Embestida total contra Rosario Piedra ante la posibilidad de ser reelegida en la CNDH

Los organismos de derechos humanos han lanzado una embestida contra Rosario Piedra Ibarra, ante la posibilidad que el Senado la reelija como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La actual titular forma parte de la terna propuesta este miércoles por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos a pesar de haber obtenido una de las peores evaluaciones, como publicó este martes EL PAÍS. La denuncia de una organización civil, en días recientes, retrata las irregularidades en su primera elección como ombudsperson en noviembre de 2019. Después de cinco años de encabezar una gestión marcada por acusaciones de omisiones a las violaciones a derechos humanos, corrupción y parcialidad a favor del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, activistas y defensores rechazan la posibilidad de un segundo mandato.

La inclusión de Piedra Ibarra en la terna ha generado “gran preocupación” por parte de la sociedad civil, ha dicho Eduardo Guerrero, del Centro Prodh, en una conferencia de prensa este miércoles, convocada para rechazar la reelección de la presidenta del organismo. “No existe ningún elemento objetivo que justifique que forme parte de esta terna”, ha agregado. Cuatro activistas en representación de una docena de organizaciones han criticado la parcialidad de la actual titular, la falta de posicionamiento frente a atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad y un debilitamiento del organismo garante de los derechos humanos en México. “Siendo el inicio del sexenio, si se da la espalda a todo esto, sería un mensaje muy lamentable”, ha dicho Guerrero.

Piedra Ibarra llegó a la CNDH en medio de señalamientos por su cercanía con Morena, el partido de gobierno. Al inicio de su gestión, hizo frente a la renuncia masiva del Consejo Consultivo del organismo, una especie de contrapeso al titular de turno. Posteriormente recibió críticas por no actuar ni pronunciarse contra medidas puntuales, como la reforma judicial, o por mostrarse a favor de polémicas decisiones, como la militarización del país. Este año, un grupo de trabajadores de la Comisión le denunció por desvío de fondos y negligencia, y antes de anunciar que buscaría la reelección, recibió una evaluación hecha por asociaciones civiles que detectaron “omisiones deliberadas” con el fin de “plegarse al proyecto político” de López Obrador.

“Nos parece lamentable que el mensaje que mande el segundo piso de la Cuarta Transformación a las víctimas sea apostarle a una gestión ineficiente, que ha sido omisa en distintos procesos y reformas en materia de derechos humanos”, ha reclamado Itzel Checa, del Observatorio de designaciones públicas, tras expresar “un profundo rechazo” a la terna elegida. La activista ha calificado lo sucedido como un “ejercicio de simulación” por parte del Senado y “una traición a las víctimas”. El grupo de defensores ha pedido a los senadores que actúen con “decoro y responsabilidad” y rechacen la terna, para poder armar una nueva con los perfiles mejor evaluados.

La Comisión de Justicia eligió, de los 48 aspirantes que cumplieron los requisitos básicos, a los mejores 12 perfiles a través de una evaluación individual. Cada senador entregó una hoja por cada candidato. Los preseleccionados, entre los que se encontraba Piedra Ibarra, pasaron a una siguiente prueba. Allí los senadores eligieron a los cinco mejores perfiles en base a ocho criterios: experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos; autonomía o independencia política; apertura ideológica; integridad pública; que haya atendido de manera adecuada a casos prácticos que se les presentaron; haber dado respuestas que demostraran un razonamiento crítico; garantizar un compromiso de trabajo colaborativo con el Consejo Consultivo y la sociedad civil; y manifestar compromisos con la progresividad de los derechos humanos. Piedra Ibarra salió última en esa prueba, solo recibió un voto.

El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, ha admitido este miércoles que Piedra Ibarra no había sido una de las mejores puntuadas en las evaluaciones. A pesar de eso, se la incluyó en la terna, según dijo, porque “no solamente” se trataba “de conseguir en efecto los perfiles más idóneos y mejor evaluados”, sino que buscaban “tener el mayor consenso político posible”. Una declaración que ha generado polémica, ya que los criterios de selección difundidos en el dictamen de la Comisión no hablaban de ese consenso; además de que su postulación provocó un contundente rechazo por parte de la oposición.

Irregularidades en la primera elección

La asociación civil Defensorxs por una Justicia Digna denunció el pasado 23 de octubre ante la Fiscalía General de la República a Piedra Ibarra por corrupción y falsificación de documentos. Le acusan por incongruencias en su primera elección en 2019. La convocatoria entonces establecía, como uno de los requisitos, que los candidatos no hayan ocupado un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. La actual titular firmó una carta bajo protesta de decir la verdad, en la que aseguró no haberlo hecho. La misiva, adjuntada en la denuncia, tiene fecha del 9 de octubre de aquel año, y contempla otra serie de afirmaciones que también eran requerimientos, como gozar de buena reputación y contar con experiencia en materia de derechos humanos.

La denuncia presenta dos supuestas pruebas que van contra las palabras de la presidenta de la CNDH. Exhiben presuntamente que fue, hasta poco antes de su designación, consejera nacional de Morena. El primer documento es una plantilla del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que acreditan su posición como consejera guinda. El segundo documento un documento que firmó Piedra Ibarra el 20 de julio de este 2019, ostentando ese puesto. “Presentó una queja en contra de Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, ante su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). En el documento, Rosario Piedra argumenta que el Consejo Nacional de Morena, órgano del cual ella forma parte, es la máxima autoridad del partido, por lo que su dirigencia nacional se encuentra obligada a acatar los acuerdos de dicho Consejo”, señala el documento.