Reyes Rodríguez: “La independencia del Tribunal Electoral ha pasado por momentos críticos”

El magistrado Reyes Rodríguez (Ciudad de México, 49 años) tiene a su cargo una materia que exige aproximaciones delicadas a la vez que veloces, un manéjese con cuidado pero con determinación en la maniobra. El Tribunal Electoral federal (TEPJF) debe interceder con oportunidad en los conflictos que genera el bien más preciado por los actores políticos: el cargo público, el poder de representación, la potestad de tomar decisiones en nombre del colectivo. Más allá de vigilar el respeto a la ley en tiempos electorales, este órgano adscrito al Poder Judicial debe garantizar que, en el día a día, los funcionarios, políticos y partidos ejerzan los recursos públicos de manera imparcial, en el ideal gobierno para todos.

Esa misma función ha hecho de los magistrados electorales personajes incómodos para el Ejecutivo y el Legislativo. Así ha sido durante años y lo sigue siendo ahora, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que desconfía de los jueces, y en particular de los magistrados electorales, a los que acusa de solapar fraudes. La mala relación entre ambos poderes culminó con el intento de una reforma por parte del oficialismo para remover a todos los juzgadores y reemplazarlos por unos nuevos electos por el voto directo de la ciudadanía. Ese plan fue frustrado por la oposición en el Congreso.

Una nueva disputa acaba de surgir por la petición de presupuesto público para el próximo año que hizo el Poder Judicial. El magistrado Rodríguez defiende la solicitud de 3.890 millones de pesos correspondientes al TEPJF. La bolsa prevé una novedosa partida de 84,7 millones que se utilizaría en caso de que fuese necesario llevar a cabo un recuento de votos en alguna de las elecciones de 2024, en las que se renovarán no solo la Presidencia de la República y las dos Cámaras del Congreso, sino también nueve gubernaturas y cientos de cargos locales. Rodríguez sostiene que, aunque se trata de una elección más compleja que la de 2018, el presupuesto solicitado esta vez es menor en términos reales, es decir, contando la inflación.

El presidente del tribunal recibe a EL PAÍS en su despacho para hablar de la complicada relación con un Ejecutivo que cuenta con un fuerte respaldo popular y de las pugnas sucesorias que han emprendido los dos bloques en disputa: el oficialista, encabezado por Morena, y el opositor, que aglutina al PAN, PRI y PRD en el Frente Amplio por México.

Pregunta. ¿Cómo ha sido la convivencia del Tribunal Electoral con el Gobierno de López Obrador? El presidente ha manifestado su desconfianza hacia la institución y los magistrados.

Respuesta. Sí, públicamente sabemos cómo se da esa expresión. El TEPJF, por su especialización y su característica de un tribunal de última instancia, independiente y autónomo, tiene que mantener una relación institucional con el Poder Ejecutivo, con los partidos políticos y con el Legislativo. En mi caso, como presidente del tribunal desde septiembre de 2021, la relación ha sido institucional a través de la Secretaría de Gobernación. Lo que se ve y se escucha en las conferencias [mañaneras], en el debate público, se queda en el ámbito de la comunicación social, política. La relación institucional implica otra dimensión que no es esa discusión pública.

P. ¿Qué costos ha traído para el TEPJF intentar poner freno, hacer cumplir la ley, a un presidente tan popular?

R. Tiene una dimensión sociopolítica en sus costos. Por un lado, está la popularidad del presidente de la República, en donde encuentra un apoyo de opinión pública, y por el otro, lo que tenemos es un proceso formal, institucional, para que cualquier servidor público, incluyendo al presidente, respete las obligaciones constitucionales o legales. Los funcionarios, incluyendo a alguien de la más alta jerarquía como él, tienen prohibido utilizar recursos públicos —como es una conferencia de prensa matutina y todo el despliegue que hay ahí de recursos económicos y de personal— para incidir en la competencia entre partidos políticos. Está prohibido para favorecer a una opción política partidista. Está, en términos de violencia política de género, sujeto a la posible revisión de instituciones electorales, porque se trata de la protección al ejercicio de cargos públicos en condiciones de no discriminación, de no violencia.

Los costos son sociopolíticos en tanto que genera un contexto de crítica, de cuestionamiento, de desconfianza a la institucionalidad electoral. En términos macro, genera ciclos en donde la sociedad percibe que puede haber conductas que no se apegan al derecho, que no tienen consecuencias, que no hay una sanción o que hay márgenes de impunidad. O, por el otro lado, que se genere una idea de autoridades que están actuando de manera muy discrecional o en un contexto casi como binario, de blanco y negro, de enemigos o adversarios, y eso se traduce en cuestionar la autoridad, la ley y la función de instituciones que están creadas para servir a la ciudadanía y garantizar nuestros procesos de participación política.

P. ¿La independencia del Tribunal Electoral ha estado en riesgo en la Administración de López Obrador?

R. Ha pasado por momentos críticos, sí. Que sí genera contextos de riesgo. Pero, afortunadamente, hoy el tribunal es una institución sólida, independiente, imparcial, que tiene cierta estabilidad y que, a pesar de esos momentos críticos, hemos podido arbitrar procesos electorales como el de 2018, en donde durante las campañas y durante la calificación de las elecciones se dieron los resultados que se esperaban de un tribunal electoral: resolver conflictos postelectorales, calificar elecciones con oportunidad. Lo mismo en la elección de 2021 y en los comicios estatales. En general, los resultados que ha dado el TEPJF no demuestran ese riesgo de pérdida de imparcialidad o independencia.

P. ¿Qué opina de que los jueces y magistrados sean electos por voto directo, como ha propuesto López Obrador?

R. Opino que por algo no sucede en casi ninguna parte del mundo. A la ciudadanía le importa la justicia, pero le importa más que esa justicia se imparta con criterios de imparcialidad, técnicos, de conocimiento de la ley, que te resuelva problemas a veces de la justicia cotidiana; no está buscando representantes populares en los jueces.

P. Los dos bloques políticos desafiaron a las autoridades electorales al adelantar sus procesos de definición de la candidatura presidencial. ¿Esto no fue una violación a la ley?

R. El TEPJF tomó la decisión de que ambos procesos políticos partidistas, el encabezado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y el encabezado por el Frente Amplio [PAN, PRI y PRD], tenían que ser regulados a través de la emisión de lineamientos. Se trata de procesos inéditos en donde había en juego una serie de derechos de quienes participaban en ellos: ejercer un posicionamiento político, generar acercamientos a la gente, llevar a cabo liderazgos al interior de los partidos, y entonces ejercen derechos fundamentales como de expresión y de reunión. Por otro lado, los partidos tienen que decidir quién les va a marcar la ruta y ejercer el liderazgo durante un proceso electoral, y además hay una ciudadanía cada vez más participativa e interesada, que tiene derecho a estar informada sobre quiénes son los liderazgos que van a representar las distintas fuerzas políticas.

Los partidos no lo habían convocado así antes, y por lo tanto no hay un precedente en torno a si esto era permitido o prohibido. Desde 2007, la ley prevé un proceso formal de precampañas que se reduce a 60 días y que inicia en noviembre. Sin embargo, los procesos de decisión política sobre los liderazgos no se construyen en 60 días. Yo creo que el diseño de la ley no tomó en cuenta la complejidad de definir quién encabeza en un proceso electoral el liderazgo en términos visibles y la construcción de alianzas y coaliciones. Lo que demostró este proceso adelantado no es necesariamente un ejercicio violatorio de la ley, sino más bien es la distancia que hay entre un diseño legislativo y el contexto político que ha venido cambiando en México, y entonces el Tribunal Electoral vislumbró la necesidad de reglamentar esto, porque tampoco podíamos no hacer nada.

P. ¿Qué decisiones se tomaron?

R. Efectivamente había una cantidad de recursos económicos utilizados en estos procesos y el Instituto Nacional Electoral tenía que fiscalizar de entrada, porque si se admitía por los propios partidos que eran un ejercicio intrapartidista, de su autonomía, eso ya implicaba un gasto ordinario. Por el otro lado, viendo una serie de posicionamientos que podrían incurrir en violaciones a las prohibiciones de actos anticipados de precampaña o de campaña, había que determinar también que la consecuencia en términos de fiscalización podría ser impactar el gasto de precampaña. Habrá violaciones a la ley cuando se determine que hubo un acto anticipado de postulación de una candidatura o una precandidatura, cuando se hayan presentado agendas de política pública como promesa de campaña, o se haya pedido el voto a favor o en contra de una precandidatura o un partido político.

P. El proceso interno de Morena ya fue impugnado por Marcelo Ebrard dentro del partido y el asunto puede llegar al TEPJF.

R. Hasta que el partido resuelva, y solo si alguien se inconforma con la decisión del partido, entonces el Tribunal Electoral tendría que analizar un juicio y pronunciarse.

P. ¿Es una papa caliente?

R. Pues es una responsabilidad para el partido, será una papa caliente para ellos, y tendrán que tomar una decisión conforme a sus reglas internas. Algo que hay que decir es que en sus Estatutos y reglamentos no existe formalmente el cargo de “coordinación nacional de la Cuarta Transformación” [el nombre eufemístico elegido por Morena para no hablar de candidaturas y no violar la ley]. También tendrán que resolver qué tipo de prácticas incurren en una infracción a sus Estatutos. Pero es sobre un proceso intrapartidista. No es, formalmente, la definición de una precandidatura ni una candidatura. Los partidos tendrán que comunicar al INE cuál va a ser su procedimiento interno para registrar precandidaturas, llevar a cabo esa precampaña en los tiempos que marca la ley, en noviembre, y luego postular una candidatura. Para decirlo más claro: las precampañas tienen su proceso de fiscalización, y ahí las consecuencias legales tendrán que ver con el ingreso y ejercicio de gasto para ese propósito.

La fiscalización de esta actividad partidista [las contiendas internas anticipadas] es un proceso distinto, con responsabilidades propias del gasto de los partidos políticos en sus actividades políticas, no en una actividad de precampaña. Entonces, la papa caliente no es tan caliente si podemos separar el orden de las cosas, porque las consecuencias en ese proceso político partidista, en primer lugar, son responsabilidad del partido respecto de una decisión interna compartida con otros partidos para definir un liderazgo, algo muy distinto a formalizar una precampaña y una precandidatura.

P. Es un hecho que los partidos estaban definiendo sus candidaturas presidenciales, aunque no les llamaran por ese nombre. ¿No le parece que el TEPJF convalidó el discurso de que los partidos no estaban haciendo algo que sí hacían?

R. Siempre hay un proceso de aprendizaje y de aproximaciones sucesivas entre la aplicación del derecho y las conductas de los actores políticos. Ellos tienen el incentivo de, dentro del marco de restricciones, alcanzar sus objetivos, generar adeptos, convencer ciudadanos, confrontarse, contrastarse, presentarse como la mejor opción política. Es diferente presentarte como la mejor opción política en términos de una constante y permanente competencia entre partidos a presentarte como la mejor opción política para un proceso electoral, para una campaña y para un cargo explícitamente.

Me imagino que todos los partidos han estado aprendiendo de la experiencia de una ley que tiene muchas restricciones en ese sentido, y van encontrando la forma en donde no se les cancele su proselitismo político, su expresión, y se puedan mover dentro del marco legal. Esa formalidad de no llamarse precandidata o candidata sí importa. Porque lo que dice la ley es que están prohibidos los actos que expresamente soliciten apoyo para una candidatura o un partido [fuera de los tiempos de campaña], es decir, actos de expresión explícita. Eso puede parecernos, al menos al sentido común, un formalismo técnico-jurídico, pero es relevante para no cancelar absolutamente libertades de expresión de ciudadanos o militantes que aspiran a cargos públicos.

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