Jueces, magistrados y trabajadores paralizan los tribunales de México contra la reforma judicial: “No son privilegios, son nuestros derechos”

Decenas de jueces, magistrados y cientos de trabajadores del Poder Judicial están congregados afuera y no adentro del Palacio de San Lázaro. El coloso de piedra que concentra a varios juzgados en la capital se ha convertido en el epicentro de las protestas contra la reforma judicial que prepara el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los últimos en sumarse han sido más de 1.200 juzgadores de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (Jufed) que decidieron comenzar un paro indefinido de labores este miércoles. Casi una veintena de Estados se han sumado a la huelga y los trabajadores amenazan con mantener el plantón hasta que exista una verdadera negociación de la reforma con el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El Gobierno amagó el jueves con despedir a quienes no se presenten a trabajar o recortar sus salarios. A medida que la tensión aumenta, el proyecto de ley ha impactado de lleno en las relaciones con Estados Unidos, ante las críticas abiertas del embajador Ken Salazar. A las puertas del Palacio de Justicia, los manifestantes llevan tres días acampando en medio de la incertidumbre por su situación laboral. “No son privilegios, son nuestros derechos”, se lee en las pancartas.

La reforma judicial está contemplada dentro de un paquete de 20 medidas presentadas por el presidente López Obrador para modificar la Constitución. Entre sus puntos más polémicos plantea que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, algo que rechaza el juez Guillermo Campos Osorio, del Juzgado noveno en materia Civil en Ciudad de México. “Ser juez no tiene nada que ver con ser popular”, dice Campos Osorio que hace hincapié en la preparación y experiencia de los juzgadores que llevan, como él, más de 30 años en el sistema de Justicia. “Defendemos la carrera judicial porque empezamos desde abajo y nos vamos preparando desde abajo”, afirma.

La iniciativa propone que se elija a los ministros de la Suprema Corte, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los magistrados del Tribunal Electoral federal, los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Alrededor de más de 1.600 cargos que serían renovados en junio de 2025. Además, si se aprueba la medida, ningún juez, magistrado o ministro de la Corte, podrá ganar más de lo que gana el presidente de la República. En el caso de los jueces salientes, tampoco podrán trabajar como litigantes durante los siguientes dos años.

Cientos de personas impedían este viernes el acceso a los juzgados que hay en el edificio gubernamental. Lo mismo ha pasado en otros tribunales de la capital y del país. De acuerdo a los organizadores, los trabajadores en paro superan ya los 55.000 en todo México. “Esto que estamos haciendo no es ilegal, estamos ejerciendo un derecho”, subraya Patricia Aguayo, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en San Lázaro. Los detractores del paro argumentan que los trabajadores del Poder Judicial tienen prohibido hacer huelga por su condición de servidores públicos, sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que mientras dure el paro, se mantendrá un régimen de servicios mínimos para atender casos urgentes en todas las materias: penal, civil, administrativa, laboral y otras especializadas.

La reforma también plantea sustituir el Consejo de la Judicatura Federal, reducir el número de ministros de la Suprema Corte y crear nuevas reglas procesales, entre las que destacan prohibir suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Mientras los jueces acusan a López Obrador de querer acaparar la justicia en beneficio de su Gobierno, el presidente ha declarado que la reforma es necesaria para acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Patricia Aguayo reconoce que es necesario reformar el Poder Judicial, algo con lo que está de acuerdo el juez Campos Osorio, sin embargo, no coinciden con la táctica de tierra quemada que plantea el Gobierno. “Una institución, como cualquiera, tiene problemas que hay que identificar y que se tienen que resolver”, reconoce Aguayo.

El Gobierno y los legisladores convocaron a mesas de trabajo para analizar y discutir la reforma, sin embargo, los trabajadores se quejan de que nada de lo que se habló en esos foros tuvo un efecto real en el proyecto definitivo. “Fue un circo, un engaño, una pantomima que montaron porque nada de la información que se les hizo llegar la tomaron en cuenta. La reforma la están pasando como la ordenó el presidente sin moverle una coma”, denuncia Aguayo. “Reforma sí, pero no así”, se puede leer en otra pancarta desplegada en San Lázaro. Se espera que la aprobación del proyecto suceda después del arranque de la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.

Entre los problemas que denuncian los trabajadores se encuentra el gran volumen de trabajo que manejan los juzgados. El juez Campos Osorio señala que desde que empezó el año, su juzgado tiene abiertas más de 4.000 causas y que cada día revisa alrededor de unas 250. Aguayo agrega que los recortes de presupuesto han impactado en el desempeño de los organismos del poder judicial. “Hay veces que tenemos que llevar desde casa papel para imprimir los oficios o comprar nuestro propio papel de baño porque no hay en los juzgados. El año pasado nos recortaron unos 7.000 millones de pesos del presupuesto”, agrega.

Pese a que los trabajadores insisten en que su lucha es apartidista y emana de la sociedad civil, la oposición al Gobierno de López Obrador se ha manifestado a favor de las protestas y ha tratado de capitalizarlas. Este viernes, la diputada electa del PAN Margarita Zavala aprovechó para saludar a los manifestantes, tomarse fotografías y hacer declaraciones ante la prensa. “La defensa del Poder Judicial es la defensa de México”, señaló y agregó que la propuesta de reforma “tiene que ver más con una venganza y con un deseo de que no haya ningún poder frente al Ejecutivo”. La Marea Rosa, el movimiento que engloba a varias organizaciones de la sociedad civil y que se creó para defender la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha convocado este domingo, 25 de agosto, una manifestación desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo para marchar contra la reforma. Desde la acampada del Poder Judicial dicen que quienes quieran marchar lo harán de manera independiente, no como colectivo.

Por su parte, los jueces, magistrados y trabajadores insisten en que el paro es “una respuesta extrema” ante “una amenaza extrema” que pone en peligro la división de poderes. Mientras, López Obrador ha lanzado un mensaje a los huelguistas para que reflexionen por el bien del país y regresen a sus puestos de trabajo. “Hago un llamado a los que se están manifestando para que recapaciten, entren en razón y no se dejen manipular”, declaró este semana desde Palacio Nacional. La amenaza contra los salarios y miles de puestos de trabajo en el Poder Judicial sigue agitando las aguas. Los afectados dicen que mantendrán el plantón por tiempo indefinido. “Hasta donde tope”.

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