Rosario Piedra Ibarra, entre el activismo y la polémica permanente

Nadie en México se atreve a poner en duda el linaje de Rosario Piedra Ibarra. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, fue una de las pioneras en la lucha de derechos humanos en el país. Reconocida figura de la izquierda, primera mujer en ser candidata a la presidencia y fundadora de una de las primeras organizaciones de buscadores de desaparecidos, Ibarra de Piedra construyó un indudable legado en el universo de los derechos humanos. La actual titular de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) absorbió eso desde la infancia y formó parte incluso de la asociación creada por su madre, el Comité Eureka. Nadie duda del prestigio de su ascendencia, pero muchos han cuestionado su desempeño como ombudsperson. En el camino hacia su reelección, Piedra Ibarra enfrentó acusaciones de corrupción, falsificación de documentos, parcialidad y omisiones a las violaciones de los derechos humanos.

Licenciada en Psicología y con una maestría en Psicopedagogía, Piedra Ibarra entró al activismo de la mano de la madre. La matriarca se lanzó a las calles en 1974 a buscar a su hijo, Jesús Piedra, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre y víctima de desaparición forzosa de la represión del Estado durante los años de la Guerra Sucia, un periodo de más de cuatro décadas de persecución a los movimientos políticos. En 1977, su Ibarra de Piedra reunió a familiares de desaparecidos en las Administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría (1970-1976) y fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos.

Esa organización acabaría haciéndose conocida con los años como Comité Eureka. La asociación impulsó huelgas de hambre para pedir la amnistía de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos, y en 1978, consiguió que el presidente José López Portillo promulgara la Ley de Amnistía, que dio la libertad a 1.500 presos políticos y a 2.000 personas más que eran buscadas por las autoridades. Durante más de 40 años, su hija le acompañó en esa lucha. De manera paralela al activismo, Piedra Ibarra ejerció como profesora de educación especial por tres décadas, hasta que finalmente se sumergió en la política.

Su primer paso fueron las elecciones de 2018. En los comicios en los que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia, Piedra Ibarra fue candidata a diputada federal por Nuevo León. Contendía en Morena, el partido creado por el expresidente, con quien mantenía una relación de amistad. Perdió en las urnas y fue nombrada, como una especie de premio consolación, secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de la formación guinda. De acuerdo a una denuncia presentada en su contra en las últimas semanas, seguía ocupando el cargo directivo en Morena hasta su elección en 2019 como presidenta de la CNDH.

Su primera designación al frente del organismo, como todo lo que vino luego, estuvo marcada por la polémica. Ahí empezaron a verse los grises en la vida de Piedra Ibarra. El Senado la nombró ombudsperson después de una cuestionada votación, que sigue siendo motivo de pelea hoy en la esfera política. El problema estuvo en el cálculo de votos emitidos y votos contabilizados, que no coincidían entre sí. A pesar de eso, el partido guinda le alzó la mano, le tomó protesta y siguió adelante con oídos sordos hacia las críticas. Las irregularidades de ese primer proceso siguieron saliendo a la luz, incluso estos días, cuando se le denunció por haber tenido un cargo de dirigencia en un partido, algo que estaba prohibido.

Las inconsistencias no fueron cosa de una sola vez. Una rama del Comité Eureka, que se dividió entre quienes apoyaban su reelección y quienes la rechazaban, difundió cartas de personalidades que supuestamente respaldaban a la titular de la CNDH para que se quedara en el cargo otros cinco años más. Entre las misivas publicadas, había una que tenía el nombre del obispo Raúl Vera, un reconocido defensor de los derechos humanos. El religioso desmintió su apoyo y pidió que se investigara la usurpación de su nombre. Piedra Ibarra se vio forzada a explicar que había entregado al Senado “sin malicia ni mala fe” un documento que creía legítimo.

Los cinco años de gestión al frente de la CNDH, que no acostumbraba a ver reelecciones de sus titulares, estuvieron cargados también de críticas. A mitad de su mandato, activistas y defensores de derechos humanos ya cuestionaban la falta de resultados. Esa idea tomó contundencia en las últimas semanas, cuando un colectivo de organizaciones civiles difundió un análisis de la gestión y acusó “omisiones graves” ante reiteradas violaciones a los derechos humanos. Apuntaban a la raíz de todo, el temor que tenían en 2019, su cercanía con el partido en el gobierno y el poco margen de autonomía que eso le daba.

Lo que Piedra Ibarra vendía como “transformación de la CNDH”, el activismo lo entendió como debilitamiento institucional. Ella misma propuso en enero disolver a la comisión porque, según dijo, ya no representaba a los intereses del pueblo. La relación con Ibarra de Piedra fue el argumento más usado, por unos y por otros, en el extenso debate de este martes. Quienes estaban a favor, defendían la trayectoria de la titular y su madre, como si fuera un salvavidas que lo justificara todo. Quienes estaban en contra, marcan la distancia entre las dos. “Es un orgullo”, comentaban de un lado. “Qué vergüenza”, del otro. Murmullos que se apagaron cuando entró al pleno la presidenta de la CNDH. Vestida de rojo, con una sonrisa que tapada su rostro, levantó su mano derecha y tomó protesta por los próximos cinco años.