Las mil polémicas de Rosario Piedra marcan su búsqueda por la reelección en la CNDH

El Senado elige esta semana a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años. Lo hará en medio de una enorme polémica suscitada en las últimas semanas, a partir del anuncio de Rosario Piedra Ibarra de que buscaría su reelección. Rechazada por gran parte del universo de defensores de derechos humanos, la actual titular entró en la terna, que será sometida a voto, por motivos políticos, según admitió el senador Javier Corral, a pesar de que había recibido una de las peores evaluaciones. La Cámara alta prevé una disputa entre ella y la dirigente de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Nashieli Ramírez. Las acusaciones internas y externas de corrupción, falsificación de documentos, parcialidad y mal desempeño no han sido suficientes, al menos de momento, para que un importante bloque de Morena, el partido con mayoría legislativa, desista de apoyar a Piedra Ibarra.

El rechazo a un segundo mandato de Piedra Ibarra se hizo contundente la semana pasada, después de que los senadores de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos la incluyeran en la terna pese a quedar última en una evaluación de 12 aspirantes preseleccionados, en la que se midió, entre otras cosas, la autonomía y el conocimiento en la materia. Una decena de organismos de derechos humanos, que habían solicitado al inicio del proceso de selección que se eligiera a alguien más independiente y parcial, salieron nuevamente en bloque la semana pasada a reprobar la decisión del partido guinda y sus aliados. La terna aprobada, que será sometida a voto, se completa con la abogada y activista Paulina Hernández.

Para los más críticos, los temores que surgieron en 2019, cuando se eligió a Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, se cumplieron. Temían que beneficiara al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y acusan que lo hizo. Temían que fuera omisa a las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, y aseguran que lo fue. Un grupo de organizaciones de derechos humanos analizó, para poder hablar con datos en mano, la gestión de la comisión en los últimos cinco años. El reporte apunta que, de 164 recomendaciones emitidas, 110 pertenecían a acciones cometidas en Administraciones anteriores. Las que fueron hechas a los antiguos Gobiernos estaban relacionadas principalmente con seguridad y justicia, mientras que las 54 sobre el periodo de López Obrador estaban centradas en la falta de acceso a la salud y acceso a la información.

Las omisiones más preocupantes que notaron fueron la falta de defensa de activistas y periodistas, gremios que viven bajo asedio en México; la inexistencia de una iniciativa frente a la crisis de desapariciones que vive el país, que ha superado las 116.000 personas; o el silencio frente a la ley de la Guardia Nacional, que dejaba el cuerpo de seguridad en manos del Ejército en un contexto de militarización de la seguridad pública.

Las voces contra la reelección de Piedra Ibarra son diversas y numerosas. Una de las que más sorprendió fue la del Comité Eureka, la organización de familiares de desaparecidos fundada en los setenta por Rosario Ibarra de Piedra, la madre de la actual titular. “Nos parece inaceptable que, por intereses ajenos al proceso, sea impuesta en la terna la persona que demostró a lo largo de cinco años su incapacidad para dirigir la CNDH con independencia del Estado, perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó una parte de la asociación en un comunicado. La otra rama apoyó la reelección.

Los escándalos no han dejado de explotarle en la cara a Piedra Ibarra. Cuando informó que buscaría la reelección, un grupo de trabajadores y extrabajadores de la Comisión criticó su gestión de corrupta y negligente. Luego recibió una denuncia por irregularidades en los documentos presentados en su primera elección como presidenta. Posteriormente, sus defensores publicaron algunas de las cartas de apoyo que había recibido en el primer proceso, entre las que había una misiva supuestamente firmada por el obispo Raúl Vera, un reconocido activista por los derechos humanos. El religioso salió a desmentirlo y pidió que se investigara la usurpación de su nombre. Piedra Ibarra se vio forzada a explicar que le había llegado el documento y “sin malicia ni mala fe” lo había presentado al Senado creyendo que era legítimo.

Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la CNDH y mano derecha de Piedra Ibarra, difundió la tarde de este lunes un comunicado para acusar una “guerra sucia” contra su jefa. El enviado de la comisión asumió la culpa de lo sucedido con la misiva que llevaba una firma que decía ser de Vera. La recibió, según dijo, de alguien cuya identidad se reservaba. Estrada Correa aseguró que la titular de la comisión es víctima de una “infamia”, que es “producto de una vergonzosa confabulación” de personas que “lo único que buscan es cerrarle el paso a la transformación de la CNDH”. El funcionario ha dicho además que ha declarado ante la Fiscalía para esclarecer el asunto de la carta con el fin de que no pueda ser utilizado por Vera “ni por nadie para enrarecer el proceso” de elección en el Senado.

Frente a la posibilidad de dejar a Piedra Ibarra al frente del organismo otros cinco años, resuena el mensaje que lanzó en enero de este año, cuando propuso disolver la CNDH. Dijo entonces que la comisión ya no respondía a las necesidades del pueblo. Muchas de sus declaraciones fueron reprobadas por asociaciones civiles e incluso por miembros del organismo, que sufrió dos veces la renuncia masiva del consejo consultivo en reclamo al trabajo de la titular. De poco han servido tantas alertas, un importante grupo de senadores morenistas ha adelantado ya su voto a favor de la presidenta. Aunque al tratarse de una elección anónima, otros mantienen la esperanza de que el resultado tenga un final no anunciado.