Los jueces y magistrados de México paralizan los tribunales y se plantan contra la reforma judicial de López Obrador
Más de 1.200 juzgadores se unen al paro parcial de los trabajadores del Poder Judicial en casi una veintena de Estados, mientras el presidente califica la huelga de “ilegal”
![Trabajadores del PJF cierran filas frente a la sede de Cuernavaca (Morelos) durante el tercer día del paro, el 21 de agosto.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MRORVP2NDBHORNJTSPVKM5BGG4.jpg?auth=43c7d50d59917cd2b86f15ea29d353fd655b4060a0007214ff559e88d6e9e898&width=414)
![Almudena Barragán](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2e357f05-2c26-49a2-9fb8-d61c420081e7.jpg?auth=56a9d0c8cfbf2c24860121d5118de9c8c4485233edbfcb9888ea1abe3f534393&width=100&height=100&smart=true)
Los jueces y los magistrados se han sumado al paro en el Poder Judicial en protesta por la reforma que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, su partido. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (JUFED) adelantaron el lunes que más de 1.200 juzgadores están a favor de suspender sus labores por tiempo indefinido, a partir de la madrugada de este miércoles. El Consejo de la Judicatura ha anunciado que mientras dura el paro — que se ha extendido a casi una veintena de Estados del país— se mantendrá un régimen de servicios mínimos para atender casos urgentes o graves. López Obrador, por su parte, ha calificado la huelga de “ilegal” y ha señalado en su conferencia de prensa matutina que a la mayoría de los mexicanos “no les va a importar” la decisión que han tomado los trabajadores del Poder Judicial.
“La reforma no solo es una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes”, señaló una portavoz de la JUFED, la jueza Juana Fuentes Velázquez. “Esta reforma amenaza la estabilidad de nuestra nación. Sin justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria”, denunció Fuentes Velázquez.
Esta nueva reforma está contemplada dentro de un paquete de 20 medidas presentadas por el presidente López Obrador para modificar la Constitución. Entre sus puntos más polémicos plantea que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular; reducir de 11 a nueve a los ministros de la Suprema Corte; sustituir el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la actuación de los jueces y crear nuevas reglas procesales, entre las que destacan prohibir suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, entre otras. Está previsto que el dictamen sea aprobado después de que arranque la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.
![Poder Judicial](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6YWQ7KUDDZADDMZQKZ3ZKVULNM.jpg?auth=8503bb38eafa2e6829cfe5dfe7d29fa8934a16000e60610abed932c620283dc3&width=414)
Mientras los jueces acusan a López Obrador de querer acaparar la justicia en beneficio de su Gobierno, el presidente ha declarado que la reforma es necesaria porque el Poder Judicial “está podrido”. El proyecto ha impactado en los mercados financieros y ha tensado las relaciones con Estados Unidos, ante la insistencia de los inversores de tener garantías judiciales claras. “Lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí mucho de ellos dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco”, ha dicho el presidente.
Los jueces y los magistrados señalan que el paro de labores es “una respuesta extrema” ante “una amenaza extrema”. Solo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral continuarán trabajando. “La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder”, agregó la portavoz de JUFED, ante las puertas del Palacio de San Lázaro, el miércoles en la madrugada.
![Trabajadores del Poder Judicial se suman al paro nacional en Cancún (Quintana Roo), el 20 de agosto de 2024.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/52TMLZZ7B5EB7CZL3KDDDM5MFM.jpg?auth=93506e6b5916dd250c4c7d326385c7a2b5348b71a84855173381ef8f4433595e&width=414)
El Consejo de la Judicatura ha señalado que los jueces seguirán resolviendo asuntos “urgentes”, especialmente relacionados con delitos en materia penal, en concreto los relacionados con la libertad de un imputado o procesado, cambios en las medidas cautelares o vinculación a proceso o calificación de la detención. Por su parte, las audiencias de juicios que ya hubieran empezado antes del paro deberán tramitarse hasta que concluyan.
Varias sedes del Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad de México han sido tomadas por los trabajadores, entre ellas, el edificio en San Lázaro, Revolución, Prisma, Diamante o Las Flores. También se han sumado a la huelga durante el fin de semana trabajadores del Poder Judicial en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo Léon, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Mérida, Campeche y Coahuila.
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