La reforma judicial y la inversión privada

Las necesidades de complacer sin más los deseos de su todavía líder han llevado a los integrantes —salientes y entrantes— del oficialismo a dejar de reflexionar sobre los deseos presidenciales. Lo que acontece con la propuesta de reforma judicial es un claro ejemplo de ello. Lejos, muy lejos, de tomarse en serio la gravedad de lo planteado por López Obrador el 5 de febrero del año en curso, para analizar sus propuestas se ha instaurado un modo de proceder negacionista, cuando no, de plano, afirmacionista. El primero ha consistido en rechazar, sin más, cualquier tipo de objeción fundacional, operativa o funcional a cualquier aspecto de la iniciativa; el segundo, en sostener, también sin más, las virtudes o hasta excelsitudes de los deseos presidenciales.

Para poder sustentar ambos procederes, los oficialistas —con o sin cargo público— han tenido que deformar distintos aspectos materiales. Por ejemplo, han tenido que señalar la viabilidad operativa de una elección numérica y presupuestalmente imposible, o han tenido que rechazar las objeciones hechas al modelo boliviano desde el cual apelan. En su complaciente actuar, han tenido que alterar los hechos tal como son y que, de manera simultánea, les trasciende y afecta. Es en esta disposición como se han pronunciado sobre la incidencia de la reforma en los mercados y el financiamiento privado a los proyectos del gobierno entrante.

El contexto de su discusión está fundado en la paradójica condición de suponer que, por una parte, el nacionalismo es prácticamente autorreferente en la obtención de proyectos y recursos y que, por otra parte, estos últimos tienen que complementarse con inversiones provenientes de los capitales nacional y extranjero. Esta tensión —de un orden más bien retórico— ha producido y produce discursos y posicionamientos erráticos frente a la propuesta de reforma judicial.

En ánimo nacionalista sostiene que la propuesta de López Obrador está sobre las inversiones y los mercados. Que la fuerza moral del presidente es suficiente para imponerse al egoísmo y maldad que a aquellos se les atribuye. En el entusiasmo personal y moral que tales discursos concitan, la reforma termina siendo la única elección posible —por correcta— respecto de toda la acción judicial del Estado mexicano.

Al lado de esta imagen, está la realidad agradable y desagradable, provechosa y destructiva, de los mercados y del financiamiento del proyecto nacional. Por más que quieran fundar la propuesta del presidente saliente en sus virtudes y moralidad intrínseca, saben que, como El Quijote con la iglesia, algo han de hacer con los mercados e inversiones con las que se han topado en esta nuestra compleja y desigual modernidad.

La dimensión negacionista del oficialismo sustenta que la reforma no tendría ningún efecto sobre las inversiones futuras, o que los mercados ya la descontaron. Este primer aspecto se refuta, por ejemplo, con la lectura del informe que a finales de julio presentó la calificadora Fitch sobre nuestro país. A diferencia de lo que cuentan entre los apoyadores de la reforma —y de lo que posiblemente le cuentan a la presidenta electa— hay preocupación entre los mercados y los inversionistas sobre los alcances de la reforma. Es por ello que se han detenido las inversiones en nuestro país y se está analizando la permanencia de las ya realizadas en el futuro próximo. Por otra parte, no es verdad que los mercados ya descontaron la reforma. Existe la idea de que la próxima presidenta puede asumir plenamente el hecho de haber sido electa directamente —y no por intermedio o gracia de otra persona— para evitar que el nuevo Congreso reforme la Constitución. Existe la idea de que la propuesta de López Obrador puede modificarse. Estas dos posibilidades han provocado que los mercados, los fondos o los inversionistas, no hayan descontado la reforma. En realidad, no se ha asumido —ni menos reflejado— que las discusiones y la publicación de los nuevos textos constitucionales no tenga efecto en la inversión o la calificación de nuestro país. Que los inversionistas ya aceptaron que a los juzgadores se les elija por voto popular y se sometan a un tribunal disciplinario. Que para la administración fiduciaria de los capitales encomendados, da igual que se mantenga lo que hoy existe a lo que conforme a la propuesta pueda resultar. Que lo actual y lo posible son iguales o indiferentes para la seguridad de las inversiones. En realidad, resulta difícil suponer que el mercado reaccionó frente a algo cuyos alcances y costos fiscales e institucionales no se conocen, sencillamente porque la reforma no ha sido aprobada.

En el ámbito afirmacionista sobre la reforma, las cosas no son menos fantasiosas que en el negacionista. Se sostiene que las inversiones no sólo no habrán de irse, sino que la elección popular de los juzgadores producirá, de una vez por todas, la identificación entre éstos y la verdadera justicia, y que tal identificación derramará sus beneficios sobre los capitales privados. Que la identificación entre justiciables y juzgadores producirá la auténtica justicia. Instalados en esas condiciones, a los inversionistas se les dice que no sólo no deben temer a la reforma, sino que deben abrazarla por estar alineada con los deberes fiduciarios.

En los próximos años México requerirá de enormes recursos para sacar adelante a su población. Es necesario invertir en energías, agua, seguridad, infraestructura, empleos remunerados, salud y tantas otras carencias. Es importante dejar de asumir que México es algo así como un favorito de los mercados, cuando en realidad los países compiten por el capital externo a partir de diversas bases institucionales, una de las cuales es la independencia de sus correspondientes poderes judiciales.

Si más allá de una retórica que no se aviene a los hechos existentes para el desarrollo nacional en abstracto y de su población en concreto, se requiere del financiamiento público y privado, no es una buena idea dejar de discutir, al menos, la relación entre la propuesta de reforma judicial y los objetivos de crecimiento y desarrollo del país. La negativa a hacerlo deja la sensación de una audiencia irrestricta a los deseos del presidente que se va, sin tomar en cuenta ni el proyecto de la presidenta ni de los legisladores que llegan ni, menos aún, de las posibilidades reales de bienestar para la población mexicana.

@JRCossio

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