significativos para fortalecer la estabilidad y certeza jurídica de las decisiones del TEPJF. Esto ha implicado establecer precedentes nítidos y coherentes que dan forma a la interpretación y previsibilidad de las decisiones judiciales. Cada fallo se convierte en un punto de referencia que traza la dirección a seguir, permitiendo que los actores políticos y el público en general comprendan cuáles son las reglas del juego democrático a las que se atienen.

Tras décadas de subordinación de los órganos electorales al Poder Ejecutivo, resulta esencial que el TEPJF demuestre su independencia, manteniendo el compromiso de impermeabilidad ante la corrupción y las presiones de actores políticos o poderes fácticos. Este aislamiento a los vaivenes políticos es toral para resolver la elevada litigiosidad sin caer en posibles amenazas a la autonomía institucional y resistencias al cumplimiento de sus decisiones.

3. Política de acceso a la justicia y de inclusión

Es importante reconocer que las sociedades con altos niveles de desigualdad como la mexicana requieren de instituciones fuertes para garantizar los derechos, inclusión y representación de las minorías. Por ello, es trascendental la existencia de la Defensoría Pública Electoral dentro del Tribunal Electoral, la cual permite que la justicia electoral esté al alcance de todas las personas.

Desde su creación como Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, este órgano se centró en la atención a estos grupos, en cumplimiento del mandato constitucional de eliminar las condiciones que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos debido a la identidad, origen étnico, residencia o condición social. En línea con este compromiso, en 2023 se amplió el alcance de esta Defensoría para garantizar la atención adecuada de todas las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Así, se diversificaron los servicios para más personas, colectivos y comunidades en desventaja estructural e histórica; se brindaron servicios de asesoría y representación jurídica a personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, personas afromexicanas, personas en prisión preventiva y personas mexicanas que residen en el extranjero.

En los próximos meses, será imperativo fortalecer la tarea de esta Defensoría para que esté en condiciones de atender el creciente número de solicitudes provenientes de personas de estos diversos grupos, quienes participan, cada vez de manera más activa, en los procesos electivos.

4. Política de profesionalización

La administración de justicia electoral de calidad exige contar con un cuerpo profesional capacitado tanto en el ámbito jurisdiccional como en la gestión de la institución. Mediante la implementación de un servicio profesional de carrera basado en el mérito, se ha promovido la profesionalización en las áreas administrativas del Tribunal. Este enfoque no solo ha mejorado la eficiencia en las funciones administrativas, sino que también contribuyó a fortalecer el sentido de identidad y pertenencia del personal hacia la institución.

La política de profesionalización ha permitido dar más estabilidad a la institución, así como avanzar en la eliminación de espacios de discrecionalidad en la toma de decisiones dentro del Tribunal Electoral. Esto ha fortalecido la rendición de cuentas en el actuar del personal del TEPJF y ha contribuido a preservar la impartición de justicia y el imperio de la Ley como bienes públicos. Por estas razones, se deben respetar y fortalecer la carrera judicial y los servicios civiles administrativos.

5. Política de calidad de gasto y disciplina financiera

Finalmente, en los últimos dos años, el TEPJF experimentó un cambio radical en su ejercicio presupuestal, al seguir una política de calidad gasto y disciplina financiera, sustentada en principios clave como la transparencia, rendición de cuentas, uso responsable y justificado de los recursos públicos, consecución de metas de ahorro, inversión tecnológica y racionalidad. Estos parámetros marcaron la pauta para la elaboración del presupuesto fiscal 2024, con lo cual se aseguró que cada peso en el Tribunal esté bien invertido en lo que será clave ante el proceso electoral que está en marcha: impartir una justicia electoral pronta, expedita y efectiva.

Las instituciones evolucionan con el tiempo en diversas direcciones. Es nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos velar por que dicha transformación siempre redunde en beneficio para la sociedad. El hacer un gasto racional y eficiente de los recursos de todos y todas las mexicanas es parte esencial de este fortalecimiento institucional y democrático.

Ante las elecciones de 2024

Frente a los procesos electorales que están en marcha en México, sin duda todas las personas queremos que la transferencia del poder político se caracterice por resultar de una competencia limpia, equitativa y justa; es decir, una verdadera competencia democrática. La conducta de las instituciones electorales será factor determinante para dotar de legitimidad los resultados de las elecciones, de los ganadores y para que exista una capacidad de los perdedores de aceptar la derrota. Para ello es imprescindible que las magistraturas se apropien de la independencia y la ejerzan en cada sentencia, aunque ello implique lastimar intereses. En consecuencia, el Tribunal Electoral debe apostar por ahondar en las políticas institucionales que han dado lugar a una impartición de justicia electoral más abierta, independiente, inclusiva, profesional y eficaz.

En otras palabras, lo que está en juego es la viabilidad de las elecciones democráticas en México y que se confirme nuestra vocación democrática con la celebración de elecciones íntegras, justas y limpias. Ese propósito debe estar por encima de cualquier interés político particular o personal. Por ello, estoy cierto que bajo la lupa ciudadana veremos cómo se mantiene la integridad e imparcialidad del Tribunal Electoral para consolidar, una vez más, ese sistema electoral limpio, justo y confiable que la sociedad mexicana tanto demanda.

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