El Gobierno y la Suprema Corte rebajan el tono para negociar la letra pequeña de la reforma judicial

La reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador verá la luz en septiembre, aunque sea lo último que haga el presidente antes de irse. Así lo aseguran los grupos legislativos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como los equipos del actual Gobierno y del próximo. Con la mayoría calificada en el Congreso y casi los dos tercios del Senado, el partido guinda ha arrinconado al Poder Judicial con una iniciativa que cambiará por completo el sistema judicial. A los disconformes les queda un escaso margen de maniobra donde buscarán negociar lo que puedan. En esas conversaciones se han comenzado a sumergir estas semanas los principales actores, entre ellos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y el presidente mexicano. Por primera vez en un año y medio —tiempo en el que sobraron los embates y las descalificaciones—, el Ejecutivo y la titular del Consejo de la Judicatura Federal han rebajado el tono con el fin de dialogar y ponerse de acuerdo sobre la letra chica del proyecto legislativo.

La relación entre el presidente y Piña ha sido tensa desde el principio, en enero de 2023, cuando la ministra fue elegida para presidir el Poder Judicial. Los ataques, sin embargo, se han sosegado en los últimos días. Este lunes, Piña admitió que era necesaria una reforma al sistema judicial, aunque pidió diálogo para concretar algo que no acaba siendo perjudicial a los mexicanos. El mandatario celebró las palabras de Piña y, aunque no dejó las críticas a los jueces por haber protegido a “delincuentes del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco”, abrió un canal de comunicación con la Corte a través de la Secretaría de Gobernación, algo que llevaba pidiendo la ministra presidenta hacía tiempo. “La secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo estarían dispuestos a hacer los integrantes del Congreso”, dijo y rechazó ser él quien fuera a mantener el diálogo. “Yo no tengo nada que ver con esto”.

La apertura, aunque escasa, fue bien recibida por la presidenta de la Corte, que lleva unos 17 meses sin tener una comunicación con el presidente, según dijo recientemente en entrevista con EL PAÍS. “Creo firmemente que por lo menos estamos todos en el mismo camino, en tener un diálogo honesto, abierto, porque en el fondo todos tenemos la misma preocupación y la misma finalidad: mejorar el sistema de justicia en nuestro país”, dijo este martes Piña en entrevista con Carmen Aristegui tras conocer la respuesta de López Obrador. “El presidente, como bien lo dijo, ya presentó la iniciativa de reforma, entonces ahora está en el campo de los legisladores, entonces con quienes tenemos que dialogar es con todos los grupos parlamentarios para llegar a una reforma que realmente, que realmente resuelva los problemas”.

El núcleo de la reforma, y a su vez de la polémica que la rodea, es la elección de los jueces y ministros de la Corte a través del voto popular. Una idea que es innegociable, según han detallado varias fuentes, entre ellas, la próxima consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy. Sobre esto, la mayoría de los ministros de la SCJN han planteado la propuesta de que se ejecute de manera escalonada, para no dejar fuera del sistema judicial de la noche a la mañana a unos 1.600 juzgadores, que acabarían dejando en el limbo cientos de miles de casos judiciales. El cambio de manera gradual fue uno de los puntos en el que Gobierno puede ceder, según lo ha aceptado el propio López Obrador.

Los requisitos que se pidan a los aspirantes, entre ellos la experiencia en el cargo, es otro de los puntos que tendrán que debatir las Cámaras legislativas. En este punto, la iniciativa plantea cinco años de experiencia, aunque el mandatario ha barajado esta semana la posibilidad de quitarlo. “Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó. Porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley”, dijo.

El hecho de elegir a los jueces en las urnas preocupa a los ministros de la Corte, según lo expresaron ante el Congreso, por el riesgo que implica para la independencia judicial. “Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder”, reclamó esta semana Piña en el cierre de los encuentros organizados por la propia judicatura para sondear una propuesta de reforma integral al sistema de justicia. Allí dio a entender que buscaría alternativas a lo que presentó el Gobierno de López Obrador, sin dar mayor detalle acerca de qué cambiaría en el Poder Judicial.

La logística de cómo se va a ejecutar la reforma es la gran incógnita que dará margen para negociar. Solo en Ciudad de México se deberían elegir más de 300 impartidores de justicia, a los que podrían presentarse varios aspirantes al cargo. Esto implicaría que la gente tenga que elegir entre cientos de nombres quiénes serán los jueces. Consultado sobre esto, el presidente respondió vagamente que podrían dividirse las elecciones por distrito. “Esos son asuntos de procedimiento, aquí lo importante es que se renueve”, se quejó, “es importante siempre una renovación, una reforma; más, cuando se está en una situación de decadencia”. Una respuesta que no resuelve todas las incógnitas que acarrea la reforma judicial.

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